Manuel Gómez: "El PSOE urdió una trama para echarme el muerto de los ERE"
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Entrevista al exinterventor de la Junta

Manuel Gómez: "El PSOE urdió una trama para echarme el muerto de los ERE"

“En España se quiere meter en la cárcel al adversario político”, asegura tras ser absuelto de los seis años de cárcel que le solicitaba la Justicia

placeholder Foto: El interventor de la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2004, Manuel Gómez. (EP)
El interventor de la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2004, Manuel Gómez. (EP)

En ocasiones, lo que se hereda es el destino, como si la vida quisiera golpear dos veces en el mismo clavo. Eso es lo que pensaron en la familia de Manuel Gómez, ex interventor general de la Junta de Andalucía, cuando se enteraron de que un juez le pedía seis años de cárcel y el resto de su vida de inhabilitación profesional por el escándalo de los ERE. Lo mismo que le había ocurrido a su padre, dijeron los hermanos al instante con una mueca evidente de angustia: su padre murió de un infarto en cuanto pasó el calvario al que lo sometieron en la Diputación de Córdoba por no plegarse, como funcionario que era, a los chanchullos de los gobernantes. “A nuestro padre no lo arrinconaron por su ideología, sino porque a unos políticos recién llegados e irresponsables les resultaba molesto que un funcionario profesional cumpliera con su obligación y les entorpeciera sus tejemanejes con sus informes.

"Es una historia muy vieja, que no atiende a ideologías ni a épocas históricas determinadas. Andando el tiempo, parece que me ha tocado sucederle. Hasta el momento, con mejor suerte", escribió Manuel Gómez, en la Navidad de 2012, en una carta dirigida a sus hermanos y a su madre. Ocho años después, Manuel Gómez Martínez (Córdoba, 1959) ha sido absuelto de todos los cargos, pero le ha quedado una secuela de rencor que lo acompañará toda su vida. O eso piensa él. Por eso ha escrito, y ha autoeditado, un libro contra todo y contra todos. Para que nunca se le olviden los '8 años, 8 meses y 8 días' (Editorial Spanish Edition) que estuvo procesado por haber sido el interventor general de la Junta de Andalucía en los años de la corrupción y el fraude de los ERE. Admite que le queda un poso de rencor que le acompañará siempre y que tantos ataques lo han convertido en un misántropo, aunque el objetivo de su denuncia es otro: “No es catarsis, quiero contar el calvario judicial en el que me he visto envuelto y que le puede ocurrir a cualquiera”.

La instrucción penal en España es un auténtico desastre que destroza vida, honras y haciendas sin posibilidad alguna de defensa

PREGUNTA. No sé si será catarsis, pero, desde luego, su libro sí que es un ataque generalizado: descalifica a la jueza instructora, a jueces y fiscales, a policía y guardia civil, a los funcionarios de la Intervención General del Estado, al Gobierno andaluz del PSOE, a la oposición del PP, a los medios de comunicación…

RESPUESTA. En distintos grados, sí, pero es verdad que me he sentido dañado por todos los agentes que usted menciona y que han participado en el proceso judicial. Imagínese un torbellino enorme, de campañas de prensa, de estrategias políticas, de decisiones judiciales y fiscales en las que nadie se para a distinguir.

P. ¿Y no le parece que, al arremeter contra todos, igual lo que se deduce es que el equivocado es usted?

R. Bueno, ahí está la sentencia, que es categórica en lo que a mí se refiere: he sido absuelto porque no tenía nada que ver con aquello. Y lo que más me duele es que a mí me han absuelto por la lectura e interpretación de documentos que estaban en la causa desde antes incluso de que me hubieran imputado por dos delitos de prevaricación y malversación. Desde el primer momento he estado diciendo, "por favor, léanse esto, léanselo, que está muy claro", y nada. Han tenido que pasar ocho años, porque ningún juez, ningún fiscal de la causa, se había dignado a contrastar aquello que tenían delante. ¡Ocho años! ¿Cómo es posible que todo esto no conlleve alguna responsabilidad, por lo menos moral, de quienes han actuado de esa forma, jueces, fiscales, peritos, guardias civiles…? Mire, la instrucción penal en España, tal y como yo la he vivido, es un auténtico desastre que destroza vidas, honras y haciendas sin posibilidad alguna de defensa. Ni tampoco reparación: la losa de haber estado incriminado en los ERE no me la voy a quitar jamás de encima y el padecimiento, que nadie recompensa, se vendrá conmigo a la tumba.

placeholder Manuel Gómez, ex interventor general de la Junta de Andalucía. (Cedida)
Manuel Gómez, ex interventor general de la Junta de Andalucía. (Cedida)

P. Los principales ataques de su libro son contra la jueza Mercedes Alaya, a la que usted llama despectivamente ‘la jueza campeadora’. ¿Por qué?

R. Mercedes Alaya es el epítome de todos los excesos y todos los defectos de la instrucción penal que denuncio. Al juez Baltasar Garzón lo llamaban el ‘juez campeador’ y yo lo he utilizado ahora para la jueza Alaya porque hay bastante paralelismo entre uno y otra. Los dos están un paso más allá de lo que llamamos ’jueces estrella’, por la ceguera que demuestran, por su afán de protagonismo, por la forma de actuar. Tan disparatado es todo que, al final, para colmo, cuando Mercedes Alaya deja la causa en el juzgado número 6, la ascienden a la Sala de la Audiencia Provincial en la que tienen que resolverse los recursos que se plantean contra la pieza que ella ha instruido. Aunque ella se abstuviera en el fallo sobre los recursos, forma parte del órgano que tiene que supervisar su trabajo. Es algo insólito.

P. No es usted el único procesado que se ha quejado de la forma 'inquisitorial' de instruir de Mercedes Alaya, pero de lo que no se la puede acusar es de haberse inventado el fraude de los ERE. De hecho, usted mismo ha dicho repetidamente que había alertado de lo que estaba ocurriendo y no le prestaron atención. ¿Por qué no le reconoce también eso, la valentía de Alaya de enfrentarse a una apisonadora, como era el PSOE en Andalucía?

R. A ver, después de lo que he pasado, no me puedo ver, ni sentir, en el mismo lado que esa señora en ninguna circunstancia. No, no puedo, no puedo… Es más, yo no le reconozco ningún mérito a esa jueza porque, en realidad, si se fija en su instrucción, verá que no hizo absolutamente nada, salvo montar un circo. Desde mi punto de vista, ni sus decisiones entrañaron valor alguno, porque el riesgo personal o profesional que corrió fue mínimo o inexistente, ni dichas actuaciones estuvieron movidas por el pundonor o la profesionalidad, sino por el afán de notoriedad y una pulsión enfermiza contra el PSOE y la Junta de Andalucía. De modo que, en mi opinión, el haber está en blanco. Pero es que luego está el debe, y aquí la cuenta es inacabable: decisiones de imputación y de imposición de medidas cautelares arbitrarias, un trato al imputado cuasi medieval, retraso malicioso en la elevación de diligencias contra aforados al tribunal competente, construcción de sumarios inmanejables e incomprensibles. Por eso y otras muchas razones, es imposible que pueda encontrar similitud alguna entre la labor de esa jueza y la mía como interventor general. Alaya montó un circo tras otro, los ERE, los cursos de formación, los avales de la Agencia IDEA, y luego se larga, dejándolo todo hecho unos zorros… ¿Y qué ha salido de todo eso? Nada, mucho ruido y pocas nueces.

No veo ningún mérito en la jueza Alaya porque no hizo nada, salvo montar un circo. Solo afán de notoriedad y una pulsión contra el PSOE

P. No lo dirá usted por el caso de los ERE, que es en lo que estamos: la sentencia de la Audiencia de Sevilla, que lo absolvió a usted, fue durísima contra los gobernantes, empezando por Chaves y Griñán.

R. Ya veremos qué pasa en el Tribunal Supremo, porque si desmonta la causa criminal de la llamada ‘pieza política’, el futuro del resto del proceso, todos los juicios que están aún pendientes de resolver, es muy negro y se puede desmoronar. A ver si me explico: como interventor general, es verdad que yo había denunciado en el interior de la Junta de Andalucía la falta de controles en la concesión de las ayudas sociolaborales y que esa irregularidad podía facilitar que se produjeran fraudes, como acabó ocurriendo. Pero eso es una cosa y otra muy distinta es la monstruosa sinécdoque que monta la jueza Alaya: afirmar que ese fraude se cometía porque existía un plan diseñado en el que participaban desde el presidente de la Junta de Andalucía hasta el interventor general. Un proceso penal exige demostrar la intencionalidad, el dolo, y todo eso está cogido con pinzas en los ERE. Fíjese en un detalle: en el Tribunal de Cuentas, donde se ventilan las malversaciones de tipo culposo, han estado procesados por este caso tres personas, tres directores generales, y en la jurisdicción penal, la jueza Alaya ha querido meter en la cárcel a más de 50 personas. La supuesta valentía de la jueza Alaya, ¿qué coste ha tenido? En mi caso, por ejemplo, el calvario que he pasado…

P. La tesis de la jueza Alaya se vio también avalada por profesionales, por técnicos, como los de la Intervención General de la Administración del Estado. ¿También ellos participaron del ‘circo político’, como usted lo llama?

R. Cuando arranca la instrucción de los ERE, en enero de 2011, la jueza Alaya decide pedir una serie de informes a la Intervención de la Junta de Andalucía que se incorporan a la causa. Curiosamente, un año y pico después, en 2012, ‘misteriosamente’, la señora Alaya siente la necesidad de pedir una pericial al Ministerio de Hacienda y a la Intervención General del Estado. ¿Por qué tarda Alaya más de un año en pedirlo? Qué casualidad que se decidiera a pedir cosas al Gobierno de España después de las elecciones en las que ganó el Partido Popular. En fin, respondiendo a su pregunta, a mí me cuesta mucho trabajo creer que el ministro de Hacienda y el interventor general, que son dos cargos políticos, no estuvieran al tanto de los informes periciales que se emitían.

P. Imagínese que la jueza Alaya no llega a imputarlo a usted en la causa. ¿Pensaría lo mismo, que es un proceso desproporcionado y que los dirigentes políticos no tienen responsabilidad en el escándalo de los ERE?

R. Es un ejercicio difícil, porque he vivido la penitencia y es probable que eso condicione mi opinión sobre la causa. Hay algo que no cambia, el desastre de la instrucción penal, este 'totum revolutum'. En el caso de los ERE, hay responsabilidades penales, naturalmente, pero están, a mi juicio, ceñidas a las tres o cuatro personas que tenían la facultad de disponer del dinero público. Las irregularidades que existen es algo que nadie discute, pero esa no es la cuestión. La principal debilidad que tiene la teoría incriminatoria del caso de los ERE es la intencionalidad política, es decir, la creación de un sistema a fin de poder defraudar. Eso no está demostrado en la causa. Comprendo que es difícil de demostrar, pero es que no hay pruebas.

placeholder Manuel Gómez, ex interventor general de la Junta de Andalucía. (Cedida)
Manuel Gómez, ex interventor general de la Junta de Andalucía. (Cedida)

P. Bueno, a ver, imagino que lo que usted sí comparte, porque lo advirtió en su día, es que el Gobierno andaluz ideó un sistema opaco para poder conceder, a su antojo, ayudas millonarias. ¿Es así?

R. Sí, sí, pero el paso relevante desde el punto de vista penal es determinar y poder probar que ese sistema se creó para poder defraudar. La Junta de Andalucía diseña un sistema de concesión de ayudas con controles muy debilitados y sin límite presupuestario, eso es verdad. Lo dije y lo repito. ¿Por qué se crea? Dicen que se diseña para poder operar con una mayor agilidad ante los problemas sociolaborales, que, como también he repetido, es una excusa absolutamente inadmisible. Nosotros, en la Intervención General, no fiscalizábamos las ayudas, por la opacidad de ese sistema, y por eso advertí que podía dar lugar a fraudes. Con posterioridad, se ha podido comprobar que eso fue lo que ocurrió, pero eso ya se resolverá en los distintos procesos abiertos por cada una de las ayudas. Lo que está claro es que, si una Administración quiere conceder ayudas a empresas en crisis, tiene que dictar una norma para que todo el mundo sepa a qué atenerse.

P. Narra usted en el libro una anécdota que, a mi juicio, lo dice todo. El entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, dijo en su presencia, al hablar de algunas empresas y trabajadores que lo estaban pasando muy mal, que no habían tenido la suerte de ser tocados “por la varita mágica de la Junta”. ¿De verdad que no ve usted un interés político en ese sistema de ayudas de los ERE?

R. En efecto, y es muy expresivo de lo que ocurría. En un programa de ayudas, es necesaria una línea reguladora para que el sistema no se desmande… Caer en la arbitrariedad es un riesgo cierto y aquí es lo que habrá ocurrido.

P. Permítame que me sorprenda por lo comedido que es usted cuando analiza el despropósito de los ERE, en comparación con los términos que utiliza con la jueza Alaya.

R. Usted sabe, porque debo decir que ha sido de los pocos periodistas a quienes se lo he oído decir y escribir, que con los ERE no se han robado más de 800 millones de euros, o 2.000 millones, como han dicho algunos, y eso es un disparate, una barbaridad, que se sigue repitiendo. A mí me parece que es suficientemente explícito decir que durante 10 años se han concedido ayudas sin control por valor de 850 millones de euros. Pero de esas subvenciones se han beneficiado alrededor de 6.000 trabajadores, de un millón de parados en Andalucía. Lo que me niego a aceptar es que todos esos trabajadores sean militantes del PSOE, ni siquiera 1.000 personas de las que se han beneficiado de los ERE. Es naíf decir que ese era el sistema clientelar del PSOE en Andalucía, porque ‘comprar’ a 6.000 personas a lo largo de 10 años, pues entenderá que es insignificante en una comunidad con ocho millones y medio de habitantes. Los ERE ha sido una pifia, pero no condicionan los resultados electorales del PSOE en Andalucía.

No se han robado más de 800 millones de euros, o 2.000 millones, eso es un disparate, una barbaridad

P. La ‘varita mágica’ lo que expresa muy bien es los vicios de una forma de gobernar en Andalucía, cuando un partido se siente hegemónico. Había quien tenía acceso a la ‘varita mágica’ del PSOE, en todos los campos, y quien sabía que nunca podría acceder a esas ayudas.

R. Es difícil separar los planos, porque es evidente que existe una responsabilidad política en el fiasco de los ERE. Yo hablo de responsabilidades penales, porque las responsabilidades políticas ya se han resuelto. Son cosas totalmente diferentes, por mucho que haya una gestión política desastrosa. Aquí, no sé si será un vicio nacional, se quiere meter en la cárcel enseguida al adversario político y yo siento que esa es la razón por la que yo he padecido; he sido arrastrado por esa corriente.

P. ¿Y no siente que usted ha padecido porque intentaron echarle el muerto aquellos que lo nombraron interventor general de la Junta de Andalucía, desde Manuel Chaves y José Antonio Griñán hacia abajo?

R. De eso estoy convencido al cien por cien. La estrategia de defensa que organizaron en la cúpula política de la Junta de Andalucía y del PSOE, desde el principio del escándalo, fue utilizarme como ‘cabeza de turco’, y eso puso las bases de mi incriminación penal. Eso es así, evidentemente. De hecho, a pesar de que estoy absuelto, siguen haciéndolo en los recursos de casación que han dirigido al Tribunal Supremo. Se puede usted imaginar la decepción que me produjo todo eso… Fue enorme, enorme… Cuando detecté un movimiento de correos electrónicos entre ellos y me di cuenta de que estaban urdiendo una estrategia para echarme a mí el muerto, el desgarro personal fue grande. Llegaron incluso a rebuscar y a sacar documentos de la Consejería de Hacienda para pasárselos a sus abogados y que estos, a su vez, se los hicieran llegar a la jueza Alaya para que los tomara como pruebas de mi incriminación. Eso llegué a denunciárselo en una carta a María Jesús Montero, cuando era consejera de Hacienda. En el libro cuento con detalle toda esa trama…

La estrategia de la Junta de Andalucía y del PSOE fue utilizarme como ‘cabeza de turco’, y eso puso las bases de mi incriminación penal

P. Han pasado los años, usted ya está absuelto y fuera de la causa, ¿sigue pensando, como interventor general, que hizo todo lo que tenía que hacer para intentar parar el escándalo de los ERE?

R. Hice todo lo que tenía que hacer e incluso más. Sin duda ninguna. Cumplí con todas mis obligaciones legales y, además, lo acompañé de algunas acciones complementarias a las que no estaba obligado, como pedir expedientes a la Dirección General de Trabajo, que luego, paradójicamente, me han traído problemas porque han querido interpretarlo como un supuesto conocimiento del fraude por mi parte, que no es verdad.

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