El caso Ellacuría se queda sin acusados: la justicia salvadoreña 'libera' a los militares

La justicia de El Salvador ha dado un varapalo al juez Eloy Velasco, ex titular del Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional -donde instruyó los casos Púnica y Lezo- y actual miembro de la nueva Sala de Apelaciones del alto tribunal. La Corte Suprema de Justicia del país latinoamericano ha rechazado definitivamente la orden de detención que reclamó el magistrado español en enero de 2016 por segunda vez -antes de abandonar el Juzgado número 6- sobre los militares salvadoreños acusados de asesinar al misionero jesuita Ignacio Ellacuría, a otros cinco sacerdotes de la misma orden y a dos colaboradoras la noche del 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de San Salvador.

El alto tribunal salvadoreño entiende en una resolución firmada el pasado 21 de agosto que "las órdenes de captura giradas en contra de estos últimos -los mencionados militares- han perdido su eficacia dentro del territorio nacional, ya que, en virtud de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia en los tres casos idénticos en los que sí se materializaron las detenciones respectivas, carece de sentido práctico y jurídico que las autoridades policiales correspondientes continúen realizando capturas relacionadas con el presente caso". "La propia Corte Suprema de Justicia ya ha dictaminado que no resulta procedente la extradición", ha argumentado el organismo, que da así carpetazo a las pretensiones de Velasco de juzgar en España a los altos cargos del Ejército salvadoreño.

"No se advierte que exista una amenaza real o inminente de privación de libertad en contra de ninguno de los favorecidos como consecuencia de los actos que le impugnan, por lo que en el presente caso se configura un supuesto de ausencia de agravio que impide la terminación normal de este proceso, que debe finalizarse por medio de la figura del sobreseimiento", sentencia la corte de justicia para archivar un proceso que se había enquistado judicialmente.

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Los 13 militares salvadoreños que había reclamado Velasco quedan de este modo libres. Todos ellos se habían escondido cuando Velasco reiteró en enero de 2016 la orden de detención. A pesar de no haber sido detenidos, los 13 solicitaron un hábeas corpus con el fin de ser protegidos que, según la Corte Suprema salvadoreña es archivado en este momento al entender que no deben ser perseguidos en territorio nacional. Quedan de este modo libres para circular por el país la totalidad de los militares a los que el juez les acusa de estar detrás de la muerte de los jusuitas.

Los 13 militares salvadoreños que había reclamado Velasco quedan libres. Se habían escondido cuando Velasco reiteró en 2016 la orden de detención

Los altos mandos del Ejército -Juan Rafael Bustillo Toledo, Rafael Humberto Larios López (exministro de Defensa), Juan Orlando Zepeda Herrera, Carlos Mauricio Guzmán Aguilar, Francisco Elena Fuentes, Joaquín Arnoldo Cerna Flores, Óscar Alberto León Linares, Guillermo Alfredo Benavides Moreno, José Ricardo Espinoza Guerra, Tomár Zárpate Castillo, Gonzalo Guevara Cerritos, Óscar Mariano Amaya Grimaldy y Antonio Ramiro Ávalos Vargas- se libran así de ser extraditados a España en el marco del caso Ellacuría, que se queda huérfano de acusados a menos que alguno de ellos se entregara a la justicia española, extremo alto probable teniendo en cuenta la protección que todos ellos han reclamado a las autoridades salvadoreñas.

Velasco solicitó en agosto de 2011 la detención de los militares presuntamente implicados en la matanza de los jesuitas. Sin embargo, en ese momento la Corte Suprema se limitó a su localización al no terminar de ver conveniente su entrega. Una reconsideración posterior de su postura provocó que la Audiencia Nacional entendiera que la extradición podía autorizarse en el caso de que el Juzgado Central número 6 reiterara su reclamación, como así hizo el magistrado en enero de 2016, cuando admitió a trámite una solicitud de la Asociación Pro Derechos Humanos para insistir en la petición.

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El juez argumentó que todos los militares y altos cargos señalados incurrieron en delitos de asesinatos, terrorismo y crímenes de lesa humanidad por haber ideado y ejecutado la matanza. A entender del magistrado, que reclama para los acusados un total de 270 años de prisión, éstos aprovecharon un "contexto inicial de guerra" para culminar una "vulneración de derechos humanos" de carácter "xenófobo" que tuvo como único objetivo los jesuitas asesinatos.

A pesar de la repercusión mundial que tuvo el asesinato múltiple de Ellacuría y el resto de miembros de la congregación religiosa, el grueso del caso parece abocado de este modo al archivo. Por el asesinato tan solo fue condenado en enero de 1992 el coronel Benavides y el teniente Yussi Mendoza, ambos a 30 años de prisión. Los dos, sin embargo, fueron posteriormente liberados al beneficiarse de la Ley General de Amnistía que aprobó el Gobierno de El Salvador con el fin de liberar a los acusados por delitos cometidos durante la guerra civil que hubo en el país centroamericano de 1980 a 1992.

La mencionada impunidad fue la que provocó que la Asociación Pro Derechos Humanos y el Center For Justice and Accountability presentaran en noviembre de 2008 la querella en la Audiencia Nacional que provocó las órdenes de detención de Velasco y la mencionada decisión de archivo dictada por la Corte Suprema de Justicia salvadoreña. La querella fue dirigida por las dos mencionadas acusaciones contra el presidente del país durante la matanza, Alfredo Cristiani, el ministro Humberto Larios y los citados militares.