Juzgados vacíos, ciudadanos confusos... Más de 3.500 jueces y fiscales secundan la huelga

Los juzgados de plaza de Castilla amanecían este martes con un clima diferente, alejado del habitual ajetreo diario. Los guardias de seguridad, los policías y la mayoría de funcionarios estaban en sus puestos de trabajo, pero faltaba algo, el motor, lo que hacía funcionar los tribunales cada martes. Los jueces y los fiscales estaban de huelga y eso paralizaba de golpe los procedimientos judiciales. Si no están los que toman decisiones, no hay nada que hacer, asegura a El Confidencial un empleado del edificio. Otro explica que no pocos magistrados han previsto con antelación la huelga y han retrasado actuaciones, han suspendido vistas o las han pospuesto para otros días. Algunas citaciones han sido anuladas este mismo martes y los funcionarios se han limitado a responder a las dudas de los ciudadanos que acudían a los juzgados.

Según ha podido saber El Confidencial, un 53,93% de los jueces y un 52% de los fiscales han secundado la huelga, es decir, 2916 jueces y 1295 fiscales. Estos son los jueces y fiscales que han enviado un correo electrónico al comité de huelga diciendo que han secundado la iniciativa. Desde este organismo aseguran que la cuenta se colapsó en la mañana de este martes y que aún siguen entrando correos de adhesión de primera hora, con lo que es probable que los datos reales sean más elevados. El comité ha habilitado este buzón para contrarrestar el boicot que aseguran que ha hecho el ministerio de justicia diciéndoles a los secretarios de los tribunales superiores de justicia que no pasen los datos al consejo general del poder judicial. Este supuesto boicot ha sido negado por el ministro de justicia, Rafael Catalá.

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B. P. Agencias

Un elevado número de jueces y fiscales han parado después de tres meses negociando con el Ministerio de Justicia mejores medios y reclamando al Gobierno una mayor independencia judicial y fiscal. En este tiempo, sin embargo, parecen haberse topado con muro. Al menos así lo explican los propios afectados, que protagonizan la primera huelga apoyada por todas las asociaciones profesionales del sector. "Hemos llevado nuestras propuestas donde teníamos que llevarlas y nos han hecho caso omiso; nos han mareado y hemos tenido que hacer algo; el desencanto es máximo", resumió este lunes la representante de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, durante un acto público.

Las siete organizaciones lanzaron un comunicado en el que acusaban a los principales responsables del ministerio de "dejación y abandono" del servicio público". "Hoy muchos fiscales, jueces y juezas hemos decidido hacer huelga" para "expresar nuestro profundo malestar", subrayaba la nota emitida por las asociaciones.
El paro generalizado está apoyado además por magistrados concretos, con su nombre y apellidos, como los de los 30 jueces del Tribunal Supremo que también han firmado un comunicado para manifestar su "total apoyo a las reivindicaciones planteadas por las carreras judicial y fiscal en defensa de sus justas peticiones", que reclaman "las imprescindibles reformas que necesita la administración de justicia para cumplir correctamente con la función constitucional que le corresponden".

A falta de datos oficiales, que serán dados a conocer por las asociaciones convocantes y por el juez decano de Madrid, Antonio Viejo, a las 13 horas, algunas fuentes calculan que casi un tercio de los más de 5.500 profesionales que componen la judicatura y la fiscalía han decidido respaldar este llamamiento y no acudir a trabajar.

Además de un refuerzo de la independencia judicial y fiscal, el colectivo pide la subida salarial que entiende que el Gobierno le debe después de reducirle el sueldo un 10% durante la crisis económica, la modernización de los edificios que sirven como sedes judiciales, la recuperación del régimen de vacaciones restringido en 2012, un aumento de las dos semanas de paternidad, un incremento de la oferta de empleo público similar al del resto de países de la Unión Europea o una reducción de la carga de trabajo con el fin de mejorar el servicio. En total, 19 propuestas que a entender de los magistrados y fiscales no han sido en absoluto atendidas por el Ejecutivo.

La huelga se produce después del malestar que generaron en el colectivo las palabras del ministro de Justicia, Rafael Catalá, a raíz de la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra contra los miembros de La Manada, condenados por abusar de una joven durante los Sanfermines de 2016. El ministro comentó que uno de los magistrados que firmó la resolución, Ricardo González, tenía "un problema singular" y que el Poder Judicial tenía que haber tomado una decisión preventiva respecto a él, lo que a entender de jueces y fiscales fue una intromisión inadmisible en la independencia del sector, que pidió el cese inmediato de Catalá.