La propuesta de UP que levanta las sospechas de juristas sobre la censura en redes

"¿Se propone el Gobierno censurar a la oposición?". Esta fue la pregunta realizada por el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, durante la sesión de control al Gobierno de este miércoles. La misma hacía referencia a una proposición no de ley presentada por Unidas Podemos que ha sido aprobada en la Comisión de Interior de la Cámara y que versa sobre la eliminación de mensajes de odio en redes sociales. La iniciativa —rechazada por PP y los de Abascal— ha levantado reticencias no solo en la oposición, sino también entre jueces y expertos en derecho y libertad de expresión.

El texto presentado pide al Gobierno que tome medidas para agilizar que las plataformas digitales supriman el contenido que incite al odio o a la violencia. El documento ha activado las alarmas en la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), cuya portavoz, María Jesús Barco, explica en conversación con este medio que, pese a ser una propuesta escueta, de su contenido se deduce que "más que tratar de evitar que haya delitos de odio por las redes sociales, parece que lo que se trata de evitar es que haya opiniones diferentes a las que en cada momento queremos que haya". La jueza cuestiona que la proposición abogue por dejar en manos de las plataformas digitales decidir qué es un delito de odio: "Para eso estamos los jueces. (...) No debe dejarse dirigir la opinión de un país en manos de lo que quieran las empresas tecnológicas".

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J. Bocanegra

Pero ¿qué dice la propuesta? El documento urge a Moncloa a cumplir con cuatro puntos: 1. Que se garantice que los usuarios de "empresas TIC" tengan información sobre cómo denunciar contenidos que inciten al odio; 2. Simplificar los mecanismos para realizar este tipo de denuncias y que se cree una única herramienta para los usuarios en todo el territorio español; 3. Reducir el tiempo de procesamiento de estas denuncias, de forma que los "operadores de las empresas TIC" tendrían 24 horas para eliminar estos contenidos —una hora en caso de que afecten a menores—, y 4. Aumentar la cooperación entre los operadores y las autoridades fiscales y policiales incluyendo la obligación de que guarden temporalmente el contenido denunciado y de que lo pongan a disposición de la autoridad judicial para que se investigue.

"¿Quién va a dar las directrices a estas empresas sobre lo que es delito? ¿Con fundamento en qué? ¿Quién lo delimita? ¿La ideología del partido del momento?", se pregunta la portavoz de la APM, que cree que es una materia "en la que hay que ser muy, muy cuidadosos", porque "se trata de constreñir un derecho fundamental".

En la argumentación del texto, los morados explican que "el contexto del covid-19 ha generado una reciente polarización en la opinión pública" y que se "señala a determinados individuos o a grupos específicos como los causantes y responsables de la tragedia colectiva". "El dolor colectivo de todo un país se ha estado instrumentalizando con fines ideológicos, poniendo en riesgo la seguridad física y la integridad moral de quienes han sido objetivo de este tipo de linchamiento digital", reza el texto, en el que se citan dos regulaciones recientes en este sentido en Alemania y Francia.

No se precisa cómo se garantizará, no se define qué es eso del odio, no establece consecuencias del incumplimiento...

Sabela Serrano, profesora de Derecho en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, considera que el texto presentado por Unidas Podemos es "impreciso y demagógico". "No se precisa cómo se garantizará, no se define qué es eso del odio, no establece consecuencias del incumplimiento...", comenta la experta, a la que le sorprende que se utilice la excusa de la pandemia para poner el tema sobre la mesa. Ella recuerda que "todo lo que implica limitar la libertad de expresión debe hacerse vía ley orgánica y debe intervenir el poder judicial para evitar abusos de poder".

Desde Juezas y Jueces para la Democracia, su portavoz, Ascensión Martín, ve la propuesta como "muy razonable" por fomentar "la pacificación en redes sociales", aunque enfatizan que no deja de ser una proposición no de ley y que habrá que ver en qué se materializa. "[Estos mensajes] tienen que borrarse cuanto antes por el perjuicio psicológico que pueden generar a determinadas personas o incluso a una empresa si afecta a su mala imagen", reflexiona la jueza, que apunta también a los peligros de la desinformación en redes sociales. "Confiamos en que el poder legislativo, que son los que lo estudiarán en las cortes, arbitre los mecanismos legales".

Las indefiniciones del documento presentado por UP son uno de los elementos que destaca María Garrote de Marcos, profesora de Derecho Constitucional y experta en derechos fundamentales. "Mezcla esa mala definición del discurso del odio con las redes sociales. Nos encontremos con dos dificultades enormes, porque las plataformas, como se debate ahora en EEUU, no pueden ser responsables de lo que circula en redes. Pueden controlar contenido cuando sea delictivo: pederastia, terrorismo... Pero el tema del discurso del odio es tan vidrioso y resbaladizo que es superpeligroso hacerlo", explica la jurista, que apunta a que es más probable que se avance hacia mecanismos de autorregulación en este sentido, como ya se está haciendo en temas de desinformación.

"Es una propuesta que no es rigurosa, ni en el concepto del discurso de odio ni en las posibilidades de regular esos espacios en los que los ciudadanos ejercen su libertad de expresión. Pero, además, creo que es una suerte de vía para imponer una especie de censura, porque no se sabe muy bien quién va a determinar cuándo es odio", asevera Garrote, que pone el foco en quienes vieran suprimido un mensaje suyo y tengan derecho a protestar por ello.

Regulación europea

Desde la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), avisan de que la iniciativa podría ser inconstitucional y que abre la puerta a la "censura, sin las garantías necesarias, de los contenidos en internet". Desde la asociación, que apoya la despenalización de las injurias a la Corona, hacen referencia en un comunicado emitido este miércoles a dos ejemplos utilizados por UP, las normas germana y francesa. Recuerdan que con la primera "existen grandes dudas de su constitucionalidad", mientras que la segunda fue tumbada en gran parte por su Tribunal Constitucional.

La plataforma recuerda en esta línea que el Parlamento Europeo se pronunció la semana pasada en este sentido, abogando por que "la decisión final sobre si un contenido es ilegal o no tiene que recaer sobre jueces independientes y no sobre actores privados". Asimismo, la PDLI llama a esperar al contenido de la Ley de Servicios Digitales (DSA), que espera aprobar pronto la Comisión Europea. "Lo más sensato es esperar a que por parte de la UE se defina un marco general a través de la DSA", concluye Joan Barata, jurista experto en libertad de expresión y miembro de la organización.

El asunto llegó al hemiciclo del Congreso por medio de Espinosa de los Monteros, que se refirió a la proposición —rechazada por PP y Vox— durante su interpelación a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, este miércoles. "Cualquier oposición a este Gobierno es un discurso de odio. Y por eso este lunes han aprobado en el Parlamento una norma para poder intervenir redes sociales y censurar cualquier expresión de oposición a este Gobierno con la excusa del delito de odio", aseguró durante su intervención el diputado de la formación de Abascal. La socialista le replicó que no tenía "ningún dato objetivo de ninguna pretensión" por parte del Ejecutivo de "censurar a ningún grupo de esta Cámara". El dirigente de Vox hablaba de una "norma", aunque lo cierto es que se trata de una proposición no de ley con la que se pretende "instar" al Gobierno a que actúe en esa línea.