Cs registra una comisión de investigación sobre el espionaje político en el Parlament

El grupo parlamentario de Ciudadanos en el Parlament registrará esta semana la creación de una comisión de investigación sobre el espionaje político llevado a cabo por los Mossos d'Esquadra del que fueron objeto miembros de formaciones políticas y medios de comunicación como El Confidencial. Así lo anunció el líder naranja, Albert Rivera, en la sede central del partido tras la reunión de la Ejecutiva nacional, insistiendo en que “es intolerable que un gobierno autonómico haga algo así y encima con fines políticos”.

El grupo que dirige Inés Arrimadas, primera fuerza y 36 escaños, es suficiente para registrar una iniciativa de ese tipo. Para que tenga luz verde y se ponga en funcionamiento, eso sí, necesita el apoyo de al menos dos grupos parlamentarios más. En ese sentido, Rivera afirmó que espera contar con el apoyo del PSC, Podemos y PP (estos últimos no cuentan con grupo propio, eso sí). “Los distintos partidos deberán posicionarse en el pleno” para dejar claro si quieren participar en que se aclare lo ocurrido. La formación naranja registró esta comisión, “una afrenta contra el orden constitucional y el respeto a la intimidad de todos los ciudadanos”, zanjó.

Tal y como publicó este diario, la Generalitat tuvo un "servicio ilegal de espionaje" a través de los Mossos que tenía como objetivo políticos, periodistas y activistas, según varios informes de la Policía Nacional que han sido entregados a la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, y a los que tuvo acceso 'El Periódico'. Los Mossos "trataron de quemar documentación [el 26 de octubre en la incineradora de San Adrià del Besós] sobre su seguimiento a varios políticos y periodistas, especialmente de El Confidencial" por las exclusivas publicadas por este diario relacionadas con el Cesicat. En concreto, se trata de cuatro folios donde se repasaba a los principales periodistas de este medio.

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Este "departamento de espionaje ilegal" puesto en marcha por la Generalitat llevó a cabo "una serie de acciones con miembros de ese cuerpo para realizar tareas de vigilancia, seguimientos, así como grabaciones de conversaciones y toma de fotografías, de personas del ámbito político, periodístico, empresarial y social, que pudieran ser una amenaza para el proceso soberanista que estaba poniendo en marcha la Generalitat de Cataluña".

El espionaje a los periodistas de este diario, a los que se refirió directamente Rivera en su comparecencia, es un hecho acreditado en los documentos de la causa que instruye la jueza Lamela. Entre la documentación aportada a la instrucción por la Policía consta un amplio informe sobre el funcionamiento de un “departamento de espionaje ilegal” integrado por funcionarios policiales autonómicos. Una actividad, además, financiada con fondos reservados. En resumen, se trataba de "controlar" a personas de distintos ámbitos —empresarial, social, informativo— que pudieran “representar una amenaza para el proceso que estaba poniendo en marcha la Generalitat de Cataluña”, tal y como dice el informe policial incluido en la causa.