dos años de cárcel para el exconsejero

El Supremo confirma la condena a Granados y 2 guardias civiles por la filtración de Púnica

El 5 de septiembre de 2014, durante las fiestas de Valdemoro, el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino alertó a Granados de que la UCO estaba siguiendo los pasos de Marjaliza

Foto: El exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados (c). (EFE)
El exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados (c). (EFE)

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de dos años de cárcel a Francisco Granados por aprovechamiento de secreto revelado por funcionario público, sentencia que se basa en una filtración en el marco de la operación Púnica que perjudicó a la investigación policial y generó un beneficio económico para el exconsejero de la Comunidad de Madrid. El alto tribunal confirma además los dos años de prisión para el guardia civil José Manuel Rodriguez Talamino por el delito de violación de secreto agravado, así como la pena un año y seis meses al agente en excedencia de este cuerpo Jose Luis Caro Vinagre, que entonces ejercía como asesor de la Comunidad de Madrid, por el mismo delito que Granados.

La Audiencia Nacional condenó a los tres por una filtración que se remonta a septiembre de 2014, cuando en el marco de la operación Púnica el agente José Manuel Rodríguez Talamino recibió la orden de colocar en la localidad madrileña de Pinto una cámara oculta frente a las oficinas de otro de los investigados, David Marjaliza. El 5 de septiembre, durante las fiestas de Valdemoro, el agente alertó entonces a Granados de que la UCO estaba siguiendo los pasos de Marjaliza en la sede de Éboli, donde se encontraba su despacho. Tan solo 24 horas después, el exconsejero de la Comunidad de Madrid advirió a Marjaliza de que le estaban investigando, tras lo que el propio Caro Vinagre buscó a Talamino para intentar sacarle más información.

En la sentencia, el Supremo descarta que se haya violado la presunción de inocencia de los condenados y argumenta que la filtración de la investigación derivó de modo inmediato en que tanto Granados como Marjaliza adoptaran nuevas medidas para cubrirse las espaldas. El fallo sostiene en este sentido que el aviso del guardia civil llevó a que la UCO no pudiera “verificar mediante grabación u observación directa la identidad de las personas que acudían a las oficinas de Marjaliza, donde se suponía que se pagaban comisiones a personas que, ocupando cargos municipales, favorecían sus intereses”. La revelación, añade el tribunal, “no sólo determinó la retirada de las cámaras, suprimiendo la posibilidad de grabación, sino la misma observación policial, pues, lógicamente, esos encuentros, en caso de que fueran a producirse como sospechaban los investigadores, habrían sido suspendidos o trasladados a otro lugar”.

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