El gerente de la funeraria de la estafa de los ataúdes paga la fianza y sale de prisión

Ignacio M.V., ingresado en la prisión de Valladolid desde hacís dos meses, ha quedado en libertad este viernes tras pagar la fianza que el Juzgado de Instrucción Número 6 impuso de 800.000 euros. El gerente de El Salvador está acusado de delitos continuados de estafa y falsedad, contra la hacienda pública, blanqueo y organización criminal por una estafa millonaria cometida durante dos décadas a sus clientes. El personal de la funeraria cambiaba en el momento de la incineración ataúdes de alta calidad por otros más baratos para revenderlos.

El gerente del grupo funerario El Salvador, Ignacio M.V., ha abandonado la prisión de Valladolid al depositar una fianza hipotecaria que cubre los 800.000 euros exigidos para su puesta en libertad por la juez del caso, que investiga la supuesta autoría de delitos económicos en la empresa. Ha salido de la cárcel tras dos meses en prisión preventiva, después de su detención junto a más de un veintena de personas en la operación policial Ignis, que investiga cómo supuestamente usaron ataúdes más baratos para incinerar a los finados que los comprados por sus familiares.

La fianza hipotecaria fue presentada el pasado jueves, 21 de marzo, y al día siguiente fue designado un perito judicial, quien el jueves planteó al juzgado la tasación de los bienes ofrecidos, han informado a Efe fuentes jurídicas. La Fiscalía ha informado favorablemente sobre la suficiencia de la fianza prestada y el Juzgado ha ordenado posteriormente la puesta en libertad.

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Una hermana del gerente, quien también había sido arrestada, abandonó la cárcel el pasado 18 de marzo al depositar otra fianza hipotecaria, en este caso valorada en 200.000 euros, mientras el padre de ambos, propietario de la empresa, continúa en prisión.

En concreto, el Juzgado de Instrucción Número 6 centra la investigación por el momento en delitos continuados de estafa y falsedad, contra la hacienda pública, blanqueo y organización criminal, que pudieron cometerse durante veinte años y afectar a unos 6.000 féretros.

La operación Ignis investiga una estafa con miles de casos, por varios millones de euros, que durante al menos dos décadas -entre 1995 y 2015- se realizó desde ese grupo funerario, que a la hora de la incineración cambiaba ataúdes de alta calidad por otros más baratos para luego revenderlos, y lo mismo hacía con las coronas de flores. La investigación arrancó en 2017 tras la denuncia de un extrabajador sobre supuestas prácticas irregulares en la funeraria.