La Fiscalía activa el recurso ante el TS contra el tercer grado de los presos del 'procés'

La Fiscalía Provincial de Barcelona ya ha dado el primer paso para que el Tribunal Supremo suspenda de forma inmediata el tercer grado de los líderes del 'procés'. En un recurso interpuesto ante la sala segunda, carga contra la decisión del juzgado de vigilancia penitenciaria número 1 de mantener por ahora el régimen de semilibertad de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a la exconsejera, Dolors Bassa, y pide al alto tribunal que aplique el "efecto suspensivo" de su semilibertad mientras se estudia el fondo de la cuestión. El pasado 24 de febrero, el juez de vigilancia penitenciaria 5 de Cataluña también rechazó suspender por el momento el tercer grado del resto de condenados por el 'procés', entre ellos el propio Oriol Junqueras, por lo que la Fiscalía inicia así el camino para devolver a todos ellos a su anterior régimen penitenciario.

En julio, después de que la Generalitat concediera el tercer grado a los líderes del 'procés', el Supremo ya subrayó el efecto suspensivo del recurso en apelación de la Fiscalía, pues se pone en duda una resolución que afecta a la "clasificación de penados" y a la "concesión de la libertad condicional", con lo que puede suponer "la excarcelación del interno". En lo que se refiere al órgano que debe estudiar el caso, dejaba claro que la responsabilidad recae sobre los magistrados que firmaron la sentencia del 'procés': "Los recursos de apelación contra las resoluciones que a él se refieran, al tratarse de una materia atinente —reiteramos— a la ejecución de la pena, deben ser examinados por el órgano sentenciador”. A la vista de este precedente, todo apunta a que el alto tribunal atenderá la solicitud del Ministerio Público.

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En el escrito que ahora se traslada a la sala segunda del Supremo, la Fiscalía apunta para ello el apartado cinco de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que afecta a aquellos condenados por un delito grave castigado con penas de más de cinco años de prisión: "Cuando la resolución objeto del recurso de apelación se refiera a materia de clasificación de penados o concesión de la libertad condicional y pueda dar lugar a la excarcelación del interno, siempre y cuando se trate de condenados por delitos graves, el recurso tendrá efecto suspensivo que impedirá la puesta en libertad del condenado hasta la resolución del recurso o, en su caso, hasta que la Audiencia Provincial o la Audiencia Nacional se haya pronunciado sobre la suspensión", sostiene la misma. En este caso, la petición recae sobre el Supremo al ser el tribunal sentenciador.

De vigilancia penitenciaria al Supremo

Horas después de las elecciones catalanas del pasado 14 de febrero, la Fiscalía de Barcelona recurrió el nuevo tercer grado concedido a los presos del 'procés' ante los jueces de vigilancia penitenciaria. El Ministerio Público ya reclamaba entonces el efecto suspensivo de la decisión adoptada por la Generalitat, pero su petición cayó en saco roto: tanto el juez del que dependen Bassa y Forcadell como del que dependen los siete hombres condenados rechazaron esta suspensión inmediata y decidieron mantener el régimen de semilibertad para todos ellos mientras se estudian sus alegaciones. "Tal suspensión puede afectar a una restricción de derechos al poder dar lugar al inmediato reingreso penitenciario", argumentó el primero de ellos, apuntando a que el efecto suspensivo solo se puede aplicar ante resoluciones judiciales, no administrativas.

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Lejos de dar por bueno este razonamiento, la Fiscalía carga contra el mismo en el recurso remitido al Supremo: "La Disposición Adicional 5ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece, en su apartado 5, el carácter suspensivo del recurso de apelación en materia de clasificación cuando se trate de condenados por delitos graves y dé lugar a excarcelación, esto es, que se trate de clasificación en tercer grado, como sucede en el presente caso", explica. "Si bien de la literalidad del precepto parece inferirse que el efecto suspensivo sólo se produce cuando lo recurrido es una resolución judicial, lo que realmente sucede, es que cuando la DA 5ª de la LOPJ se refiere al recurso de apelación realmente está denominando así también al recurso que se interpone contra la resolución administrativa de clasificación".

Para reforzar esta idea, el Ministerio Público hace referencia a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional: "Sustituye el término apelación, por alzada, al ser un recurso contra una resolución administrativa que resuelve el Juez de Vigilancia Penitenciaria, criterio que mantiene en otras sentencias", asegura, tratando de dejar así en segundo plano el concepto de "recurso de apelación" que recoge el apartado cinco de la Ley Orgánica del Poder Judicial. "Además si el fin del efecto suspensivo del recurso del Ministerio Fiscal, es evitar, cuanto antes, que presos condenados a penas graves queden excarcelados, por el evidente riesgo de fuga (...), carecería de toda lógica que dicho efecto suspensivo se pospusiera al recurso de apelación propiamente dicho y no se refiriera al recurso de “apelación” que inicialmente se interpone", argumenta.