La Policía entierra la penúltima 'prueba' contra los acusados de matar a García Goena

La policía ha echado por tierra el penúltimo asidero al que se agarraba Laura Martín para acusar a los únicos sospechosos de asesinar a su marido, el objetor de conciencia Juan Carlos García Goena, el 24 de julio de 1987 en Hendaya (Francia). Un informe pericial elaborado por la Sección de Tecnología de la Comisaría General de Policía Científica ha concluido que la cámara de profesionales que fotografiaron al fallecido cuando este estaba aún con vida no tuvo que ser necesariamente la que sacó la imagen que supuestamente sirvió para marcar el objetivo a los mercenarios del GAL.

"No se puede determinar si los negativos aportados se hicieron con la cámara referenciada", establecen los funcionarios del denominado Grupo de Fotografía, que argumentan que hay "una gran cantidad de cámaras y modelos en el mercado que funcionan con este tipo de negativos" y que, por lo tanto, no hay "elementos específicos que puedan indicar si los negativos fueron o no impresionados por la cámara Ricoh modelo XR5000".

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El informe cierra así de modo contundente la línea de investigación que había planteado el abogado de la viuda de García Goena, Javier Gómez de Liaño, que el pasado junio también llevó ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata al decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del País Vasco, José Manuel Susperregui, con el fin de que explicara el informe pericial que había presentado en el juzgado central para tratar de demostrar que el fotógrafo acusado de proporcionar al GAL la imagen de García Goena, Francisco A. M., reveló otras instantáneas de la familia en su tienda Photos Patxi, de Hendaya, lo que únicamente vendría a probar, en cualquier caso, que ambos —fotógrafo y asesinado— tenían relación.

El testimonio de Susperregui, sin embargo, vino a ser puesto en duda por el propio instructor de la causa, que no paró de cuestionar el trabajo del decano de la Facultad de Ciencias Sociales. De la Mata criticó que el perito no pudiera explicar en qué se basaba para concluir que había sido el fotógrafo quien tomó aquellas fotos o qué argumento científico sostenía que fue García Goena quien llevó las imágenes a revelar. El juez incluso llegó a acusar al perito de hacer valoraciones gratuitas sin base lógica. Estas dudas sobre el testimonio del especialista, de hecho, son las que llevaron al magistrado a ordenar a la Policía Científica que se posicionara.

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La conclusión de los agentes de la Sección de Tecnología parece abocar esta lucha judicial de la viuda de García Goena a un nuevo callejón sin salida, tras 30 años de infructuosa lucha judicial, ya que, por ahora, no hay ningún indicio sólido que sostenga que el acusado marcó el objetivo y proporcionó datos al comando del GAL que asesinó al objetor de conciencia, línea de investigación que señaló el supuesto confidente que filtró al expolicía José Amedo la fotografía que presuntamente entregó Francisco A. M. a la banda terrorista, según reveló el diario 'El Mundo'.

Únicamente queda por explorar al Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional el testimonio de dos colaboradores del fotógrafo imputado que se encuentran en Francia. Gómez de Liaño solicitó en 2015, cuando aún era instructor Pablo Ruz, que el juzgado emitiera una comisión rogatoria para buscarles, pero el magistrado rechazó la diligencia al entender que no aportaría nada y que no merecía la pena gastar recursos en localizarlos, dado que tanto la acusación como el propio juez desconocían la identidad y la dirección de los fotógrafos. No en vano, Ruz decidió archivar el procedimiento por falta de pruebas ese mismo año con el respaldo del fiscal Pedro Rubira.

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Tanto Ruz como el representante del ministerio público tuvieron en cuenta el testimonio del guardia civil que estuvo destinado en Irún Benjamín A., quien negó tener idea alguna de la historia que había relatado Amedo sobre la implicación del ahora acusado, así como el informe de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, que también aseguró desconocer el asunto. Fue meses después, ya en 2016, cuando Gómez de Liaño presentó un nuevo escrito ante el Juzgado 5 en el que aseguraba conocer los nombres, los apellidos y el paradero de ambos profesionales de la imagen. Ante este nuevo dato, De la Mata, que acababa de sustituir a Ruz, volvió a reabrir la causa. La declaración de los dos fotógrafos —Serge M. y Michel L.— tendrá lugar en el Tribunal de Gran Instancia de Bayona, aunque aún no hay fecha prevista.

En 2016, Gómez de Liaño aseguró a un juzgado que conocía los nombres, los apellidos y el paradero de ambos profesionales de la imagen

La investigación del caso comenzó en 1989, dos años después del asesinato, con la creación del sumario 1/88 por parte de la Audiencia Nacional, que en ese momento puso el foco precisamente en el policía que ahora está aportando supuestas pruebas, Amedo, y su compañero en la guerra sucia de los GAL Míchel Domínguez. La sentencia de la Sala Tercera del tribunal dictada el 20 de septiembre de 1991, sin embargo, absolvió a ambos funcionarios por falta de pruebas, resolución que ratificó apenas seis meses después el Tribunal Supremo.

Unas declaraciones también de Amedo y Domínguez propiciaron la primera de las tres reaperturas del procedimiento en julio de 1995. El Juzgado 5 tomó declaración como imputados al ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán, al policía Ángel López Carrillo, al ex gobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga y al miembro de los GAL posteriormente reconvertido en yihadista Daniel Fernández Aceña, que trabajaba en la misma empresa que García Goena. Sin embargo, el entonces titular del juzgado, Baltasar Garzón, no observó asidero razonable en el que basar la instrucción tras escuchar a estos investigados, y decidió archivar la nueva vía de investigación el 21 de enero de 2003.

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La segunda reapertura, el 12 de julio de 2012, tuvo lugar tras la aparición de la mencionada foto realizada dos años antes del asesinato, que el acusado Francisco A. M. negó haber tomado y que derivó en el archivo decretado por el juez Ruz el 16 de marzo de 2015. La tercera, el 21 de enero de 2016, después de que Gómez de Liaño aportara la dirección de los dos fotógrafos. Su declaración será clave para determinar si realmente esta vía de investigación conduce a algún sitio o se cierra finalmente este interminable proceso judicial. Fuentes jurídicas aseguran, en cualquier caso, que los colaboradores del acusado y el propio imputado revelaban los negativos en Toulouse (Francia), con lo que las imágenes podrían haber pasado a otras manos desconocidas y cualquiera podría haberse quedado con una copia.

Esto último provocó la reapertura de la causa en 2012, aunque sin éxito para el fin de la investigación, ya que el juez Pablo Ruz, antecesor de De la Mata al frente del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, archivó el procedimiento por falta de pruebas en 2015.