"Orden, impuestos y productividad": las razones de quienes piden papeles para medio millón de migrantes

En lo que ha sido calificado de "día histórico" por las organizaciones convocantes, el pasado 9 de abril el Congreso de los Diputados, con la única excepción de Vox, dio luz verde a la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de más de 500.000 personas extranjeras que viven en situación irregular en España. Medio millón de personas en un limbo jurídico, aunque nadie sabe la cifra exacta, que se cree que es superior, puesto que esa estimación ha tenido que ser aportada por la Iglesia a través de Cáritas Española, que sí tiene constancia de esa gran cantidad de personas (equivalente a la población de Málaga) porque es a la que atiende en sus programas de acción social repartidos por todo el país "ante la extrema precariedad económica y el no poder acceder a ayudas de vivienda, atención sanitaria o al empleo" de ese enorme colectivo, según señalan desde esta organización eclesial.

Precisamente Cáritas, junto con otras organizaciones eclesiales, como la propia Conferencia Episcopal Española, celebran "el apoyo mayoritario de los grupos políticos" en ese primer paso en la regularización extraordinaria, la sexta desde 1991 y que habría dado papeles a algo más de un millón de personas en estas tres décadas.

"Con el inicio de este nuevo período de debate, reflexión y enmiendas, confiamos en que las futuras negociaciones estén marcadas por la búsqueda de consensos para abordar con responsabilidad una realidad que ha de ser tratada como una cuestión de Estado", señalan estas organizaciones, que se suman a una marea de un total de 900 entidades sociales, 14.000 voluntarios y 700.000 firmantes que han respaldado una iniciativa para regularizar a extranjeros en situación administrativa irregular que residan en España antes del 1 de noviembre de 2021.

"No podíamos aceptar que el Congreso de los Diputados, nuestros representantes, hicieran oídos sordos a una de las iniciativas legislativas con mayor apoyo popular de nuestra democracia", señala a El Confidencial Jorge Serrano Paradinas, coordinador general de la ILP sobre la regularización, quien recuerda que, a 72 horas de la votación, tenía "serias dudas de contar con el voto a favor del PSOE y del PP".

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Europa Press

Tras un intenso trabajo de movilización social y mediática, el resultado final el martes fue de 310 votos a favor y solo 33 en contra. "Posiblemente, haya que remontarse décadas atrás para ver un apoyo parlamentario semejante", apunta el también coordinador del Partido Por Un Mundo Más Justo (M+J) al destacar lo que considera "un hito de la democracia española". "Creo que la sociedad española necesita —y se merece— ver cómo los grupos parlamentarios se arremangan y se ponen a trabajar buscando acuerdos, cediendo, logrando entendimientos, pactos… y todo ello, buscando el bien común".

El escollo de la UE

Aunque esa primera victoria en el Congreso no supone que se gane la partida final —los partidos ya han anunciado enmiendas durante el trámite parlamentario y, en el caso del PSOE, ese voto positivo sobre la campana lo fue tras afirmar que esa regularización extraordinaria no sería admitida como tal por la Unión Europea, un día antes de que el Parlamento comunitario aprobase el más restrictivo Pacto Europeo de Migración y Asilo—, el resultado de esta primera votación demuestra que la democracia participativa es una vía muy potente para alinear al Parlamento con los verdaderos intereses y preocupaciones de nuestra sociedad", defiende el coordinador general de la iniciativa.

Pero, más allá del significado del relativo peso de la incidencia directa de la ciudadanía en la labor parlamentaria —desde 1983 se han presentado 107 ILP, de las que han sido tomadas en consideración 14— Serrano destaca en primer lugar su pertinencia por otra razón: "Para ese medio millón de personas que se pueden beneficiar de la regularización, es importante porque están un poco más cerca de adquirir derechos esenciales que hoy les están vetados". Unos derechos que otros ven con temor, como muestra la cerrada negativa de Vox a apoyarla aduciendo que, de aprobarse, tendrá un "efecto llamada".

"Es comprensible que muchas personas, al escuchar determinados discursos, sientan miedo. Miedo al desconocido y al extranjero. Ese sentimiento no es algo nuevo. Pero es un miedo infundado. La delincuencia tiene que ver con la falta de perspectivas y de oportunidades. No tiene ninguna relación con el país de origen", señala el coordinador de la ILP, quien sostiene que "las personas migrantes no vienen a quitarnos el trabajo", sino que su aportación resultará muy beneficiosa para el conjunto del país. "España necesita cubrir cientos de miles de puestos de trabajo que no están siendo ocupados. Pero, además, debemos tener en cuenta que la mayor parte de las personas que están en situación irregular, ya están trabajando. Esta iniciativa legislativa va a regularizar lo que hoy se hace de manera irregular", subraya.

"Debemos tener en cuenta que la mayor parte de las personas que están en situación irregular, ya están trabajando"

En este sentido, asegura el coordinar de M+J que "estamos hablando de que hay medio millón de personas trabajando hoy que no pueden pagar impuestos, lo que está valorado en 950 millones de euros anuales para la hacienda pública. Según una estimación de la Universidad Carlos III, cada trabajador regularizado aportaría más de 3.000 euros netos anuales a la Seguridad Social de media". Y añade otro factor que, en su opinión, avala esta opción por la regularización de extranjeros: "La aportación a la productividad de España se ve reforzada, dado que se calcula que solo en el sector de la construcción hacen falta 700.000 trabajadores que nuestro país no tiene o no puede cubrir".

Finalmente, aduce Serrano otro elemento que echa por tierra el argumentario de los grupos más reacios a la regularización de estas bolsas de migrantes: "Es una cuestión de orden", afirma rotundo. "Invisibilizar a medio millón de personas, además de ser algo injusto e inmoral, es tremendamente poco práctico, ya que supone que haya 500.000 personas fuera del radar de las instituciones, creando una bolsa de marginalidad tremendamente deshumanizadora, con una gran desafección y que probablemente acabe generando problemas. Si regulamos, si integramos, si damos la bienvenida, si acogemos, construimos una sociedad cohesionada y comprometida, una sociedad más justa, segura y pacífica".

En este sentido, Serrano —y con él su formación política— quiere ir más allá. "No hablamos solo de acoger a las personas migrantes; pedimos que las políticas públicas garanticen la promoción e integración social, el acceso a oportunidades educativas y laborales y el acceso al sistema de salud para todas las personas que viven en España, sin distinción de nacionalidad, ni de ninguna otra clase. Está en nuestra mano gestionar bien esto y seguir demostrando que la migración, si hay un plan, una hoja de ruta, si hay inversión, nos permite crecer y nos enriquece material, humana, espiritual y culturalmente".

Carne de precariedad

Si este inmenso colectivo de irregulares está fuera del radar de las instituciones, no lo está, sin embargo, del de Cáritas. Es esta institución la que ha podido poner cifra a ese agujero negro de marginación y precariedad. Según un reciente informe basado en datos de los programas y recursos con los que acompañaban esa situación en 2022, son en números absolutos 500.000 personas las que están 'fuera del sistema', un 43% más que a lo largo de 2019.

El periodo medio de lo que Cáritas llama ‘acompañamiento’, y que no es otra cosa que atención integral a las necesidades de estas personas, oscila entre 1 y 2 años. Son carne de precariedad. El 28% vive en hogares con todas las personas activas desempleadas y, en el caso de ser las sustentadoras principales del hogar, el 23% tiene un empleo sin contrato legal y sin cotizar a la Seguridad Social. La falta de ingresos estables y suficientes las obliga a vivir en casas con importantes carencias de habitabilidad (el 17% con situaciones de insalubridad) o en hacinamiento grave (el 35%).

El 17% vive en hogares con graves de problemas nutrición, es decir, con alguien que ha pasado hambre en los diez últimos años con frecuencia o la está pasado ahora. Más de la mitad (57%) vive en hogares con problemas económicos que las obliga a renunciar a la compra de medicamentos o tratamientos médicos. Y el 31% de las personas en situación administrativa irregular atendida por Cáritas reconocen haber sufrido un trato discriminatorio por razón de su nacionalidad u origen étnico. Aunque esto, de aprobarse finalmente, ni su regularización asegura que se vaya a acabar.