El Gobierno advierte de que hará frente a la declaración de independencia

El Gobierno, a través de la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría, ha expresado en el Congreso su voluntad de hacer frente a una eventual declaración unilateral de independencia, tras el referéndum del 1-O en Cataluña. La número dos del Gobierno ha confirmado así que el Ejecutivo espera que esa sea la siguiente etapa del proceso soberanista, tras la movilización previsible del próximo domingo.

A cuatro días del referéndum ilegal, el Gobierno prepara respuestas como la aplicación de artículo 155 de la Constitución que le permitiría convocar elecciones en Cataluña y dejar sin efecto esa hipotética declaración unilateral.

"La única unilateralidad que cabe es la de 47 millones de españoles. Los que hemos defendido siempre el diálogo dentro de la ley y el consenso dentro de la lealtad constitucional creo que debemos seguir unidos en adelante, unidos frente a declaraciones unilaterales", ha asegurado la número dos del Gobierno en la sesión de control del pleno del Congreso, en el que ha habido media docena de preguntas e interpelaciones sobre el proceso soberanista, lo que ha dado lugar a duros enfrentamientos dialécticos en el hemiciclo y gritos desde los escaños.

El Ejecutivo, encabezado por la vicepresidenta, ha defendido la aplicación de la ley y se ha escudado en la acción de los jueces y los fiscales; ERC y PDeCAT han pedido que se respete el referéndum; Unidos Podemos ha advertido de excesos de las Fuerzas de Seguridad del Estado y recortes de derechos y PSOE y Ciudadanos, con diferentes matices, han apoyado al Gobierno.

Sáenz de Santamaría y los ministros de Justicia e Interior, Rafael Catalá y Juan Ignacio Zoido, respectivamente, han dado por hecho que el referéndum no se celebrará por la acción de las Fuerzas de Seguridad del Estado y, sobre todo, de la Justicia. Se han incautado papeletas, se ha bloqueado el uso del censo y se ha disuelto la Sindicatura Electoral, lo que impide cualquier apariencia de legalidad y homologación internacional. Saénz de Santamaría ha hablado de "intolerancia" y de falta de respeto con los catalanes que no son independentistas y les ha pedido que abandonen su posición y respeten la ley. "Convenzan a la mayoría y traigan una reforma de la Constitución", ha retado.

"No hay detenciones políticas", "respeten el trabajo de quienes defienden la democracia", "no acosen a las fuerzas de seguridad y jueces que ejercen su labor" y "decidan de qué lado están, del de la independencia judicial y el Estado de derecho o del de otros regímenes, que de eso saben mucho", son algunas de las expresiones que han utilizado los miembros del Gobierno en sus respuestas.

Frente a ellos, el diputado de ERC, Gabriel Rufián, ha asegurado que "Cataluña quiere recuperar el país que le robaron hace 80 años" y ha hablado de la "lucha de las naciones sin Estado". Una vez formulada su pregunta, los diputados independentistas han abandonado el Hemiciclo.

Carles Campuzano, diputado del PDeCAT, ha hablado de "política represiva", "discurso de odio" y "liquidación del autogobierno de Cataluña".

Unidos Podemos ha incidido en sus preguntas en lo que considera como excesos policiales y recortes de derechos y junto a los independentistas ha defendido que "el autogobierno de Cataluña ha sido intervenido de forma ilegal". La portavoz Irene Montero ha ligado la gestión del Gobienro en Cataluña con las conclusiones de la comisión de investigación que determinó la existencia de una policía política contra adversarios, para concluir que "hay una ofensiva antidemocrática en nombre de la ley. Sus propuestas son hostias como panes y bolas de goma. No cometan un error histórico". Todo ello en un clima de crispación, con gestos y gritos entre bancadas, especialmente de diputados del PP hacia los de Podemos.

Albert Rivera, líder de Ciudadanos, se ha referido también a la posibilidad de que se produzca una declaración unilateral de independencia y ha aprovechado para expresar su "apoyo sin fisuras" al Gobierno y a los "héroes" que, según ha dicho, hacen frente a un desafío que ha equiparado con el 23-F.

Para Mikel Lejarda, del PNV, la acción del Gobierno al asumir el mando de los Mossos es ilegal. El PNV es el teórico socio presupuestario del PP.