cae la red que defraudaba al seguro

Detenidas 65 personas en Murcia por estafar a aseguradoras con accidentes simulados

Después de un año en funcionamiento, cae la organización que convirtió en costumbre engañar al seguro en el municipio de Molina de Segura y alrededores

Foto: Imagen de un coche tras un accidente de tráfico. (EFE)
Imagen de un coche tras un accidente de tráfico. (EFE)

La Policía Nacional ha detenido en Murcia a 65 personas y han tomado declaración a otras 40 por estafar unos 300.000 euros a varias compañías aseguradoras con accidentes de tráfico simulados y certificados de asistencias médicas y de diagnóstico y rehabilitación inexistentes. En un comunicado, este cuerpo informa de que son 105 las personas imputadas en una trama en la que actuaban de forma concertada y continuada abogados, médicos, otros profesionales sanitarios, conductores y ocupantes de vehículos.

Se les acusa de delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal tras ser investigados desde hace más de un año, pues las pesquisas comenzaron en septiembre de 2015 a raíz de la información de un juzgado de instrucción de Murcia sobre un posible accidente simulado en una rotonda de esa ciudad.

Al solicitar a todas las aseguradoras que remitiesen toda la documentación relativa a este accidente y a otros en los que hubiera estado implicado el conductor y los ocupantes de ese vehículo, la Policía se encontró con que había expedientes de 22 casos en varias compañías. Iban acompañados de informes de empresas de detectives privados que los recogían detalladamente y con recreaciones en vídeo lo que supuestamente había ocurrido. En esos documentos quedaban probadas las incongruencias de los implicados.

En Murcia y Molina de Segura

Y acreditaban que los golpes de la organización estaban concentrados en los núcleos urbanos de Murcia y Molina de Segura; un caso del que ya se hizo eco este periódico y que convertía en costumbre popular defraudar al seguro. 

El 'modus operandi' era, sobre el papel, sencillo: ir con dos coches viejos o incluso ya golpeados a un polígono poco transitado, lejos de miradas curiosas, y hacerlos chocar entre sí. Después, simular diversas lesiones con la connivencia de un médico cómplice, que les proporcionaba supuestos partes falsos, y de un abogado que les “asesoraba”. Con la coartada de la lesión y la fachada del coche dañado, presentaban un parte al seguro y se llevaban una suculenta indemnización, que variaba en función del daño elegido desde los 3.500 a los 17.500 euros. Al vecino que le había tocado ser parte “culpable” de la fingida colisión, se le daría en otro momento la oportunidad de ser afectado. Así la red se extendió hasta llegar a los 400 partes periciales presuntamente fraudulentos.

Los cabecillas se llevaban el 50% por coordinar todo el proceso. “Rara es la persona que te cruzas que no te diga que le ofrecieron 500 euros por dar parte”, reconoce en una grabación uno de los miembros de la estafa en investigación. El caso ha afectado a numerosas aseguradoras, entre ellas a Línea Directa, que calcula en 300.000 euros el dinero defraudado solo a ellos. “Era una banda muy estructurada, tenían muy bien pensado el proceso”, explican fuentes de la empresa.

Las clínicas médicas y de fisioterapia, algunas propiedad de los abogados de la trama o con vínculos con alguno de ellos, eran las que ofrecían el servicio

El captador de la organización era el responsable de la búsqueda de personas que se encontraban en una situación económica precaria para ofrecerles ganar dinero, no en cantidades elevadas pero sí con facilidad. Los letrados daban cobertura legal al procedimiento de reclamación necesario para conseguir las indemnizaciones; solicitaban un tanto por ciento del futuro resarcimiento económico que percibiría la persona a la que representaban.

En ocasiones, se servían de segundos letrados para tramitar los expedientes de siniestros, con el fin de que sus nombres no figurasen en los mismos y así tratar de evitar sospechas por parte de las compañías aseguradoras, dificultando también una posible investigación. Por otro lado, las clínicas médicas y de fisioterapia, algunas propiedad de los abogados de la trama o con vínculos económicos y/o personales con alguno de ellos, eran las que ofrecían el servicio sanitario y la cobertura documental.

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