Piden tres años de cárcel a un médico por diagnosticar ansiedad en un caso de ictus

El 17 de septiembre de 2014, poco después de mediodía, una mujer de 42 años acudía al servicio de urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria, en Las Palmas. Presentaba, según su abogado, un importante estado de ansiedad, pérdida del conocimiento, mareos, dolor en el miembro superior izquierdo y voz rara.

La mujer fue atendida por el doctor H. C. P. que le dio el alta pocas horas después de diagnosticar un episodio de ansiedad y una contractura en el trapecio. Sin embargo, esa misma noche, la mujer se despertó con nuevos síntomas como debilidad en el brazo y la pierna izquierda y alteración del lenguaje. Una ambulancia le llevó a urgencias del mismo hospital, pero esta vez el diagnóstico de otros médicos fue diferente: sufría un ictus isquémico.

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La mujer ha llevado el caso a los tribunales y el facultativo que diagnosticó la ansiedad se enfrenta a duras penas. La Fiscalía pide dos años y nueve meses de cárcel, 160.000 euros de indemnización y la inhabilitación del médico. La acusación particular eleva su petición a los tres años de prisión, tres de inhabilitación y el pago de 387.145 euros de indemnización.

Los síntomas estaban ahí

La demanda que recoge Canarias 7 señala que el primer doctor no diagnosticó el ictus por una “deficiente anamnesis y exploración física a la paciente, realizada por el acusado en contra de la praxis profesional”. No tuvo en cuenta que la mujer era fumadora de entre 1 y 2 paquetes de cigarrillos al día, estaba obesa y estaba en tratamiento con Paroxetina, un antidepresivo.

Según el abogado de la víctima, el diagnóstico erróneo provocó “un incremento de las secuelas” al haber sufrido hemiparaseia izquierda espástica que afecta a brazo y pierna izquierda; paresia facial central izquierda con distrasia leve; hipotonía del músculo detrusor que le origina incontinencia urinaria; trastorno adaptativo mixto ansioso-depresivo; cefalea tensional; y disminución de la visión en el ojo izquierdo.

Además de los 160.000 euros que pide la Fiscalía de indemnización, la acusación particular añade secuelas, daños morales y perjuicio estético a su petición para reclamar un total de 387.125 euros al Servicio Canario de Salud, que es el responsable civil subsidiario de lo sucedido. El juicio por error médicocomenzará en pocas semanas.