"Perturba la independencia"

Revolcón del poder judicial al despacho Arriaga por querellarse contra jueces

Ha acordado este sábado dirigirse a las Presidencias del Consejo General de la Abogacía Española y del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona al considerar que el bufete ha violado el Código Deontológico

Foto: Jesús María Ruiz de Arriaga, director de Arriaga Asociados.
Jesús María Ruiz de Arriaga, director de Arriaga Asociados.

Duro toque de atención del Consejo General del Poder Judicial al despacho de abogados Arriaga Asociados. La Comisión Permanente ha acordado este sábado dirigirse a las Presidencias del Consejo General de la Abogacía Española y del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona al considerar que el bufete ha violado el Código Deontológico al querellarse contra jueces por fallar en contra del criterio defendido por esta firma sobre el IRPH. El Consejo quiere que se examine si este comportamiento "pudiera haber ignorado alguna de las obligaciones que, en su relación con los Tribunales, le exige el artículo 10 del Código Deontológico de la Abogacía Española.

La Permanente ha adoptado este acuerdo después de saber despacho ha presentado una querella contra cinco magistrados de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, a los que imputa la comisión de un delito de prevaricación por haber dictado una sentencia que, a juicio de la citada firma, se aparta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentada en su sentencia de 3 de marzo de 2020, con relación a la cláusula IRPH. El despacho también ha hecho pública su intención de seguir querellándose contra aquellos jueces y magistrados que no respeten la jurisprudencia del TJUE y, por ende, los derechos de los consumidores.

En un comunicado, la Comisión Permanente, partiendo del respeto del derecho a la tutela judicial efectiva, expresa su preocupación sobre la voluntad manifestada por este despacho de iniciar acciones penales contra aquellos integrantes de la carrera judicial que no ajusten sus resoluciones a las pretensiones deducidas en cada caso por aquél. Considera que con esta actitud, pretende perturbar de manera flagrante la independencia de aquellos en quienes descansa la potestad de juzgar. Atenta así contra "la piedra angular de la garantía de imparcialidad de la que debe de estar revestida la función jurisdiccional".

"Presionar a los jueces para que resuelvan en un determinado sentido litigios futuros, haciendo publicas tales intenciones, no puede tener otra finalidad que menoscabar la necesaria imparcialidad del juez, aun cuando éste no se halle psicológicamente inquietado o perturbado, resultando por ello necesario despejar la posible duda que a partir de tales manifestaciones pudieran albergar las partes ante esta forma de presión, preservando, en definitiva, la confianza en el Poder Judicial", dice el CGPJ.

El órgano de gobierno de los jueces también destaca que tanto la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, como otras tantas dictadas en contemplación de la doctrina establecida por el TJUE, "son el resultado del estricto ejercicio de la función jurisdiccional, dentro del margen de apreciación que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia reserva al juez nacional". Por ello, el CGPJ "no puede permanecer ajeno ante lo que considera una declaración de intenciones que pudiera resultar contraria a la deontología profesional exigible en el comportamiento de los abogados, introduciendo en la relación entre abogado y juez una interferencia objetivamente perturbadora de la independencia judicial".

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