EL CONSEJO DE ESTADO RESPONSABILIZA A DEFENSA

Yak-42: las familias exigen la dimisión de Trillo y se preguntan quién pedirá perdón

Este órgano asesor reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado en la catástrofe ocurrida, que provocó un largo enfrentamiento en los tribunales

Foto: Fotografía de archivo tomada en Trabzon (Turquía), el 27 de mayo de 2003, del lugar del accidente del avión Yakolev 42. (Efe)
Fotografía de archivo tomada en Trabzon (Turquía), el 27 de mayo de 2003, del lugar del accidente del avión Yakolev 42. (Efe)

El Consejo de Estado ha responsabilizado por primera vez al Ministerio de Defensa del accidente del Yak-42, registrado en Turquía el 26 de mayo de 2003 y en el que murieron 62 militares españoles que regresaban de una misión en Afganistán en un avión Yakolev, según publica este lunes 'El País'. Ante ello, los familiares de los fallecidos, han reclamado al Gobierno que pida perdón y que el exministro de Defensa, Federico Trillo, sea cesado de su cargo de embajador del Reino Unido.

"Que pidan perdón y se cese a Trillo en la Embajada en Londres y los responsables que siguen en activo. Y que investiguen más", ha dicho a Europa Press el presidente de la Asociación de Familiares de Víctimas del Yak 42, Miguel Sencianes. Por ello, la asociación ha enviado un burofax a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, para que les reciba y pueda "escuchar a las familias", pero también para que les comunique cuál va a ser su posición tras el informe del Consejo de Estado.

El embajador de España en Londres, Federico Trillo. (EFE)
El embajador de España en Londres, Federico Trillo. (EFE)

El dictamen de este órgano asesor reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado en la catástrofe ocurrida, que provocó un largo enfrentamiento en los tribunales de justicia entre los familiares de las víctimas y Defensa que se dirimió en instancias civiles y penales. Para las familias de las víctimas del Yak 42, este dictamen del órgano consultivo del Gobierno supone un "bálsamo de luz" y "algo de esperanza" después de "casi 14 años de lucha buscando verdad y justicia".

"Hubo negligencia. La contratación del avión fue ilegal", ha afirmado Sencianes, quien ha insistido en que el Consejo de Estado ha confirmado lo que las familias de los militares fallecidos llevan diciendo más de una década. "No queremos dinero, queremos que se haga justicia. Alguien tiene que asumir las responsabilidades políticas", ha manifestado.

El documento se refiere a la existencia de "hechos" anteriores al siniestro que habrían permitido a la Administración ponderar el "especial riesgo" que concurría en el transporte contratado para el traslado de las tropas. "Dicho con otras palabras -señala el documento-, pudieron ser advertidas circunstancias que habrían llamado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría".

Los pilotos estaban agotados y estresados

El dictamen admite, como lo hizo la Audiencia Nacional al archivar definitivamente el procedimiento penal abierto contra seis mandos militares por un delito de imprudencia con resultado de muerte, que la causa del accidente fue el agotamiento y el estrés de los pilotos del Yak-42 y su falta de formación para afrontar situaciones como la que vivieron.

Familiares de los 62 fallecidos en el accidente del Yakolev-42 se reúnen para honrar a sus muertos. (Efe)
Familiares de los 62 fallecidos en el accidente del Yakolev-42 se reúnen para honrar a sus muertos. (Efe)

Sin embargo, frente a la tesis de que la responsabilidad del siniestro fue exclusivamente de la empresa contratada para la realización del vuelo, Namsa, el Consejo de Estado entiende que el procedimiento exigía al Estado la obligación de comprobar e inspeccionar la actividad de sus contratistas, y más en actividades de riesgo.

Tras casi 14 años del accidente más grave que han sufrido las Fuerzas Armadas españolas en tiempos de paz, los familiares han recibido compensaciones económicas por parte de la contratista alemana del aparato, Chapman Freeborn -6,2 millones de euros-; y de los tres militares condenados por los errores en las identificaciones -10.000 euros para cada familia afectada-.

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