La Policía canaria buscará niños robados e identificará a sus padres
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La Policía canaria buscará niños robados e identificará a sus padres

El Parlamento regional tramita la primera ley de víctimas de la desaparición infantil, que creará una unidad de investigación especializada al estilo de la que existe en Argentina

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Canarias tramita la primera ley sobre desaparición infantil.

El Cuerpo General de la Policía Canaria perseguirá a los sospechosos de haber robado niños y tratará de localizar casos de pequeños que fueron sustraídos de su hogar. Así lo contempla la pionera ley de medidas de búsqueda y reparación a niños robados y a sus familias que tramita actualmente el Parlamento regional por iniciativa del colectivo Sin Identidad y de la Asociación de Víctimas contra la Impunidad de las Desapariciones Infantiles (Avidna), que tienen grandes esperanzas en que su propuesta salga adelante y Canarias se convierta en la primera comunidad autónoma que cuente con una ley específica sobre este asunto.

La proposición de ley dedica un capítulo entero a la creación de una área específica dentro de la Policía regional para perseguir los delitos del robo de niños. Según fuentes cercanas a la iniciativa, en estos momentos se baraja que el departamento tenga entre cuatro y media docena de funcionarios dedicados a buscar menores robados. El Gobierno canario, por su parte, dotará de medios a la sección, que previsiblemente será creada bajo el nombre de Unidad Especial de Investigación de la Desaparición Forzada Infantil y Compra Venta de Seres Humanos en Canarias, y que dependerá directamente del jefe del Cuerpo General de la Policía canaria.

Este departamento, según la normativa que ya ha sido presentada en las consejerías de Justicia, de Seguridad y de Asuntos Sociales, "asistirá de modo directo los requerimientos de la Comisión Canaria por el Derecho a la Identidad [Cocadi]", que es el otro organismo que acuerda aprobar el borrador de la proposición de ley que tramita la Cámara autonómica, que prevé que la sección policial tenga capacidad para emprender investigaciones "por iniciativa propia", siempre que comunique sus resultados a las autoridades judiciales o a la Fiscalía.

La norma, que obliga a todas las entidades dependientes del Gobierno de Canarias a dar "carácter de urgente" a "los requerimientos que efectúe la unidad especial de investigación", habilita a la Policía regional a "acceder en forma directa a todos los archivos de los organismos dependientes de cualquier ente público o privado presente" en la comunidad autónoma, requerirles "informaciones, testimonios y documentos sobre la materia" que tengan en su poder, así como "emprender cualesquiera otras medidas de investigación policial que se puedan estimar convenientes, oportunas o necesarias para el esclarecimiento de cada caso".

Además de este departamento policial, la ley también contempla la creación de la mencionada Cocadi, adscrita a la Consejería de Justicia, que tramitará las reclamaciones sobre niños robados para remitirlas a la unidad especial de investigación. Además de impulsar la búsqueda de niños robados y de sus padres, la comisión hará "seguimiento de los trabajos" de localización de "víctimas de la desaparición forzada infantil y compra venta de seres humanos" que emprenda la Policía regional, "procurando determinar su paradero y auténtica identidad e informando del mismo a las familias biológicas".

A la búsqueda de la identidad genética

Cocadi también firmará un convenio con organismos internacionales con el fin de ayudar en la tarea de "averiguación y cotejo" de la "identidad genética" de quien lo desee. Entre estas instituciones con las que la comisión llegará a acuerdos, la propia ley concreta la Base Nacional de Datos Genéticos creada por Argentina en 1987. Según fuentes cercanas a la iniciativa parlamentaria, esta base de datos es la única que existe a nivel internacional, por lo que no hay actualmente mejor convenio de colaboración que una asociación con este organismo, que cuenta con 30 años de experiencia a sus espaldas.

La normativa promovida en Canarias está redactada a imagen de la que desarrolló Argentina, que también cuenta con un departamento policial especializado en la búsqueda de niños robados, con una comisión similar a la que plantea la proposición de ley de Sin Identidad y la mencionada base de datos. El borrador está siendo visto con buenos ojos por el Gobierno de las islas, donde —según estiman los promotores— existen unos 2000 casos de niños robados.

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