Cancelados 10 vuelos y 266 retrasos en la quinta jornada de huelga en Ryanair

La quinta jornada de huelga de los tripulantes de cabina de pasajeros convocada en Ryanair por los sindicatos USO y Sitcpla para este lunes ha provocado la cancelación de diez vuelos y 266 retrasos, con mayor incidencia en el aeropuerto de Barcelona-El Prat.

Según ha informado USO a última hora de esta tarde, cuatro de los diez vuelos suspendidos tenían salida en el aeropuerto de Barcelona y otros cuatro llegaban a la Ciudad Condal, mientras que en Palma de Mallorca se han suspendido dos vuelos de salida y otros dos en llegadas.

Ha habido también suspensiones de salidas en Hamburgo (Alemania), Londres, Milán y Roma, estas tres últimas con destino Barcelona.

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Los retrasos han afectado en mayor medida a Barcelona (70 vuelos de salida o llegada demorados), Palma de Mallorca (65 retrasados), Málaga (25), Alicante (23), Madrid (22) e Ibiza (21).

En Sevilla han salido o llegado con retraso 13 vuelos, mientras que en Girona, Santiago de Compostela y Valencia se han registrado 9 retrasos, respectivamente.

Durante este verano, sumando los seis días de paros que se convocaron entre finales de junio y principios de julio y la convocatoria actual, se han registrado un total de 285 cancelaciones de vuelos y retrasos en otros 2.384 de Ryanair en toda España, según los sindicatos.

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Así, más de 50.000 pasajeros se han visto afectados por la huelga, motivada por un conflicto laboral que de momento ha provocado ocho despidos y más de 70 trabajadores expedientados.

Los dos sindicatos mantienen los paros los días 19, 20, 21, 25, 26, 27 y 28 de julio en los once aeropuertos españoles donde opera Ryanair (Madrid, Málaga, Sevilla, Santander, Alicante, Valencia, Barcelona, Gerona, Santiago de Compostela, Ibiza y Palma de Mallorca).

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Tanto USO como Sitcpla consideran "imprescindible" la intervención del Gobierno para resolver el conflicto y obligar a Ryanair "a cumplir con la ley".

Sin embargo, lamentan la "indiferencia" tanto del Ministerio de Trabajo y Economía Social como del de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, lo que ha obligado a los sindicatos a solicitar amparo al Defensor del Pueblo.