Salario mínimo o vivienda: los flecos para un pacto entre Sánchez e Iglesias en los PGE

"En este momento no hay acuerdo". Pablo Iglesias ha sido tajante esta tarde con respecto a la posición de Podemos en las negociaciones con el Gobierno para dar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado, cuando las conversaciones entran en el tiempo de descuento. En las próximas horas deberá haber avances, habida cuenta de que el jueves el Consejo de Ministros y Ministras aprobará el plan presupuestario para enviarlo el lunes a Bruselas. Unos avances que se han encallado en cuestiones relativas al salario mínimo, la dependencia o los alquileres, como se desprende del último documento que el grupo confederal ha echo llegar al Ejecutivo. "El Gobierno tiene que ceder si quiere un acuerdo con nosotros", concluía el líder de la formación en los pasillos del Congreso antes del inicio del pleno.

[Devolución de peticiones de Unidos Podemos a los documentos enviados por el Gobierno]

El documento afea al Ejecutivo que plantee acordar "textos de intenciones, sin concretar compromisos o plazos en muchos apartados, sin abordar algunos grandes temas o sin ser lo suficientemente ambiciosos en las partidas destinadas a las políticas públicas". Tampoco creen que sea asumible "que se planteen cantidades que después se fragmentan en dos o tres ejercicios presupuestarios, como es el caso de las becas universitarias, que quedarían únicamente en 150 millones, respecto a los 700 de nuestra propuesta inicial". Asimismo lamentan que el Gobierno socialista plantee concretar algunos acuerdos en forma de Proyectos de Ley, "a pesar de conocer la situación de bloqueo y boicot al que el Partido Popular y Ciudadanos tiene sometido el Parlamento, lo que en la práctica significa que son acuerdos que no podrán cumplirse".

En la última respuesta del Gobierno para cerrar el acuerdo, no se concretaría ninguna medida para pinchar la burbuja del alquiler. Según el documento del grupo confederal "es necesario acordar modificaciones en la línea de las que se han devuelto al Gobierno sobre su texto, por ejemplo: Cesión obligatoria de viviendas vacías: las de propiedad de la SAREB, cesión obligatoria gratuita; las de grandes tenedores, cesión del usufructo (vía convenio)". Asimismo se propone recuperar para las comunidades autónomas "la posibilidad de expropiación de uso de viviendas incursas en procedimientos de desahucio".

En materia de vivienda también se critica que "el Gobierno no quiere contemplar contratos largos cuando se trata de persona jurídica". En ese caso, según se añade, "es inviable aceptar contratos 5+3 como estándar (eso sería sencillamente volver a 2013)". Su propuesta en ese sentido es la del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. Esto es "6+4, además de fianzas de 2 meses máximo, siempre y cuando los contratos sean 6+4". Por otra parte se echan en falta garantías adicionales para las personas arrendatarias.

En lo relativo a la subida del salario mínimo y la lucha contra la precariedad se critica que la propuesta del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez sea subir el SMI a 850 euros en 2019. En opinión de Podemos, esta subida "no solo posterga la necesaria recuperación de los salarios en nuestro país, además supone renunciar a unos ingresos extra de la caja de la Seguridad Social que estimamos en 2.500 millones de euros si el SMI sube a 1.000 euros". Es indispensable ser más valientes en este punto, según remarcan, para que la subida del salario mínimo sea a 1.000 euros en el próximo año.

Para la formación liderada por Pablo Iglesias también sería "indispensable" avanzar en la derogación de las reformas laborales, "poniendo la lupa en sus puntos más lesivos". En este sentido califican como clave "recuperar el régimen de ultraactividad indefinida del convenio colectivo a la conclusión de su vigencia: el Gobierno no admite la ultraactividad indefinida, solo ampliar algún año más el plazo de vigencia del convenio caducado, pero no garantizan la ultractividad sin límite, es decir la aplicación del convenio hasta su sustitución por otro, lo que sigue deteriorando enormemente la negociación colectiva, ya que la patronal no tiene un verdadero aliciente para llegar a acuerdos y le basta con sentarse a esperar a que el convenio pierda vigencia". También se apuesta por suprimir el arbitraje obligatorio en materia de descuelgue, "de modo que la inaplicación parcial del convenio colectivo solo sea posible cuando se alcance un acuerdo en el seno de la comisión paritaria del convenio que se pretende dejar parcialmente sin efecto: no hay compromiso del Gobierno de eliminar el arbitraje obligatorio, verdadera clave del proceso".

La dependencia es otro de los flecos pendientes de resolver para que pueda cerrar un acuerdo presupuestario en las próximas horas. La propuesta de Podemos pasa por aumentar en 2.500 millones esta partida, "lo que permitirá sacar 300.000 personas del limbo de la dependencia". El Gobierno, en cambio, ofrecería "aumentar sólo 400 millones, lo cual apenas rescataría a 40.000 personas". Las próximas horas serán cruciales para acercar posturas, asegurar el apoyo de Unidos Podemos a los PGE y, por ende, permitir a Pedro Sánchez alargar la legislatura hasta 2020.

La visión de los socialistas es contrapuesta. La portavoz del partido en el Congreso, Adriana Lastra, se mostró este martes "optimista" con el curso de las conversaciones con los morados. "La negociación va muy bien. Es una muy buena noticia para el país. Va muy encauzada. Probablemente habrá noticias en las próximas horas", señaló la también número dos del PSOE, quien añadió que la intención del Ejecutivo es cerrar el acuerdo con Unidos Podemos para después atar los apoyos del resto de formaciones.

Lastra sostuvo que coincide con el grupo liderado por Pablo Iglesias en que la cuestión de la vivienda es "fundamental", porque de hecho el Gobierno ya ha anunciado cambios en la Ley de Arrendamientos Urbanos. "Avanzamos en muy buena dirección", intentó tranquilizar. Los socialistas siguen pensando que Podemos va de farol, que su rechazo es una "forma de presionar" a Pedro Sánchez.