Torra insiste y pide apartar a cuatro de los cinco jueces que decidirán su inhabilitación

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha presentado un nuevo escrito dirigido al Tribunal Supremo en el que insiste en solicitar la recusación de cuatro de los cinco magistrados que integran el tribunal que debe decidir en septiembre sobre su condena a inhabilitación por exhibir simbología de apoyo a los políticos catalanes presos en edificios públicos contra las órdenes de la Junta Electoral Central.

El president ha presentado un recurso de súplica contra el rechazo de su recusación de los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Vicente Magro Servet. La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha fijado para el próximo 17 de septiembre la vista del recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya del pasado 19 de diciembre que le condenó por un delito de desobediencia cometido por autoridad o funcionario público a un año y seis meses de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electos, ya sean de ámbito local, autonómico, estatal o europeo.

La revisión por parte de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de la sentencia que dictó su inhabilitación por incumplir órdenes de la Junta Electoral Central para que retirara lazos amarillos de edificios públicos se retrasó después de que el ponente de la futura sentencia, el magistrado Miguel Colmenero, presentara un escrito solicitando su abstención al haber sido designado miembro de la Junta Electoral Central. En caso de que se confirme la resolución del TSJ, la inhabilitación será firme y el 'president' se verá obligado a abandonar su cargo.

En este nuevo recurso Torra considera irregular la designación de los magistrados para integrar la Sala y también la inadmisión de su recusación que -dice- se resuelve por parte de los propios recusados. Considera que la decisión vulnera su derecho a juez imparcial. "En este caso, conviene poner de manifiesto, en primer lugar, que, pese a que la Sala trata de vestir formalmente su decisión como de inadmisión, nos hallamos ante una verdadera decisión sobre el fondo de la recusación planteada", indica.

Recuerda también cuales son sus motivos para recusar a los cuatro magistrados. En el caso de Martínez Arrieta, indica que inadmitió una querella interpuesta por él sobre la base de la pretendida legalidad de los actos de la Junta Electoral Central que han dado lugar a la sentencia condenatoria. En cuando a los otros magistrados, señala, su participación en el tribunal del procés que condenó por sedición y malversación a los políticos catalanes o en decisiones vinculadas con ellos.

En este punto señala que dos de los magistrados de aquel tribunal -Luciano Varela y Ana Ferrer- se absutvierom de cualquier participación en la adopción de los Acuerdos de la Junta Electoral Central en marzo de 2019 por su condición de jueces del procés. En su opinión, todos los jueces que deben decidir sobre su inhabilitación con excepción de Susana Polo se hallan "en idénticas circunstancias" que los dos primeros.

"No existe la necesaria apariencia de imparcialidad objetiva en unos magistrados cuya actuación en la causa especial fue, precisamente, el objeto de la denuncia política efectuada, en ejercicio de su legítimo derecho a la libertad de expresión, por Quim Torra, siendo la denuncia de esa actuación de los magistrados recusados en la causa especial la razón por la que se ha pretendido privar de sus derechos políticos al M. H. Sr. Quim Torra i Pla, que es la cuestión que habrá de ser revisada por la Sala en este proceso", destaca.

El recurso indica, además, que -en caso de rechazarse la súplica- debería plantearse una cuestión prejudicial sobre el derecho a un tribunal imparcial y la seguridad jurídica. "El hecho es que el magistrado que preside el tribunal que conoce del recurso de casación penal en que se ha de revisar la legalidad de determinados requerimientos emitidos por una autoridad de un Estado miembro, incluida la competencia para dictarlos se ha pronunciado previamente en otra resolución judicial confirmando la legalidad de dichos requerimientos", destaca.