Dos hombres y una 'escort': quién está detrás del sindicato de trabajadoras sexuales

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 4 de agosto el registro del nuevo sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales en el Ministerio de Trabajo. "Ha sido admitido el depósito de la constitución de la mencionada asociación al comprobarse que reúne los requisitos previstos en la Ley Orgánica 11/1985 de Libertad Sindical", rezaba el BOE, que admitía que inicialmente el departamento dirigido por Magdalena Valerio había observado "defectos en la documentación presentada", pero que posteriormente requirió a la organización para que los subsanara y esta rectificó el pasado 26 de julio lo que se le había pedido.

Los medios, sin embargo, no se hicieron eco de la noticia hasta ayer. Fue entonces cuando se enteró la ministra del ramo, Magdalena Valerio, que mostró de inmediato su sorpresa y reaccionó desde su púlpito. Admitió que alguien le había "metido un gol por la escuadra", que no sabía nada del tema, y anunció que pediría explicaciones a los responsables de su departamento para ver qué había pasado. Poco después, el ministerio remitió un comunicado a los medios en el que mostraba su intención de impugnar los estatutos del nuevo sindicato.

"Ante la publicación en el BOE del 4 de agosto de la constitución de un sindicato denominado Organización de Trabajadoras Sexuales, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha iniciado el trámite de impugnación de los estatutos de esta nueva organización por cuestiones de fondo", trasladó el área gubernamental. "Toda la documentación del expediente de registro se ha puesto en manos de la Abogacía General del Estado para estudiar la fórmula de impugnación", añadió el ministerio, que aprovechó la nota para dejar clara su postura institucional.

"La prostitución no es legal en España y este Gobierno no puede admitir que bajo el subterfugio de un sindicato de trabajadores y trabajadoras del sexo se le dé cabida", explicó Trabajo, que agregó que el registro de la asociación ante la Dirección General y su posterior publicación en el BOE ha sido "un mero acto administrativo". "No contiene errores de forma, pero sí de fondo para un Gobierno feminista y que tiene como eje central de sus políticas la igualdad entre hombres y mujeres", aclaró el ministerio en una auténtica declaración de intenciones.

La Abogacía, por lo tanto, estudia en este momento cuál es el mejor modo de llevar a cabo la anunciada impugnación, que como el propio BOE explicó podía ser interpuesta ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, conforme dispone la Ley 36/2011 que regula la jurisdicción social. Será en los próximos días, por lo tanto, cuando se haga efectivo lo adelantado por Valerio, que ha respaldado también la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, que también es responsable de Igualdad y que ha reclamado a la ministra de Trabajo toda la información que recabe sobre la constitución de la organización sindical.

Desde otros ministerios como el de Interior, al que también afecta la medida, prefieren no hacer declaraciones y se remiten a lo que ha expresado Trabajo. La Policía Nacional tiene en marcha desde hace años un plan de lucha contra la trata que rescata mujeres forzadas a prostituirse e intenta localizar a los responsables de clubes de alterne y proxenetas de calle o de pisos que obligan a chicas a ejercer esta actividad y las extorsionan al mismo tiempo. La web de este instituto armado asegura que "la trata de seres humanos constituye una violación grave de la dignidad y la libertad de la persona y es una forma de delincuencia grave".

Cada mes desde hace años, de hecho, la Policía emite al menos una nota de prensa en la que da cuenta de alguna operación llevada a cabo. Una de las últimas fue publicada el pasado 27 de julio y señalaba que los investigadores habían detenido a una red de delincuentes que explotaba mujeres sexualmente. A una de ellas la obligaban a estar disponible 24 horas en un piso de citas y a pagar periódicamente una supuesta deuda contraída con la organización por traerla a España.

Cursos de iniciación

Según el BOE, los estatutos y el acta de constitución del sindicato "están suscritos por doña Iris Meza Jaramillo, doña Sabrina Michelle Rivera Sánchez, don Joaquín Pedro Donaire Mateos, doña Andrea Kathleen Degeus, doña Concepción Borrell Bernaus y don Joaquín Alonso Marcos, todos ellos en calidad de promotores". El domicilio de la organización, continúa el BOE, "se fija en la plaza del Fénix, 6, bajo 1.ª, CP 08014 de Barcelona", y el ámbito territorial de actuación "es el reino de España".

El Registro Mercantil refleja que Borrell Bernaus —una conocida 'escort' de Barcelona que se hace llamar PaulaVIP en su blog— es administradora de una sociedad junto a José Miguel Joaquín Vicente. La mercantil, ubicada en el número 160 de la avenida Ángel Sallent de Tarrasa, donde hay una casa y una tienda de regalos, se denomina Joaquín & Borrell, fue constituida en septiembre de 2005, actualmente no muestra indicios de actividad y se dedica, según su objeto social, a la "fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado".

TE PUEDE INTERESAR

Esclavas sexuales extorsionadas con vudú: así son las redes de trata de africanas

Beatriz Parera

Donaire Mateos, por su parte, es el tesorero de la asociación Aprosex, conocida por sus polémicos talleres destinados a enseñar a prostituirse a mujeres 'novatas' vía Skype. Los cursos de iniciación cuestan entre 60 y 90 euros y en ellos instruyen a las interesadas en cómo hacer felaciones o tratar a los clientes. No pocas consultas que aparecen en la web de Aprosex para pedir información sobre estos talleres están protagonizadas por mujeres que cuentan que no tienen trabajo, que necesitan dinero de forma desesperada o que se plantean este modo de vida para saldar deudas. Las afiliadas a la asociación abonan 15 euros al mes.

El Confidencial ha tratado de ponerse en contacto con Aprosex vía 'e-mail' sin éxito a última hora de ayer. La asociación muestra en su web un cartel contra la trata y niega estar vinculada a proxenetas o propietarios de clubes de alterne. Defiende, según refleja en su portal, los derechos laborales de las mujeres y de los hombres que se dedican al sexo de pago. De hecho, incluyen en el mismo sitio los contactos telefónicos de la Policía Nacional y de los Mossos d'Esquadra para que acudan a ellos las asociadas que se vean en peligro.