El Gobierno extiende a los créditos al consumo la moratoria de las hipotecas

El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes una moratoria de tres meses en el pago de todo préstamo o créditos al consumo, en línea con lo que ya se ha hecho en países como Alemania. Las condiciones y supuestos de vulnerabilidad requeridos para poder acogerse a esta medida extraordinaria por la crisis del coronavirus son idénticos a los ya establecidos en la moratoria de las hipotecas, simplificados este martes, según avanzan desde el ministerio de Consumo dirigido por Alberto Garzón que ha sido el proponente de esta medida enfocada a proteger a los "consumidores vulnerables". La suspensión de las obligaciones contractuales surtirá efectos desde la solicitud del deudor al acreedor y se extendería durante tres meses ampliables mediante acuerdo de Consejo de Ministros.

La situación de vulnerabilidad económica comprende que se cumplan en su conjunto los supuestos de estar en desempleo o en el caso de los profesionales sufrir una caída de la facturación de al menos el 40%, que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM), que el total de la cuota del préstamo, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.

Está previsto que los fiadores o avalistas a los que les resulte de aplicación la suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria puedan exigir que el acreedor agote el patrimonio del deudor principal antes de reclamarles la deuda garantizada, aun cuando en el contrato hubieran renunciado expresamente al beneficio de excusión, según recoge el borrador al que ha tenido acceso este diario.

Durante los tres meses de moratoria, el acreedor no podrá exigir el pago de la cuota, ni de ninguno de los conceptos que la integran (amortización del capital o pago de intereses), ni íntegramente, ni parcialmente. Tampoco se devengará ningún tipo de intereses, ni ordinarios, ni de demora. Al mismo tiempo, el Gobierno ha acordado este martes ampliar la moratoria de pago de hipotecas también para locales y oficinas de autónomos.

Servicios no disfrutados y juegos de azar

En lo relativo a la protección de los consumidores, el Consejo de Ministros también ha aprobado que los proveedores ofrezcan una alternativa cuando los bienes y servicios ya pagados no hayan podido ser disfrutados como consecuencia por la crisis del coronavirus. Se trataría de un paraguas temporal, por ejemplo en forma de bonos, y en último de caso se establecería un reembolso económico. Por ejemplo, en el caso de viajes combinados cancelados, se establece la posibilidad de un bono para ser utilizado en un año por el consumidor que, si no se utiliza, se podría solicitar una devolución de lo pagado.

Finalmente, se limitará la publicidad de las operadoras de los juegos de azar durante el tiempo que dure el estado de alarma, extendiéndolo a las loterías, debido a que, al contrario de lo que pudiese parecer por la situación actual, en lugar de disminuir este consumo ha aumentado con el consiguiente agravamiento de los problemas de adicción en personas confinadas. Los anuncios publicitarios solo podrán emitirse en la franja de una a cinco de la madrugada y en internet en ningún momento. En esta franja no se aceptarán contenidos sobre oferta de bonos, promociones y regalos que tenga como objetivo la captación o fidelización de clientes. El objetivo, según se argumenta desde el Ejecutivo, pasa por "evitar que las casas de apuestas hagan negocio con la preocupación y la ansiedad de la gente".

Violencia de género

En materia de Igualdad, el Gobierno ha acordado poner a disposición de las víctimas de violencia de género o explotación sexual alojamientos turísticos si se considera que están en riesgo y en el caso de que no haya plazas disponibles durante el estado de alarma en los centros habitualmente designados para ello. El texto incluye como esenciales todos aquellos servicios de atención a víctimas de explotación sexual y trata. De este modo, los servicios, organizaciones y asociaciones destinados a la lucha contra la violencia machista deberán permanecer abiertos y disponibles. Además, se habilita el mecanismo para que los ayuntamientos y comunidades autónomas puedan destinar la ejecución de los fondos del Pacto de Estado para la violencia de género para poner en marcha todas las medidas la violencia de género específicas para esta crisis.

Las empleadas del hogar que hayan sido despedidas o dejado de prestar servicios desde la entrada en vigor del estado de alarma puedan beneficiarse de una prestación social extraordinaria. Este subsidio extraordinario ascendería al 70% de su base reguladora de cotización durante un mes prorrogable —con un máximo de 950 euros—, equiparándose así con el resto de trabajadores a los que se les aplique un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). Estas trabajadoras continuaban sin tener derecho al paro, a pesar de las promesas electorales de este y otros ejecutivos anteriores para revertir dicha situación equiparándolas al régimen general.