Felipe VI 'suplanta' al Papa: el monarca elegirá pronto al arzobispo del Ejército español

En pocas semanas, muy probablemente después del verano, el rey Felipe VI recibirá, desde la Santa Sede, un listado con el nombre de tres prelados. El monarca deberá elegir uno de ellos y presentarlo al Papa, para que este lo nombre como nuevo arzobispo castrense. Será el último paso en el largo proceso para designar al responsable de la atención religiosa católica en el Ejército, y el único arzobispo al que lo elige el Rey.

Servirá, además, para comprobar qué sector del ejecutivo acaba imponiendo su criterio en las relaciones Iglesia-Estado. Por una parte, la posición más radical de Unidad-Podemos, que apuesta por dinamitar los acuerdos con la Santa Sede y que el Rey renuncie a este privilegio, que considera anacrónico. Por otra, la moderada socialista, que se acoge a la obligatoriedad de cumplir unos acuerdos internacionales mientras propone su revisión “en diálogo con la Iglesia, buscando el consenso”, según define la ponencia marco del próximo congreso del PSOE. Y en medio la Corona. El monarca emérito hizo uso en cuatro ocasiones de esta gracia. Ahora le toca a Felipe VI elegir.

La inesperada muerte, víctima de covid-19, del anterior arzobispo castrense, monseñor Juan del Río, a finales del pasado enero, activó el largo proceso para la elección de su sucesor. Al contrario del resto de obispos españoles, cuyo nombramiento es competencia exclusiva de la Santa Sede, la responsabilidad en la elección de este prelado castrense recae, en última estancia, en el Rey. Un vestigio del derecho de presentación de obispos que los monarcas españoles gozaron desde la época de los Reyes Católicos y que Franco reclamó, y recuperó, para el Jefe del Estado a través del Concordato de 1953.

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Europa Press

Y, aunque en enero de 1976, Juan Carlos I renunciaba de forma unilateral a esta prerrogativa para intervenir desde el Estado en el nombramiento de los obispos -en lo que sería el primer paso para desmantelar el Concordato y sustituirlo por los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979, los mismos que ahora quiere revisar el PSOE-, se reservaba el derecho de participar activamente en la elección del arzobispo castrense. La especial vinculación del monarca con las Fuerzas Armadas, y el hecho de que el castrense es también el capellán de la Casa de su Majestad el Rey, están detrás del mantenimiento de esta prerrogativa por la Corona.

Aún hoy, el procedimiento seguido es el que marca aquel acuerdo de 1976 para la “provisión del Vicariato General Castrense”, que se hace “mediante la propuesta de una terna de nombres, formada de común acuerdo entre la Nunciatura Apostólica y el Ministerio de Asuntos Exteriores y sometida a la aprobación de la Santa Sede”. “El Rey presentará, en el término de quince días, uno de ellos para su nombramiento por el Romano Pontífice”, concluye el punto tercero del primer artículo. Juan Carlos I hizo uso de este privilegio en cuatro ocasiones, la última en 2008. Además, de una forma muy activa, al ignorar el primer nombre de la lista -la terna que llega al rey suele estar ordenada por el orden de preferencia de la Santa Sede- e imponer su criterio al Papa.

Ocurrió en 2003, cuando para sustituir la jubilación de monseñor Estepa, obvió el primer nombre, un candidato promocionado desde la secretaría de Estado vaticana, pero al que acechaban ciertos rumores que llegaron hasta el monarca. Aquel candidato acabó de obispo en una pequeña diócesis española, pero años más tarde fue jubilado antes de tiempo por problemas que nunca se hicieron públicos, la Casa del Rey demostró tener mejor información que la propia Santa Sede. De igual forma, en 2008, el monarca también prefirió a Juan del Río por delante del candidato promocionado por el Vaticano.

Pero precisamente esa intervención activa del monarca en la elección de un obispo, y la negociación previa del Ministerio de Asuntos Exteriores con la Nunciatura para la elaboración de la lista, no es bien vista por una parte del Gobierno, que considera que está muy lejos de la “laicidad del Estado y su neutralidad frente a las confesiones religiosas” que recoge el acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas-Podemos. Algunos miembros del Ejecutivo, encabezados por los representantes de Unidas-Podemos llegaron a plantear hace unos meses que no se nombrara un nuevo castrense e, incluso, que el Rey renunciara a nombrar al candidato. De la polémica se hizo eco Vox, que en abril argumentaba que el “Ejecutivo de Sánchez se ha llegado a plantear la posibilidad de que tras el fallecimiento del arzobispo castrense, Juan del Río, no se nombre a un nuevo titular”, para registrar dos preguntas en el Parlamento en las que indicaba si “¿tiene previsto el Gobierno el nombramiento de un nuevo arzobispo castrense tras el fallecimiento de su titular, Juan Del Río?” y “en caso contrario, ¿podría indicar el Gobierno los motivos por los cuales incumplirían este Acuerdo con la Santa Sede?

La única estrategia posible es la de intentar dilatar los plazos del nombramiento

Sin embargo, otro sector del Ejecutivo argumentaba que el Rey no se puede negar a elegir el nombre del candidato, porque eso supondría incumplir un acuerdo internacional, con las consecuencias que ello implica. La propia ministra de Defensa, Margarita Robles, que mantuvo una estrecha amistad con el fallecido castrense, defendió en todo momento el cumplimiento de lo establecido en 1976. En esas circunstancias, la única estrategia posible para quienes se oponen al papel del Estado en la elección de este arzobispo, es la de intentar dilatar los plazos al máximo para que el nombramiento tarde en producirse. Los recientes cambios al frente de Asuntos Exteriores, encargado de negociar la terna con la nunciatura, podría haber supuesto un nuevo retraso si el actual ministro reclamaba retomar de nuevo el diálogo ya iniciado. Sin embargo, El Confidencial ha podido conocer, de fuentes diplomáticas, que “el proceso transcurre con total normalidad sin verse afectado por los cambios”, al frente del ministerio, por lo que, negociada ya la terna, la propuesta final debería estar ya en la mesa de trabajo del Pontífice.

Se impondría así, el criterio del sector más dialogante del Gobierno, coincidente, en este caso, con el de la propia Conferencia Episcopal. Queda abierta cómo podría quedar reformulada la asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas si finalmente, como marca la ponencia marco del PSOE, se “denuncia” el actual estatus y se negocian unos “nuevos acuerdos con el Vaticano propios de nuestro tiempo, en el marco de los valores y principios de la democracia constitucional y desde el respeto mutuo y adecuada distinción entre el Estado y la Iglesia, beneficiosa para ambos”. Mientras tanto, Felipe VI seguirá teniendo la responsabilidad de decir al Papa el nombre del nuevo castrense, el arzobispo que elige el Rey.