Caso máster de Cifuentes: Álvarez Conde se acoge a su derecho a no declarar

El exdirector del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) Enrique Alvarez Conde ha rechazado declarar ante la juez que investiga las irregularidades del máster de la expresidenta Cristina Cifuentes mientras no se resuelva si la causa se eleva al Tribuna Supremo. Álvarez Conde ha comparecido hoy como investigado ante la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, por un delito de falsedad documental, si bien se considera que su responsabilidad en la causa es mucho mayor, pues las irregularidades no afectan únicamente al caso de Cifuentes.

Conde ha leído un escrito en su declaración en el que ha explicado los motivos de por los que se acoge a su derecho a no declarar. En concreto, se ha remitido al recurso de apelación que debe resolver la Audiencia Provincial de Madrid sobre su petición para que la investigación se limite únicamente al supuesto de Cifuentes, una vez la juez rechazó este aspecto en reforma. Álvarez Conde argumenta que la juez pretende hace una causa general. El catedrático, que ha argüido asimismo que desconoce los hechos que le imputa el juzgado y que aún quedan pruebas por practicar, también ha dicho que no dirá nada hasta que se resuelva la petición efectuada por la defensa de la expresidenta regional a la magistrada para elevar la causa al Tribunal Supremo después de que el juzgado pidiera al Congreso de los Diputados la identificación como diputado de Pablo Casado (PP) para confirmar su aforamiento y remitir la causa al alto tribunal.

Además, también ha comparecido la que fuera asesora del Gobierno de Cifuentes Maite Feito, que fue a la Universidad Rey Juan Carlos el mismo día que saltó el caso. Feito ha rechazado haber presionado a los profesores para respaldaran que la ex presidenta madrileña había realizado el máster, aunque ha admitido que acudió al centro universitario y contactó con todos los implicados, como la funcionaria que modificó las notas, la jefa del gabinete de Cifuentes o el rector.

Las profesoras, en el juzgado

Las profesoras de la Universidad Rey Juan Carlos involucradas en la concesión del título de máster de Derecho Público del Estado Autonómico a Cristina Cifuentes, expresidenta madrileña, Alicia López de los Mozos y Cecilia Rosado, se han mantenido de nuevo ante el Juzgado 51 de Madrid en la línea inicial que mantuvieron desde el comienzo del procedimiento que investiga los hechos.

La primera se ha ratificado ante la jueza Carmen Rodríguez-Medel, titular del juzgado, en la declaración que ya prestó ante la propia magistrada, ante la Policía Nacional y ante la comisión de investigación del centro universitario. La docente ha sostenido, por lo tanto, que ella no estampó su firma en el acta que Cifuentes exhibió en la Asamblea de Madrid que teóricamente confirmaba que había obtenido el título.

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Agencias

La profesora Rosado, por su parte, se ha acogido nuevamente a su derecho a no declarar, como ya hiciera en anteriores citaciones. Su rúbrica es otra de las tres que aparece en el citado documento expuesto por la expresidenta de la Comunidad de Madrid en la sede parlamentaria regional. Las primeras veces que Rosado fue llamada a declarar ante la Policía Nacional argumentó que se encontraba enferma por depresión con motivo del inicio de las pesquisas y consiguió eludir su personación, pero posteriormente argumentó ante el juzgado que no quería declarar.

Esta mañana también están citados para declarar ante el mismo juzgado los profesores Susana Galera Rodrigo, directora de algunos trabajos fin de grado, y el también docente Rodrigo Martín Jiménez. Además, a última hora de la mañana prestará declaración el catedrático Enrique Álvarez Conde, responsable también del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos del que dependen los máster que se ponen en duda.

La jueza de hecho no solo ha puesto en duda la concesión del título de Cifuentes, sino que a través de un auto dictado la pasada semana se comprometió a investigar todas las irregularidades cometidas por el citado instituto, también las que podrían afectar al candidato a presidir el Partido Popular Pablo Casado.