El PP venga la "persecución" contra Ayuso y centrará en Sánchez el escándalo de las mordidas

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Y llegó el momento de contraatacar. El PP abrirá múltiples frentes para acorralar al Gobierno por el escándalo de corrupción que afecta, por el momento, al exasesor de José Luis Ábalos Koldo García por el presunto cobro de 10 millones de euros en sobornos en la adjudicación de contratos relacionados con la compra de mascarillas en los peores momentos de la pandemia. Los populares buscan resarcirse de la "persecución" contra Isabel Díaz Ayuso por el contrato vinculado con su hermano para comprar material sanitario, cuyo caso fue ya archivado tanto por la Fiscalía española como por la europea tras la denuncia presentada por distintas fuerzas de la izquierda, entre ellas, el PSOE.

Fuentes de Génova apuntan a que agotarán todas las vías para forzar las explicaciones del Gobierno ante un asunto "que huele cada vez peor" y que, a su juicio, podría salpicar a más cargos del Ejecutivo de Sánchez. Más allá de la batería de comparecencias que el PP prevé registrar en las Cortes, y que anunció este mismo miércoles Cuca Gamarra poco después de que El Confidencial adelantase la detención de Koldo García por el caso Delorme, los populares estudian abrir una comisión de investigación en el Senado una vez conozcan el alcance de las pesquisas judiciales. Con la única excepción de Compromís, ni Sumar ni el resto de socios del Ejecutivo se han pronunciado aún sobre el caso.

A diferencia del Congreso, donde el PP está en inferioridad numérica frente al bloque de Sánchez, el principal partido de la oposición sí cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta para activar este trámite y estrechar el cerco contra el Ejecutivo. Fuentes de los populares en el Senado apuntan a que la comisión de investigación es una de las "opciones" encima de la mesa, pero esperarán a la evolución del caso para evitar precipitarse o errar el tiro. El PP opta por la cautela y apunta a la necesidad de reservar esta figura para fiscalizar los casos más polémicos que afecten a Sánchez.

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Los populares ya registraron hace meses una comisión de investigación en la Cámara Alta sobre las "irregularidades" del CIS de Tezanos, pero la iniciativa se encuentra estancada, aún en fase de desarrollo. Las fuentes consultadas apuestan por no abusar de esta herramienta y usarla solo en casos concretos, como podría ser el presente escándalo de corrupción sobre las mascarillas, para lograr un mayor "golpe de efecto". El Senado esperará el visto bueno de Génova antes de activar el trámite.

En el Congreso, el Grupo Popular trabaja también en una batería de iniciativas para desgastar al Ejecutivo, empezando por el registro de múltiples comparecencias: Óscar Puente (actual titular de Transportes), Mónica García (al frente de la cartera de Sanidad), su predecesor en el cargo, Salvador Illa, y el propio Pedro Sánchez.

Los populares no descartan extender las pesquisas parlamentarias al Ministerio del Interior, tras reconocer Fernando Grande-Marlaska en una respuesta parlamentaria en 2020 que el Ministerio de Transportes le había recomendado contratar material sanitario con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, a través de adjudicaciones a dedo por la situación de emergencia sanitaria. La operación Delorme señala también a otras administraciones controladas por el PSOE por las adjudicaciones a la mercantil investigada por la Guardia Civil, como el Gobierno de Baleares durante la etapa de Francina Armengol, hoy presidenta del Congreso, y el Gobierno de Canarias en los años de Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial.

La investigación judicial parte de una denuncia interpuesta por el PP de Madrid en marzo de 2022 por un presunto delito de "prevaricación, tráfico de influencias o malversación" de contratos públicos por parte del Gobierno por adjudicaciones y ayudas a siete empresas por valor de 326 millones de euros. El escrito incluía a Soluciones de Gestión y salpicaba ya a José Luis Ábalos, si bien los populares extendieron el halo de sospechas sobre la entonces vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y el titular de Sanidad, Salvador Illa.

El PP exigió a Sánchez que aclarase si el motivo de la abrupta salida de José Luis Ábalos del Ministerio de Transportes, que se produjo en julio de 2021, tiene que ver con sospechas previas del Ejecutivo sobre los actos delictivos de Koldo García. El jefe del Ejecutivo negó la mayor durante un viaje a Marruecos y afirmó que "por supuesto que no" tenía conocimiento de estos hechos. Aprovechó, además, para señalar de nuevo a Isabel Díaz Ayuso. "Quiero recordar que Feijóo se aupó al frente del PP sobre un caso de corrupción del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no ha sido investigado ni recriminado por parte del presidente del PP", se defendió.

"Todo fue investigado por distintas instancias y se demostró que no había nada", respondió Ayuso en redes sociales, mensaje que culminó con el ya manido "me gusta la fruta", en alusión al polémico "qué hijo de puta" que lanzó la presidenta de la Comunidad de Madrid desde la tribuna de invitados del Congreso durante la investidura de Pedro Sánchez, después de que este aludiese al supuesto caso de "corrupción" de su hermano durante la pandemia.

En el PP se frotan las manos ante la oportunidad de "devolver" al Ejecutivo la campaña contra el PP de Madrid por esta cuestión, esta vez sobre la base de una investigación judicial en la que ya hay una veintena de detenidos. "Esto inutiliza todos los ataques que han vertido durante años contra Ayuso, y ahora se les van a volver en contra", sintetizan en Génova. Los populares focalizarán en los próximos días los ataques en Pedro Sánchez. Este miércoles publicaron en su cuenta oficial de X cómo el secretario general del PSOE elogiaba a Koldo García a 2014, al que se refería como "el último aizkolari socialista".

En la dirección popular exigen además que, si no tienen nada que ocultar, el PSOE expulse a José Luis Ábalos del partido por el escándalo y le fuerce, de paso, a renunciar a su acta de diputado en el Congreso, aunque azuzan a la interna el mensaje del temor a que el exministro de Transportes "tire de la manta" si se le exigen responsabilidades políticas. Es el mismo mensaje que ha defendido Águeda Micó, de Compromís, casi los únicos socios del Ejecutivo que han levantado la voz tras el estallido del caso. "Si esto es así, estaríamos hablando de un caso de corrupción. Y Ábalos no podría seguir ni un día más como representante de los valencianos y valencianas", apuntaron.