Los vecinos, clave para encarcelar a ocupas: Interior habilita una app para mandar fotos

Los vecinos serán a partir de ahora elementos clave para evitar las ocupaciones. El Ministerio del Interior habilitará en los próximos días una pestaña dentro de la aplicación policial Alertcops que permitirá a los ciudadanos denunciar estos delitos en el momento mismo en el que se estén produciendo e incluir incluso hasta fotografías hechas por ellos mismos del momento en el que se está produciendo la infracción. Esta labor será muy importante para las fuerzas de seguridad, que podrán detener a los ocupas, dado que tendrán entonces pruebas suficientes para demostrar que se ha producido una ocupación flagrante, requisito que exige la ley para llevar a cabo un desalojo inmediato.

Así lo han explicado fuentes del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska, que ha aprobado un protocolo de actuación policial para dotar de seguridad jurídica a las fuerzas de seguridad en paralelo a la puesta en marcha de la mencionada pestaña. El documento habla expresamente de la posibilidad de que policías y guardias actúen civiles cuando se produzca un ilícito "flagrante", algo que solo pueden hacer cuando pillen 'in fraganti' a los allanadores de la morada, extremo que de este modo podrán demostrar no solo cuando los funcionarios estén en la zona en el momento de la entrada de los ocupas, sino también cuando haya elementos que permitan probar esa misma entrada.

El concepto flagrante ha podido no estar claro para los funcionarios de las fuerzas de seguridad del estado. Según explican desde el Ministerio, el Tribunal Supremo exige tres supuestos para que haya un delito flagrante: inmediatez en la acción, inmediatez personal -que haya pruebas de la presencia del delincuente- y una necesidad urgente de intervención policial. Desde Interior añaden que gracias a esta aplicación podrán darse con más claridad estos tres supuestos. El Ministerio asegura que el número de denuncias sobre este asunto que ha habido en España entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020 se ha incrementado un 5%.

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"Si no es posible detectar la usurpación en el momento en el que se comete, no es posible desalojar el inmueble salvo con previa autorización judicial", aclaran desde Interior, que expresan que con las mencionadas pruebas fotográficas el juez tendrá más posibilidades de expulsar a los ocupas. El citado protocolo incluye también la obligación por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil de realizar una labor de prevención también reforzada por medios tecnológicos. En concreto, el Ministerio pretende que los funcionarios de las fuerzas de seguridad "mapeen" las zonas donde se producen más ocupaciones con el fin de reforzar la vigilancia y evitar que haya más ilícitos relacionados con este delito.

El protocolo creado por el Ministerio trata, en concreto, de "homogeneizar" las formas de actuación de los policías y los guardias civiles con el fin de que éstos recojan en los atestados los datos fundamentales que faciliten la labor de los jueces y fiscales con el fin de que éstos puedan tomar las resoluciones de forma más ágil. El documento recuerda también en cualquier caso que, cuando el inmueble ocupado sirve como morada a los que ahora viven en él de forma ilegal, la cuestión sigue igual que hasta ahora, con todas las complejidades legales para ejecutar el desalojo.

El protocolo ha sido aprobado después de que los sindicatos de policía reclamaran abiertamente la necesidad de que los funcionarios tuvieran un elemento al que agarrarse cuando se afrontan a este tipo delictivo. El Sindicato Unificado de Policía (SUP), de hecho, pidió recientemente un plan operativo que diera seguridad jurídica a las fuerzas de seguridad. "Los hechos conocidos de ocupación ilegal han pasado de 10.367 en 2015 a 14.621 en 2019 y en el primer semestre de 2020 ya se han contabilizado 7.540", argumentaron desde el mencionado sindicato. "La tendencia al alza es manifiesta y nuestro cuerpo está gestionando esta problemática en muchas plantillas sin la orientación que ahora sí disponen los miembros del Ministerio Fiscal", arguyó ayer el SUP..