El Supremo abre otro frente a Sánchez por las competencias de la Guardia Civil en Navarra

El Tribunal Supremo anuló este lunes el real decreto con el que el Gobierno de Pedro Sánchez traspasó a la Comunidad Foral de Navarra las competencias en materia de tráfico y seguridad vial de la Guardia Civil en 2023. Para un proyecto de esta envergadura, los magistrados sostienen que debería haber reformado la norma básica que regula la comunidad foral desde 1982 o aprobado una nueva ley orgánica. Este pronunciamiento obligará al Gobierno a debatir el traspaso de competencias en el Congreso y el PSOE ya ha comenzado a cerrar filas con partidos como EH Bildu y PNV.

“Todos aquellos partidos que hayan sido partícipes de la asunción de la transferencia de tráfico a Navarra deberán posicionarse y decidir si respetan lo que marcan los derechos históricos”, anunció el PSN de María Chivite la tarde de este lunes. "Los socialistas presentarán una declaración institucional en el Parlamento para defender la transferencia de tráfico como un derecho histórico de Navarra".

En plena negociación por la ley de amnistía con Junts per Catalunya, el PSOE se ha encontrado con una nueva sentencia del Supremo que vuelve a sacudir a sus socios y ha decidido mover ficha de inmediato. "La sentencia del Tribunal Supremo es gravísima y evidencia el desequilibrio en la relación bilateral entre Navarra y el Estado", advirtieron desde el PNV. EH Bildu tampoco se quedó atrás y, con las elecciones vascas a la vuelta de la esquina, aseguró que "pone en evidencia la necesidad de actualizar nuestro autogobierno".

No está "amparada en su derecho histórico"

El problema para el PSOE y estos partidos se centra en que el Supremo ha rechazado de forma expresa su principal argumento para justificar este traspaso a favor de la Policía Foral: "No cabe emplear un real decreto de traspaso para atribuir una competencia no reconocida a Navarra (...) ni amparada en su derecho histórico". Los magistrados también dejan claro que un proyecto de estas características siempre ha de discutirse en el Congreso de los Diputados y no solo en el Consejo de Ministros o con un gobierno autonómico: "Podrá asumirlas pero, o bien reformando la Lorafna [de 1982], o bien mediante una [nueva] ley orgánica".

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El artículo 71 de la Lorafna establece que cualquier propuesta de reforma "será sometida a la aprobación del Parlamento de Navarra y de las Cortes Generales", mientras que el artículo 150.2 de la Constitución recoge la segunda vía a la que apunta el Supremo: "El Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal". En cualquiera de los dos casos, el traspaso de competencias a Navarra pasa por Madrid y exige una mayoría absoluta en el Congreso.

El Supremo avisa a su vez de que, sea cual sea la vía escogida, el Gobierno tendrá que dejar atrás el argumento de que "el traspaso no afecta a la Guardia Civil". Los servicios jurídicos de Navarra trataron de defender esta idea apuntando a que los guardias civiles siempre pueden "cambiar de funciones", "seguir desempeñándolas en otros destinos" o buscar su "integración" en la Policía Foral, pero los magistrados consideran que este razonamiento carece de lógica: "Es obvio que cualquiera de esas alternativas incide, al menos, en los intereses profesionales de los guardias civiles".

Más de cinco años de promesas

Descartada la vía del real decreto y los principales argumentos a los que se agarraban los socialistas, Sánchez buscará otra forma para sacar adelante un traspaso al que se comprometió hace más de cinco años. En octubre de 2018, apenas cuatro meses después de la moción de censura contra Mariano Rajoy, pactó con la entonces presidenta de Geroa Bai, Uxue Barkos, acometerlo “de forma definitiva” y, desde entonces, se ha convertido en un asunto recurrente en sus negociaciones con nacionalistas e independentistas.

Tras más de cuatro años de espera, el proyecto se materializó en noviembre 2022, cuando, en plenas negociaciones para aprobar los presupuestos generales del Estado, el Gobierno acordó con EH Bildu que esta transferencia se llevaría a cabo antes del 31 de marzo del año siguiente. El 4 de abril de 2023, apenas cuatro días después de superar esta fecha límite, el Gobierno aprobó el real decreto que acaba de anularse.

La propia Chivite celebró esta transferencia como un "gran día para Navarra" y apuntó para ello a que "la dictadura franquista arrebató esta competencia hace más de seis décadas" a la comunidad foral. Según defendió en un acto oficial, la Lorafna y el Tribunal Constitucional amparaban este traspaso. El Supremo ha dejado claro que ninguno de estos argumentos se sostiene, pero el PSOE volverá a la carga con el apoyo de sus socios: "Los socialistas refuerzan el firme compromiso de los gobiernos de Pedro Sánchez y María Chivite por ampliar y fortalecer el autogobierno de Navarra".