La Audiencia Nacional acepta investigar por sedición los disturbios de Barcelona

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha admitido a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía en que se le insta a investigar la presunta comisión de delitos de sedición durante los incidentes que tuvieron lugar en las manifestaciones celebradas tras los registros y detenciones del pasado 20 de septiembre en Barcelona. En un auto hecho público este miércoles, asegura que la finalidad última de las manifestaciones era "romper la organización territorial del Estado" y agrega que atentaron contra la actual forma de gobierno.

Lamela, que fue la instructora de la causa por la agresión a los guardia civiles de Alsasua, ha solicitado, como le pedía el fiscal, un atestado policial sobre los hechos ocurridos en distintos puntos de la ciudad, que, según la tesis del Ministerio Público, responden a la "existencia de un concierto de voluntades entre personas o entidades, públicas o privadas", que con sus actos hayan impulsado movilizaciones o "movimientos populares para imponer el referéndum independentista por la fuerza de la intimidación".

Además, analiza las conductas y los hechos que incluye el Ministerio Publico en su denuncia y concluye que pueden encajar dentro del delito de sedición del artículo 544 del Código Penal. Recuerda que este exige un conducta colectiva caracterizada como alzamiento tumultuario dirigido a impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes.

La jueza pone de manifiesto que las concentraciones atentaron contra el orden público, "entendido como la paz y tranquilidad", y contra el principio de autoridad, entendido como el que la ciudadanía deposita en las instituciones. Considera que este delito de sedición, tal y como acontecieron los hechos, es competencia de la Audiencia Nacional en tanto que, además de atentar contra los bienes jurídicamente protegidos que le son propios, "puede suponer al mismo tiempo una ofensa contra la forma de gobierno", al que se refiere la Ley Orgánica del Poder Judicial que regula las competencias de la Audiencia Nacional.

La jueza precisa que no todos los delitos de sedición con carácter general son competencia de la Audiencia Nacional sino que, en este caso concreto, el delito de sedición puede atentar también contra la forma de gobierno, al tratar de cambiar ilegalmente la organización territorial del Estado y declarar la independencia de una parte del territorio nacional, lo que determina igualmente la competencia de este tribunal.

Una muchedumbre se concentró (...) con la finalidad de impedir por la fuerza a los agentes de la autoridad el legítimo ejercicio de sus funciones

En su escrito, el fiscal citaba en concreto a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) por montar en la Rambla un puesto para voluntarios desde donde se organizaban los turnos de relevo para las concentraciones ante la Consejería de Economía, y se dice también que sus voluntarios hicieron un cordón ante el edificio para evitar que la Guardia Civil se llevara a los detenidos. Reproducía también declaraciones del presidente de esta organización, Jordi Sánchez, y del de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, pidiendo a los concentrados que la movilización no se detuviera.

Según el relato de hechos que hace la denuncia, que firma el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, "una muchedumbre de personas se concentró ante los edificios registrados con la finalidad de impedir por la fuerza a los agentes de la autoridad el legítimo ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de las resoluciones judiciales".

"A través de redes sociales se difundió una convocatoria para oponerse a la práctica de las diligencias", precisa, y añade que individuos que no han podido ser identificados, "aprovechando la situación (...), pincharon las ruedas de diversos coches patrulla de la Guardia Civil que estaban aparcados frente a la Conselleria de Economía, a fin de impedir su legítima actuación". También relata episodios de obstaculización de la labor de la comisión judicial, agresiones en la sede del PSC e incluso que los agentes tuvieron que disparar balas de fogueo en la sede de la CUP.