Los jueces amenazan con ir a la huelga: la apertura del año más 'caliente'

El Tribunal Supremo acogerá este martes el solemne acto de apertura del año judicial en un ambiente que ha ido caldeándose en los últimos meses. Las cuatro asociaciones mayoritarias de la carrera han elevado el tono de sus reivindicaciones, centradas en tres puntales: independencia, modernización de la Justicia y la recuperación de las retribuciones que vieron recortadas en los años de la crisis. Algunas voces defienden ya pasar a la acción y reclaman que se convoque una huelga para forzar mejoras sustanciales que consideran urgentes.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), Jueces para la Democracia (JpD) y el Foro Judicial Independiente (FJI) acudirán a este evento anual porque creen que es su obligación, pero lo harán desde el "más profundo descontento". Fuentes de las cuatro asociaciones aseguran a El Confidencial que recurrir a los paros es una opción que mantienen como un "último recurso" pero que no descartan en absoluto. Ya en 2009 y después en 2013, los jueces fueron a la huelga, en la última ocasión acompañados de los fiscales.

La situación no ha mejorado en el tiempo transcurrido desde entonces. Los miembros de la carrera siguen abanderando las mismas reclamaciones que condensaron en 14 propuestas remitidas al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, antes del verano. En una acción coordinada más allá de colores políticos, elaboraron un documento "ineludible" para mejorar la Justicia. No obstante, y más allá de promesas "inconcretas", los jueces no ven avances y empiezan a perder la paciencia. La conservadora APM ha cerrado filas con el resto, aunque mantiene la esperanza de que la clase política reaccione a tiempo y evite que cuelguen la toga.

La primera de sus preocupaciones pasa por mejorar la independencia judicial en una acción centrada en el CGPJ, al que muchos critican por abanderar en su última etapa un "mandato desolador" que les ha retirado el amparo. Reclaman un profundo cambio en la elección de los vocales del órgano y el fin de un sistema que tachan de "presidencialista". La vuelta de la dedicación exclusiva de los vocales y el amparo efectivo de los miembros de la carrera judicial de los ataques contra su labor se suman a esta lista, más aún después del caso Juana Rivas, que ponen como ejemplo de la falta de defensa por parte de la institución. También solicitan más transparencia en los nombramientos de altos cargos judiciales, limitación de mandatos y mayoría cualificada en los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y presidentes de Tribunales Superiores de Justicia.

Respecto a la modernización de la administración de Justicia, exigen un plan de inversión, no solo suficiente sino que se mantenga en el tiempo. "Un plan decenal de inversiones prorrogable" y que se destine a incrementar el número de jueces, modernizar los edificios o avanzar en el uso de nuevas tecnologías. Como objetivo, lograr una "racionalización" de la planta judicial, en la que se supriman las figuras de "sustitución y refuerzo".

Otra de las prioridades es alcanzar ya una compatibilidad de los distintos sistemas de gestión procesal existentes en todo el territorio nacional, según la comunidad autónoma de que se trate, y dotar de medios materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción, con especial atención a los órganos de auxilio para los jueces y fiscales que trabajan en este campo.

Convocatoria de la Mesa de Retribuciones

Respecto a la situación salarial, la APM, JpD, AJFV y FJI solicitan que se convoque de forma inmediata la Mesa de Retribuciones para que se implementen mejoras salariales que sirvan para recuperar los recortes de los últimos siete años. También quieren rescatar el régimen de vacaciones y permisos de los que disfrutaban cuanto se recortó por ley orgánica en 2012. Ampliar el permiso de paternidad, implantación de unas cargas máximas de trabajo y adoptar medidas preventivas frente a los riesgos psicosociales son otras de las reivindicaciones.

Tras una reunión celebrada antes del verano, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció que trabajaría en colaboración con el Congreso de los Diputados para lograr avances en algunos de estos puntos. También se comprometió a reunir la Mesa de Retribuciones para estudiar incrementos de hasta un 10% en los sueldos.