La Fiscalía no pedirá activar la detención de Puigdemont hasta su procesamiento

La Fiscalía del Tribunal Supremo anunció este lunes que reclamará al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que reactive la orden europea de detención contra el expresident del Govern, Carles Puigdemont, una vez se haya dictado auto de procesamiento en la causa. En una breve nota, el Ministerio Público anunció que hará lo mismo en el caso del resto de huidos, incluyendo a la dirigente de la CUP Anna Gabriel y la 'exconsellera' Clara Ponsatí, que anunció que planea desplazarse a Escocia.

"En lo referente a la situación de los investigados que se encuentran fuera del territorio nacional, D. Antoni Comín Oliveres, Dª. Anna Gabriel Sabaté, Clara Ponsatí i Obiols, Lluís Puig i Gordi, D. Carles Puigdemont Casamajó y Dª. Meritxell Serret Aleu, el Ministerio Fiscal procederá a ejercitar las oportunas peticiones una vez se haya dictado auto de procesamiento en la causa", precisó el departamento dirigido por Julián Sánchez Melgar.

El TS mantiene, por el momento, en el caso de estas seis personas, órdenes de detención que afectan únicamente al territorio nacional. El juez Pablo Llarena desactivó, tras asumir la causa, las órdenes que había lanzado su antecesora en la instrucción, Carmen Lamela. Lo hizo ante el riesgo de que la decisión de Bruselas sobre la entrega provocara diferencias en la acusación entre los distintos imputados.

Por otra parte, la Fiscalía se opuso en un escrito a las peticiones de libertad provisional solicitadas por el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, y el exconseller de Interior, Joaquim Forn. La Fiscalía informó negativamente ya que entiende que procede mantenerles en prisión provisional de los solicitantes. Precisa que este criterio se sigue sin perjuicio de que conforme a la propia jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el derecho del imputado a ser juzgado en un plazo razonable.

Los encarcelados, destaca, tienen derecho a ser puestos en libertad durante el procedimiento si este se alarga y como garantiza el artículo. 5.3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por ello se considerará la revisión periódica de la medida cautelar adoptada, para valorar si persisten los indicios racionales de que los imputados cometieran los hechos delictivos y los motivos suficientes que justificaron la adopción de la medida de prisión provisional, si las circunstancias así lo aconsejaren, indica la nota.