Destapan un fraude de 5,5 millones de euros a la Seguridad Social en las Islas Canarias

La Policía Nacional han descubierto que 34 personas, la gran mayoría administradores de empresas, han cometido un fraude de más de 5,5 millones de euros a las arcas de la Seguridad Social en las islas de Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife.

Las pesquisas comenzaron en enero, cuando los agentes reciben varias denuncias sobre presuntas irregularidades llevadas a cabo por empresarios que no pagaban los seguros sociales de sus trabajadores en su propio beneficio.

Los agentes descubrieron que, en varios de los casos, se creaban sucesiones empresariales opacas y mercantiles pantalla con las que ocultar los beneficios obtenidos y eludir así el pago de las cantidades adeudadas y frustrar el de cobro de la Tesorería.

Los investigados hacían todos los pagos en metálico, incluidos los salarios de los trabajadores, para así ocultar sus beneficios

Tras 10 meses de investigaciones se ha cuantificado el fraude al Organismo Público en más de 5,5 millones de euros, el cual proviene de sectores como la restauración, la hostelería, actividades deportivas, el textil, la asesoría, la construcción, la inversión o la comunicación.

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Los 34 responsables han resultado ser principalmente los administradores de las empresas, pero también sus testaferros, algunos trabajadores que figuraban en connivencia así como familiares de los primeros. Se les han imputado delitos como fraude de cotizaciones, falsedad documental, estafa, frustración a la ejecución, fraude de prestaciones, contra el derecho de los trabajadores y malversación.

"TPV estropeado"

En un caso, hace ocho años una familia canaria creó un sistema para eludir el pago de las cuotas a la TGSS y evitar embargos de manera fraudulenta, operando con una nueva sociedad libre de cargas que facturaba de manera irregular las ventas realizadas de la deudora. Generó así una deuda de 326.166,97€ con el organismo público.

Esta trampa permitió que la segunda empresa presentara cuentas anuales con beneficios a pesar de la elevada deuda de la primera sociedad. Según la Policía Nacional el negocio era altamente rentable. Hasta el punto que celebraron multitudinarios eventos de hasta 600 asistentes con los que se llegaba a facturar importes de entre 30.000 y 35.000 euros, y donde los trabajadores eran obligados a realizar jornadas de 14 horas de trabajo diarias.

Esta trampa permitió que la segunda empresa presentara cuentas anuales con beneficios a pesar de la elevada deuda de la primera sociedad

Con el fin de evitar que los acreedores pudieran cobrar, los investigados hacían todos los pagos en metálico, incluidos los salarios de los trabajadores para así ocultar sus beneficios. Llegaba a tal extremo que en algún evento de más de 300 comensales se cobró en efectivo sin aceptar pagos con tarjeta, y aún teniendo operativo el terminal punto de venta, era habitual ver colocado un cartel en el que se podía leer “TPV estropeado”. El personal llegaba a acumular hasta 60 horas de trabajo a la semana, haciendo horas extras que luego no eran compensadas.