La Fiscalía sobre el 'procés': "Es la crónica de una rebelión anunciada"

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha mantenido este lunes la necesidad de confirmar, en toda su integridad, el procesamiento de los 25 acusados en la causa sobre el 'procés'. Los investigados protagonizaron, en palabras del fiscal Fidel Cadena "la crónica de una rebelión anunciada". Con este simil tan literario, el Ministerio Público se ha opuesto a los argumentos de las defensas del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y de otros 15 investigados.

Durante la vista a puerta cerrada celebrada durante la mañana en la que los magistrados de la Sala de Apelaciones han escuchado los motivos presentados para tumbar la decisión del juez Llarena, el fiscal ha reclamado no atender ninguno de ellos. Los letrados del expresidente y el resto de procesados han negado ninguna intención violenta en los hechos que desembocaron en la declaración unilateral de independencia. Se trató de un pacífico e incluso festivo intento de los catalanes de alcanzar la separación del estado, han defendido algunos de los abogados.

Además de solicitar que se revoque el auto de procesamiento que, una vez sea firme, conllevará la suspensión para el ejercicio de cargo público de los procesados y huidos, han pedido también que se deje en libertad a aquellos que cumplen prisión provisional. Como respaldo, han esgrimido la actual situación política, eso sí, sin hacer mención expresado al cambio del Gobierno nacional.

El procesamiento de los investigados será revisado por los magistrados Miguel Colmenero Menéndez, Alberto Jorge Barreiro y Vicente Magro, que han atendido los argumentos de las defensas de Puigdemont, el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; el expresidente de ANC Jordi Sànchez; los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Clara Ponsatí (en Escocia), Lluís Puig (en Bélgica) y de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, todos ellos procesados por rebelión y algunos por malversación.

También han apelado los que exmiembros de la Mesa de la cámara parlamentaria Joan Josep Nuet y Anna Simó, acusados de desobediencia; los exconsellers Carles Mundó y Santi Vila, de desobediencia y malversación; así como Cuixart, al que se imputa inicialmente rebelión.

En su auto de procesamiento, Llarena apuntó por primera vez a la posibilidad de que los hechos puedan ser calificados como conspiración para la rebelión, reafirmándose en que concurre el requisito de la violencia para imputar este delito. Asimismo, indicaba que en el "caso hipotético" de que no se acredite que esa violencia iba dirigida a conseguir la independencia de Cataluña se podría atribuir a los procesados el delito de sedición.

La confirmación de esta resolución -en la que se procesó a un total de 22 investigados- supondría cumplir con l criterios establecidos por el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para suspender de funciones a 11 de estos investigados y evitar así que puedan ejercer cargos públicos. Además, este artículo exige que haya decretada una situación de prisión, que se da en el caso de los que están procesados por el delito de rebelión, incluidos los que se encuentran fugados de la Justicia española.

La suspensión automática se daría en el caso de Puigdemont, Junqueras, Sànchez, Turull, Rull, Romeva y Comín, que mantienen su acta como diputados en el Parlament. Por otro lado, Bassa, Ponsatí, Puig y Forcadell no podrían acceder en un futuro a ningún cargo público ni presentarse a unas listas electorales mientras se encuentren en la cárcel y la aplicación de este artículo se mantendría hasta que haya una sentencia, que de ser condenatoria supondría penas de inhabilitación.