Casado traslada al Gobierno que apoyará la alarma si no dura más de ocho semanas

El líder del PP, Pablo Casado, confirmó que su partido solo apoyará el estado de alarma si no supera las ocho semanas. Es decir, rechaza por completo una prórroga de seis meses como sugirió el presidente del Gobierno este domingo. La segunda condición pasa por una reforma legislativa de la ley orgánica de 1986, que permitiría dotar a las administraciones de instrumentos ágiles (incluidas restricciones de movilidad que afectan a los derechos fundamentales) sin tener que recurrir a la excepcionalidad constitucional. En todo caso, los populares mantienen interlocución directa con el Ejecutivo desde ayer por la tarde y la negociación está en marcha.

En realidad, el PP considera que debería ser de un mes (el periodo máximo por el que se ha prorrogado directamente un estado de alarma en España y, en concreto, durante la crisis de los controladores aéreos). Según dijo, la propuesta de dos meses es “generosa” precisamente “para intentar llegar a un acuerdo”. En el marco jurídico, explicó Casado, permitiría “un encaje al decir que al tratarse de una crisis tan grave se duplica el tiempo que la jurisprudencia marca hasta ahora”.

En cuanto al aspecto sanitario, el líder del PP considera que se podría estabilizar la curva de contagios hasta diciembre y, además, sería posible limitar la movilidad en los tres grandes puentes por delante (el de todos los santos el próximo fin de semana, el de la Almudena en Madrid y el de la Constitución en diciembre). Y, por último, en el marco económico, el dirigente populares reconoció como objetivo prioritario también “salvar la campaña navideña”. También añadió que un estado de alarma de dos meses permitiría dar “cierta tranquilidad” a los ciudadanos, sobre todo a los mayores, “que ven con mucha preocupación, e incluso depresión, no poder tener movilidad o recibir a sus familiares de aquí al 9 de mayo”.

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La segunda condición que el PP pone encima de la mesa para apoyar el estado de alarma, más allá de que no exceda las ocho semanas, pasa por acometer “de una vez” en plan B jurídico al que tanto Carmen Calvo como el propio presidente del Gobierno se comprometieron. Sánchez habló de “un nuevo marco para pandemias” en el debate de la sexta prórroga del estado de alarma, que evitaría echar mano de la excepcionalidad constitucional.

La propuesta del PP sería una modificación urgente de la ley orgánica de 1986 (en verano lo registraron en las Cortes vía proposición de ley) y que permitiría, entre otras cosas, limitar la libre circulación de los ciudadanos. Está previsto que ese debate llegue al Congreso la próxima semana, lo que permitirá testar si el Gobierno está dispuesto a aceptarlo. Casado aseguró que podría estar lista para mediados de diciembre.

Pedro Sánchez y el líder del PP hablaron este domingo por la mañana y sus respectivos equipos siguieron en contacto a lo largo de la tarde. Los populares insistieron en reservarse su postura que ya este lunes ha desvelado su máximo dirigente. Casado, que en primera instancia dejó claro que el nuevo estado de alarma “es la constatación” de un “gran fracaso” después de que el Gobierno diera al virus por vencido el pasado verano, instando a todos los ciudadanos a marcharse de vacaciones y delegando toda la responsabilidad en las comunidades autónomas, recordó que la responsabilidad en la gestión de las pandemias “la tiene el Gobierno de la Nación”. Y, por eso, reprochó a Sánchez “parapetarse” en las autonomías para que haya 17 mandos sanitarios.

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Como publicó este diario, era muy difícil que los populares respaldaran una nueva alarma con la duración de seis meses. Casado reiteró que se trata “por definición de una excepcionalidad constitucional” para argumentar que en ningún caso puede tener un uso tan prolongado en el tiempo. De hecho, el líder popular señaló que la propia ley de 1981 que regula los estados de alarma, excepción y sitio habla de que se podrá utilizar esa situación excepcional para cuestiones graves relativas a la salud, mientras advierte que en el medio plazo conviene desarrollar la normativa de enfermedades infecciosas.

Y, en todo caso, señaló Casado, siempre debe estar sujeto al control parlamentario y, en ningún caso, puede sustituirse ese control al presidente del Gobierno con comparecencias del ministro de Sanidad. El líder del PP también reconoció dudas constitucionales en parte del contenido del decreto. En concreto, lo relativo a la separación de poderes teniendo en cuenta que desaparece el control jurisdiccional en los actos de la limitación de derechos fundamentales, que además llevarán a cabo las comunidades autónomas.

Es cierto que el decreto de estado de alarma aprobado ayer en Consejo de Ministros extraordinario habilita a los presidentes autonómicos a restringir la movilidad de los ciudadanos en sus territorios (lo que afecta a los derechos fundamentales) sin tener que pasar por el control judicial. Casado añadió también que la decisión de un estado de alarma tan prolongado “contraviene” las recomendaciones de la Comisión Europea, que siempre ha pedido a los estados miembros utilizar la excepcionalidad lo menos posible, apoyándose de la legislación ordinaria.