Diez minutos bajo el agua del Tajo, una vida atada a la silla... y un general absuelto

Rubén G. F. aún no había cumplido 30 años, era fuerte y medía un metro noventa. Entre los miembros de su compañía de la Unidad Militar de Emergencias (UME), este cabo primero era conocido por su capacidad para nadar y permanecer debajo del agua durante largos periodos. Por su experiencia, y a falta de material para todos, el joven era de los que hacía los ejercicios de adiestramiento sin chaleco salvavidas para que lo portaran otros soldados con menos práctica. Así, a pecho descubierto, fue de hecho como se enfrentó aquel 16 de marzo de 2010 a las fuertes corrientes que azotan el Alto Tajo.

El día anterior, sus compañeros de la otra compañía de la UME hicieron el mismo ejercicio que Rubén se disponía a hacer aquella mañana. Cuatro soldados, entre los que destacaba un militar que había participado cuatro años antes en los Juegos Olímpicos de Atlanta, clavaron una línea de vida de un lado al otro del río. La fuerza de los rápidos requería de ese número de funcionarios para plantar la cuerda de seguridad. Las fuertes lluvias de ese año incrementaron considerablemente el caudal del torrente, como declaró ante el Tribunal Militar el propio alcalde de Ocentejo (Guadalajara), la localidad a la que pertenece el Hundido de Armallones, donde se realizaba el entrenamiento.

Sin embargo, aquella mañana fue diferente. El grupo accedió a la zona en vehículos todo terreno que los soldados aparcaron a 200 metros del río, exactamente igual que sus predecesores en la zona. Pero una vez en el lugar, el sargento jefe del pelotón permitió que Rubén tendiera la línea de vida sin ayuda, solo ante la corriente. Fue entonces cuando el cabo primero se colgó la cuerda al cuerpo y se lanzó a cumplir con un reto que le cambiaría la vida para siempre. Mientras cruzaba, la soga se enganchó a unas ramas y se llevó por delante al joven, que quedó hundido en el fondo de un caudal de casi dos metros de profundidad.

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El sargento y sus compañeros trataron de reaccionar lo más rápido posible, pero Rubén había quedado atrapado en una zona de difícil acceso. Como no tenía cuchillo ni chaleco salvavidas, que incorpora un sistema de desenganche, no pudo cortar la amarra. Varios soldados se lanzaron al agua para remontar el río y llegar a su altura, pero la corriente era tan fuerte que no podían avanzar y tuvieron que salir del agua para alcanzarle, como recordó la Fiscalía durante el juicio celebrado la semana pasada en el Tribunal Militar Central. Aun así, el cabo primero permaneció un periodo larguísimo sin poder respirar. Algunos cifraron en siete minutos el tiempo que estuvo bajo las gélidas aguas del Tajo, otros incluso en 12.

Sacaron el cuerpo del chico sin saber si seguía con vida o no, lo colocaron en el suelo y comenzaron una interminable media hora de ejercicios de reanimación. Los soldados se iban turnando para hacerle el boca a boca con el fin de darle el mayor número de probabilidades de recuperarse. No había ningún enfermero ni médico entre ellos, tampoco tenían ambulancia ni las mochilas de apoyo básico, que estaban en los vehículos. Tan solo contaban con su pericia y el curso de primeros auxilios a sus espaldas para afrontar esos momentos cruciales para un compañero. Al final lograron recuperarle el pulso, pero los daños cerebrales que sufrió el joven se tornaron irreparables.

Durante el juicio ante el Tribunal Militar Central quedó en evidencia que los apoyos sanitarios únicamente se usaban para los ejercicios de tiro y otros adiestramientos puntuales, pues se trata de un "bien escaso" en el Ejército. La acusación particular, ejercida por los padres del cabo primero y por su novia, criticó la ausencia de asistencia médica a pesar de que era obligada según la normativa. "La Unidad Militar de Emergencias está especializada en catástrofes y situaciones límite, pero aquel día se estaban entrenando, no hacían una intervención real; y no podemos exigirles que se jueguen la vida también en los entrenamientos", reprochó la representante legal de los progenitores de Rubén, Hilaria Camacho.

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Tampoco estaban avisados los hospitales civiles de la zona, a los que no llamó nadie hasta pasados 15 minutos desde que los compañeros sacaron al cabo primero del agua, cuando uno de los compañeros telefoneó al 112, descoordinación que la abogada Camacho achacó también a que en la zona no había cobertura y a la ausencia de plan de evacuación que establece, entre otros extremos, cuál es el papel de cada funcionario en un momento de emergencia como aquel. "Tuvo que ir un funcionario hasta donde estaban los coches aparcados para llamar por teléfono", aseguró la letrada. Cuando llegó el helicóptero del Servicio de Salud de Castilla La Mancha con un médico y un enfermero a bordo, sin embargo, tampoco cesaron las contradicciones.

El aparato no pudo aterrizar junto al cuerpo, sino en el lado contrario del río, lo que forzó a los militares a trasladar a Rubén hasta la otra orilla, lo que supuso otro tiempo precioso que a juicio de la acusación podía haberse ahorrado si hubiera habido enfermero en el ejercicio, ya que habría aclarado que no había problema en mover al muchacho. Los servicios sanitarios trasladaron por aire al cabo primero hasta el Hospital Universitario de Guadalajara más de una hora después de que se produjera el accidente, un tiempo que según la acusación podría haberse reducido a media hora de haber habido médico en el equipo.

Tanto la acusación particular como la Fiscalía entendían que los responsables del cúmulo de negligencias profesionales que facilitaron el accidente y evitaron una rápida reacción fueron el sargento -hoy brigada- jefe del pelotón José Luis D. N. y el entonces teniente coronel jefe del Primer Batallón de Torrejón de la UME, el hoy general de brigada Ricardo G. B. La acusación añadía que también era culpable el comandante jefe de la Sección de Operaciones de la Plana Mayor Vicente F., para quien el ministerio público decidió pedir la absolución durante las calificaciones finales.

La Fiscalía solicitó ocho meses de prisión para José Luis D. N. y diez para el general Ricardo G. B. La acusación por su parte reclamó los mismos ocho meses de privación de libertad para el primero, pero incrementó su petición hasta los tres años de cárcel para el segundo y otros tres para el comandante Vicente F. El Tribunal Militar Central, finalmente, atendió solo en parte las demandas de las acusaciones. El pasado jueves adelantó su fallo -que aún tiene que transformar en sentencia-, que absolvía al general y al comandante y condenaba únicamente al mando de menor graduación, el sargento, a tres meses de prisión por un delito de imprudencia simple contra la eficacia del servicio recogido en el artículo 77.2 del Código Penal Militar de 2015.

Casi siete años después de que el cuerpo de Rubén permaneciera más de siete minutos sumergido, hoy el chico es una persona plenamente dependiente. Apenas puede pronunciar palabras con claridad, olvida su nombre y tan solo reconoce puntualmente a su novia. Sus padres le trasladan cada día hasta un centro de rehabilitación pero su estado de salud no mejora, sino todo lo contrario. La sentencia sí reconoce que el Estado debe abonar 800.000 euros al joven, 30.000 a sus padres y 15.000 a su novia, cantidades que ni por asomo reconfortan a una familia que no considera acabado el recorrido judicial y que, según anuncia la abogada Camacho, recurrirá ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo la sentencia que exonera a los dos altos mandos.

La acusación les sigue considerando culpables de no haber cumplido la normativa al permitir la realización de un ejercicio "sin apoyo sanitario, sin plan de evacuación, sin haber informado a los servicios de salud de Guadalajara, en un lugar sin cobertura, sin chalecos salvavidas, sin cortacabos y sin botiquín".