Un grupo de intelectuales reclama al PSOE y al PSC que no cedan con la amnistía

Una alerta contra las consecuencias de la posible amnistía y una petición al PSOE y el PSC para que la rechacen. Con esas dos ideas se puede resumir el posicionamiento público de un grupo de intelectuales y académicos agrupados en torno al Círculo Cívico de Opinión. Las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez tienen a esta medida de gracia como clave de bóveda para atar los votos de los independentistas catalanes. Pero, de aprobarse una ley orgánica de estas características, alertan desde este think tank, estaría en riesgo la "continuidad" del Estado de derecho. Y por esta razón, entre otras, reclaman a los dos partidos socialistas que no concedan a Junts y ERC su exigencia.

Según estos intelectuales, una hipotética amnistía tendría unos efectos políticos "de muy largo alcance en el Estado de derecho con consecuencias imprevisibles sobre su estabilidad". Lo relevante de este escrito es que rehúye el debate jurídico sobre el encaje de la amnistía en la Carta Magna aprobada en 1978, que es donde el PSOE pone el foco en su intento por evitar el desgaste que le puede provocar. Entre las consecuencias destacan una "lesión irreparable" al Tribunal Constitucional, se posicione a favor o en contra de la medida, pero también una "transformación de los hechos que fueron sancionados".

El documento, que se aprobó el pasado lunes en el seno de este think tank, critica que una posible amnistía revoque sentencias de "los más altos órganos jurisdiccionales", en referencia al Tribunal Supremo. Pero también "desautoriza" al Gobierno que aplicó el artículo 155 como medida de "coerción constitucional". Alude así a las decisiones que tomó el Ejecutivo de Mariano Rajoy en aquel otoño de 2017 y que tuvo el apoyo del PSOE de Pedro Sánchez para activar este artículo en el Senado. Y también señala a las resoluciones del Constitucional sobre los distintos hitos del proceso soberanista de Cataluña. "Se desaira al jefe del Estado, que se pronunció sobre aquellos episodios en su discurso del 3 de octubre de 2017", reza el escrito al respecto de la actuación del rey Felipe VI.

"Se invierte, en definitiva, la posición del Estado que pasa de ser el garante de la democracia a infractor de los derechos y libertades constitucionales, quedando así deslegitimado", zanja el posicionamiento del Círculo Cívico de Opinión. En su rechazo a la amnistía, la entidad recuerda que este tipo de medidas solo tienen sentido para "facilitar transiciones de regímenes totalitarios" o "clausurar sin consecuencias jurídicas punitivas conflictos insurreccionales de carácter anticolonial o episodios bélicos". En el primer grupo, estos estudiosos enmarcan la ley de Amnistía de 1977, con la que se comparan algunos de los defensores de la medida de gracia que se pretende aplicar ahora.

"El Estado pasa de ser el garante de la democracia a infractor de los derechos y libertades constitucionales", alertan

La tesis del think tank es que la reacción del Estado al procés está "amparada por la legítima legalidad constitucional" y además cuenta con "todas las garantías procesales y procedimentales para los derechos de las personas concernidas". Conceder la amnistía, por lo tanto, infringe "principios constitucionales esenciales tales como el de la igualdad, el de la seguridad jurídica y el de la separación de poderes", expone el escrito, que también alerta contra la intención de los partidos independentistas de seguir adelante en su "propósito secesionista". Fue lo que dijo, explican, el propio Pere Aragonès en su intervención en el Senado el pasado 19 de octubre.

Lo más llamativo del documento es la apelación directa al PSOE y al PSC como dos formaciones distintas. Y recuerdan los expertos que ninguno de los dos partidos llevaban la amnistía en los programas electorales con los que se presentaron a las elecciones del pasado 23 de julio. Inciden además en los posicionamientos previos del propio Pedro Sánchez y ministros de sus gobiernos en contra de la medida de gracia. Señalan, en este punto, el informe sobre los indultos a los líderes del procés que elaboró Juan Carlos Campo como ministro de Justicia, con un rechazo expreso de la amnistía. "Debe entenderse, en fin, que la amnistía no resulta políticamente compatible, y es incoherente, con los indultos ya concedidos y con la despenalización del delito de sedición", sentencia el documento del Círculo Cívico de Opinión.

Estudiosos de distintas áreas

El grupo de expertos cuenta con estudiosos de muy distintas materias, entre los que destacan Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo y director de la Real Academia Española (RAE) o José Luis García Delgado, catedrático de Economía Aplicada. También hay sociólogos como Fernando Vallespín, Julio Iglesias de Ussel o Juan José Toharia; políticos como Javier Rupérez, Yolanda Barcina o Trinidad Jiménez; o periodistas como Fernando González Urbaneja y José Antonio Zarzalejos. Del organismo también forman parte los historiadores Jordi Canal y Juan Francisco Fuentes; el presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Benigno Pendás; el catedrático de Derecho Constitucional, Francesc de Carreras, y la catedrática de Derecho Internacional, Araceli Mangas.

Del ámbito de las ciencias destacan el arquitecto Luis Fernández Galiano y el ingeniero Juan Mulet, pero hay que tener en cuenta que este think tank cuenta también con el apoyo de algunas de las mayores empresas del país, como Repsol, El Corte Inglés, Telefónica y entidades como el banco Santander o la Fundación La Caixa, de donde procede el notario Juan José Lopez Burniol, que ejerce como vicepresidente. De la sociedad civil procede Elisa de la Nuez, abogada del Estado y presidenta de Hay Derecho, mientras que también destaca la presencia de Franciso José Gan Pampols, teniente general en la reserva de reciente incorporación al grupo.