mientras los jueces de Estrasburgo lo avalan

Los tribunales impiden a los Ayuntamientos firmar mociones de boicot a Israel

Un diputado autonómico de Cs logra que PSOE y nacionalistas de izquierda de Baleares condenen al BDS que apuesta por boicotear y sancionar al Estado hebreo mientras ocupe Cisjordania

Foto: Imagen de Eduardo Castro en Pixabay.
Imagen de Eduardo Castro en Pixabay.

Los adversarios del antisemitismo y defensores de Israel han cosechado una serie de victorias jurídicas y políticas en España durante esta primavera, alguna con repercusión internacional, como la proposición no de ley, aprobada por el Parlament de Baleares, en la que se condena “cualquier forma de antisemitismo”, incluido el que supuestamente promueve el movimiento que preconiza el Boicot, la Desinversión y las Sanciones (BDS) al Estado hebreo.

La asociación proisraelí Acción y Comunicación sobre Oriente Próximo (ACOM) ha conseguido además, en paralelo, en junio, que los tribunales españoles de lo contencioso administrativo anulen acuerdos de los plenos de los ayuntamientos de Vinalesa (Valencia) y Molins de Rei (Barcelona) adhiriéndose a los principios del movimiento BDS.

Todos estos éxitos de los proisraelíes coinciden, sin embargo, con una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) del 11 de junio en la que revoca la condena de varios activistas franceses del BDS porque violó su libertad de expresión. Los jueces de Estrasburgo condenaron por unanimidad al Estado francés a abonar a los 11 militantes pro palestinos 101.180 euros por daños y perjuicios.

La campaña del BDS surgió en 2005 y a ella se han sumado unas 170 asociaciones pro palestinas de todo el mundo que abogan por presionar a Israel, boicoteando sus productos, sus empresas y también a sus artistas, deportistas, profesores etcétera, para que cumpla sus obligaciones internacionales y ponga fin a la ocupación de Cisjordania.

Maxo Benalal Bendrihem, diputado de Ciudadanos por Ibiza en el Parlament de Baleares y abogado de origen judío, presentó una proposición no de ley en la que se condena el antisemitismo y, más concretamente, al BDS. Exhorta además al Govern de las Islas a no ceder locales ni otorgar subvenciones a instituciones u organizaciones que se expresen en términos antisemitas como lo hacen, según él, las que integran el movimiento BDS.

La proposición fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Asuntos Sociales y Derechos Humanos con los votos de los socialistas y de Més per Mallorca, que es prácticamente la rama de Esquerra Republicana de Catalunya en la isla. En otros lugares ERC ha apoyado al BDS. “Para mí fue una sorpresa porque además ambas formaciones hicieron aportaciones a mi propuesta”, afirma Benalal al teléfono. Podemos, en cambio, no respaldó los dos puntos en los que se menciona al BDS. El PSIB-PSOE, Podemos y Més per Mallorca integran la coalición que gobierna el archipiélago balear.

Cartel de la CUP preconizando el boicot a Israel.
Cartel de la CUP preconizando el boicot a Israel.

La iniciativa de Benalal está inspirada en una resolución del Bundestag (cámara baja del Parlamento alemán), en mayo de 2019. “El patrón del argumentario y los métodos del movimiento del BDS son antisemitas”, rezaba el texto ratificado en Berlín. La aprobación de un texto similar por un parlamento, incluso regional, de un país como España, considerado pro palestino, ha complacido a asociaciones judías y en Israel.

“Felicidades al Parlament de les Illes Baleares”, escribió en un tuit Rodica Radian-Gordon, embajadora de Israel en España. “Espero que otros parlamentos den este paso”, añadió. La Federación de Comunidades Judías de España y otras organizaciones judías de Europa y EE UU se sumaron a los parabienes.

El final de la tramitación en el Parlament de la iniciativa de Benalal, el 11 de junio, coincidió con la promulgación de la sentencia del tribunal de Estrasburgo que exculpa a los activistas del BDS y condena al Estado francés por perseguirles. Amnistía Internacional tachó de “histórico” el veredicto del TEDH que “reconoce los derechos de los partidarios del movimiento BDS a expresar su opinión y desarrollar sus compañas (…)”. Otras organizaciones, como la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Liga de Derechos Humanos, se alegraron aún más porque habían secundado a los activistas ante el tribunal europeo.

La abogada Laia Serra, de la Coordinadora Catalana para la Prevención y Denuncia de la Tortura, considera que este veredicto “tendrá probablemente efectos legales sobre algunos litigios en curso en los que se pretende criminalizar al BDS y sus militantes”. “Habrá que estudiar el alcance de las mociones adoptadas por los ayuntamientos, las denuncias presentadas por delitos de odio etcétera”, añade al teléfono. “En todo caso anuncia nuevas batallas jurídicas”, vaticina.

Las batallas legales a la que alude la letrada están siendo especialmente intensas en España sin que la prensa apenas se haga eco de ella. Hasta la fecha se han celebrado unos 67 juicios por la vía civil, para impugnar la adhesión de ayuntamientos y diputaciones a los principios del BDS y, más concretamente, su negativa a tratar con empresas de Israel o acoger a sus artistas y deportistas.

La mayoría de ellas han sido formuladas por ACOM que incluso ha denunciado, por delito de odio y discriminación, a Joan Ramon Casals, exalcalde de Molins de Rei y actual jefe de gabinete del presidente Quim Torra. Ángel Más es el presidente de ACOM, una asociación afín a Vox. Cuando un periodista israelí describió a la formación de Santiago Abascal como de “extrema derecha con matices neo nazis” el fundador de ACOM, David Hatchwell salió, por ejemplo, en defensa del partido ultra. El diputado Maxo Benalal también recurrió por su cuenta, y ganó en los tribunales, una veintena de mociones municipales de respaldo y puesta en práctica de los principios del BDS.

Benalal no prevé, en cambio, que la sentencia de Estrasburgo “sea extrapolable a España” a diferencia de otras muchas de las que pronuncia el TEDH. “Afecta a activistas que están en su derecho de hacer campañas alentando a no consumir productos israelíes”, explica. “Aquí, en España, no hemos actuado contra ellos sino, por lo civil, contra las instituciones que se apuntan al BDS pese a tener obligación de transparencia y de dispensar un trato igualitario a todos”, prosigue. “Los acuerdos que suscriben o las mociones que aprueban vulneran, por tanto, mis derechos constitucionales como español”, concluye.

La pelea jurídica en torno a la legalidad del BDS se ha intensificado en vísperas de la anexión en julio, anunciada por el Gobierno israelí, de buena parte de Cisjordania, una iniciativa considerada ilegal por Naciones Unidas y por gran parte de los Estados europeos, incluida España. Otro parlamento autonómico, el de Navarra, se mostró beligerante con Israel al aprobar el lunes, en la Junta de Portavoces, una declaración que insta al Gobierno español a “revisar sus relaciones diplomáticas con Israel” si se produjese la anexión y a imponerle también sanciones.

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