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Fiscalía pide cerrar la causa contra altos cargos de Sánchez por los contratos de la pandemia
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310 millones en material sanitario

Fiscalía pide cerrar la causa contra altos cargos de Sánchez por los contratos de la pandemia

Dice que “fueron practicados con pleno cumplimiento de la normativa administrativa” y acusa a VOX de basar su querella en “conjeturas”

Foto: Pedro Sánchez y Salvador Illa en una imagen de archivo. (EFE/Marta Pérez)
Pedro Sánchez y Salvador Illa en una imagen de archivo. (EFE/Marta Pérez)

La Fiscalía ha pedido al Juzgado de Instrucción Número 26 de Madrid que archive la causa contra tres altos cargos de los ministerios de Sanidad y Hacienda por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude, supuestamente cometidos en el proceso de adjudicación de los contratos de emergencia tramitados por la Administración central en el primer estado de alarma. En un escrito, el Ministerio Público dice que la querella presentada en su día por VOX no concreta de forma “suficiente” los indicios “mínimos” para llevar a cabo una investigación. A su juicio, se sustenta en “meras conjeturas y sospechas” sin que pueda apreciarse la concurrencia de suficientes elementos de delito.

Las diligencias se abrieron hace un año, pero no habían trascendido hasta que en abril las desveló El Confidencial. Las pesquisas tienen su origen en una querella presentada por Vox en mayo de 2020 y se centran en más de medio centenar de licitaciones concedidas entre el 13 de marzo y el 30 de abril de 2020, con 310 millones de euros solo en mascarillas, batas y guantes. La querella, a la que tuvo acceso este periódico, sostiene que el Real Decreto 7/2020, por el que se adoptaron medidas urgentes para responder al impacto económico del covid, sirvió de cobertura para celebrar una serie de contratos que, según la tesis del partido de Santiago Abascal, no se ajustaron a la legalidad.

La querella iba dirigida contra tres personas: el director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, la directora general de Racionalización y Centralización de la Contratación y la directora general de Cartera Común del servicio de Sistema Nacional de Salud y Farmacia. La formación política aludía, además, a que una docena de adjudicaciones se hicieron a empresas de “dudosa” existencia puesto que solo se conocía una denominación social.

La Fiscalía explica que los indicios aportados por los querellantes sobre la posible irregularidad en la contratación administrativa se sustentan en “meras conjeturas” relativas a las dudas que les genera el procedimiento utilizado y las entidades adjudicatarias, “pero sin concretar qué tipos de incumplimientos en materia de contratación administrativa incurrió la entidad pública en dichas contrataciones”.

"Hubo que adaptar la forma de contratar"

Esa falta de concreción, según la Fiscalía, no justifica la petición de investigar unos hechos por razón de su importancia y notoriedad “por poder tener carácter prospectivo, existiendo otros procedimientos para su fiscalización genérica”. Sobre los contratos de INGESA, el Ministerio Público destaca que existió un hecho “notorio” e “incuestionable” como fue la pandemia “y que hubo que adaptar la forma de contratar a dicho acontecimiento”. Por ello, se remite a un informe del Tribunal de Cuentas realizado con todos contratos celebrados por INGESA entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, incluidos los que son objeto de la querella, y concluye que dicho informe “no puede llevar a otra conclusión que la de que los contratos fiscalizados fueron practicados con pleno cumplimiento de la normativa administrativa”.

La Fiscalía se apoya en la documentación aportada por la Abogacía del Estado que remitió a la causa los expedientes administrativos y apreció también la existencia de fiscalización suficiente sobre la forma de contratación y la exigencia de cumplimiento de las obligaciones contraídas por el adjudicatario. El escrito del Ministerio Público aborda la participación de los tres querellados en los hechos denunciados. Califica de “relevante” la declaración que en sede judicial hizo el director de INGESA quien, si bien admitió que era la persona responsable respecto a los contratos celebrados por su departamento, recordó que todos ellos fueron objeto de fiscalización previa y posterior por parte Tribunal de Cuentas, “donde en consonancia con lo manifestado por el investigado, se cumplieron los presupuestos administrativos para la celebración de los contratos en todas sus fases”.

En cuanto a las directoras generales de Racionalización y Centralización de la Contratación y de Cartera Común del servicio de Sistema Nacional de Salud y Farmacia, recuerda que la primera de ellas asumió el cargo de órgano de contratación respecto del INGESA durante cinco días “sosteniendo el cumplimiento y adecuación a la ley de la contratación cuya responsabilidad le fue encomendada, en consonancia con el informe de Tribunal de Cuentas aportado en la causa”. Respecto a la segunda “nada se ha podido acreditar, ya que la misma carecía de competencias a los efectos de poder participar en los contratos denunciados, extremo que impide cualquier tipo de exigencia de responsabilidad penal”.

La Fiscalía ha pedido al Juzgado de Instrucción Número 26 de Madrid que archive la causa contra tres altos cargos de los ministerios de Sanidad y Hacienda por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude, supuestamente cometidos en el proceso de adjudicación de los contratos de emergencia tramitados por la Administración central en el primer estado de alarma. En un escrito, el Ministerio Público dice que la querella presentada en su día por VOX no concreta de forma “suficiente” los indicios “mínimos” para llevar a cabo una investigación. A su juicio, se sustenta en “meras conjeturas y sospechas” sin que pueda apreciarse la concurrencia de suficientes elementos de delito.

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