La Púnica se cerrará a distintas velocidades: el juez estudiará cada pieza

La Púnica llevará distintas velocidades. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha aclarado en un auto que la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), en el que se fijan los plazos de investigación de las causas penales, es aplicable a la macrocausa y ordena que se haga un "estudio pormenorizado de cada una de las piezas en que se divide este procedimiento". Cada una acabará así en momento distintos.

En su auto indica que las distintas piezas del procedimiento, un total de once, fueron abriéndose en fechas distintas. "Existe una división real y formal de este procedimiento en piezas distintas, en cada una de las cuales se conocen hechos aparentemente delictivos, y cuya sustentación avanza separadamente, como se pone de manifiesto al constatar que una de ellas ya ha sido juzgada, la pieza uno, y otras dos se encuentran en fase intermedia", recuerda.

Por ello considera que la nueva redacción del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal le permite una cierta holgura. Reconoce, sin embargo, que alargar el procedimiento muchos más meses se antoja "excesivo". Por ello, acuerda proceder a un estudio pormenorizado de cada una de las piezas, para "agilizar la tramitación" e ir adoptando las resoluciones que correspondan en cada caso.

La causa acumula más de 200 investigados y más de una decena piezas separadas. El tronco de las pesquisas se centró inicialmente en el exconsejero madrileño Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, pero a cada paso que se daba en la investigación, nuevas ramas afloraban en el caso Púnica: la de la financiación ilegal del PP madrileño que presidía Esperanza Aguirre y en la que está involucrado su sucesor en la presidencia de Madrid, Ignacio González; la pieza sobre la trama en León, en la que está procesado el expresidente de la Diputación Marcos Martínez; la que pone el foco en Murcia, que hizo caer al expresidente de la comunidad Pedro Antonio Sánchez; la que se refiere a la empresa de eficiencia energética Cofely, filial de la compañía energética francesa GDF Suez...

De las piezas de Púnica, sin embargo, ya se puede descontar la que versaba sobre el chivatazo de un guardia civil a Granados: el Tribunal Supremo confirmó la condena de dos años de cárcel al exconsejero por aprovechamiento de secreto revelado por funcionario público, sentencia que se basa en una filtración en el marco de la operación Púnica que perjudicó la investigación policial y generó un beneficio económico para el exconsejero de la Comunidad de Madrid. El alto tribunal ratificó además los dos años de prisión para el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino por el delito de violación de secreto agravado, así como la pena un año y seis meses al agente en excedencia de este cuerpo José Luis Caro Vinagre, que entonces ejercía como asesor de la Comunidad de Madrid, por el mismo delito que Granados.

Con solo una pieza resuelta, la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de fijar en inicio el 6 de junio de 2020 como fecha límite para la instrucción suponía poner en marcha una cuenta atrás para sacar adelante las otras. La pandemia paralizó las cosas y la posterior reforma permite alargar la investigación La Fiscalía Anticorrupción y el magistrado tendrán ahora que determinar los cierres de cada uno de los asuntos, en función del momento de apertura y de la marcha de la instrucción.