Pulso por la detención de los huidos de Tsunami a las puertas de la amnistía

La emisión de órdenes de busca y captura contra los cuatro investigados por los disturbios atribuidos a la plataforma independentista Tsunami Democràtic que no acudieron a su citación de esta semana se ha convertido en motivo de un nuevo tira y afloja entre las acusaciones. Tras la incomparecencia de aquellos que se refugiaron en Suiza, el juez Manuel García Castellón se dirigió a las partes para que informara sobre el siguiente paso a dar. La Fiscalía no comparte la petición de arresto internacional y ahora la acusación particular que ejercen los policías heridos en las acciones de la plataforma se ha posicionado a favor de la detención. El cruce de escritos se produce a unos días de la aprobación definitiva de la ley de amnistía.

La respuesta de Fiscalía y la de los agentes se produce después de que el magistrado interrogase este miércoles a la secretaria de Movimientos Sociales de ERC, Marta Molina, investigada en la causa. Molina fue la única que compareció, a pesar de que también estaban citados el exsecretario de organización de ERC Xavier Vendrell; el periodista Jesús Rodríguez Sellés; el empresario Josep Campmajó; y el dirigente de Òmnium Cultural Oleguer Serra. Marta Rovira se encuentra en situación similar, pero aún no ha sido citada. De momento ha reclamado sin éxito poder declarar desde Suiza.-

En un escrito al que ha tenido acceso El Confidencial, la representación de los policías que ejerce el despacho Fuster Fabra ve en los acusados que no se han presentado una intención de eludir a la Justicia y de ocultar de forma deliberada su actual paradero. También aseguran que los imputados buscan dilatar las diligencias y forzar una nueva citación "que tampoco tendrá efecto". Ganar tiempo para contar con la aprobación de la norma que perdona los delitos vinculados con el procés a la que esperan acogerse.

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La Fiscalía, por su parte, reclama que se fije una nueva fecha para las declaraciones y recuerda que la doctrina del Tribunal Supremo permite celebrar las declaraciones por videoconferencia para asegurar de esta forma la práctica de la diligencia. Apoya así que se les autorice a comparecer de forma telemática desde sus actuales lugares de residencia, en la misma línea de la instructora del TS que se ocupa de la instrucción sobre la vinculación de Carles Puigdemont con esta misma plataforma. La decisión que adopte el juez afectará a la secretaria general de ERC.

En la causa, el magistrado investiga las actividades de la plataforma independentista en los disturbios que se produjeron tras la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba a los líderes del procés separatista catalán en octubre de 2019. Considera que el movimiento conformó una organización criminal que buscaba la desestabilización y atribuye a los imputados delitos de terrorismo.