el fraude ascendería a 82 millones

Registran las sedes de Adif de Madrid y Barcelona por los sobrecostes del AVE

La investigación se centra en tres tramos cercanos a la estación de La Sagrera. La Fiscalía sospecha que varios funcionarios crearon una red para inflar facturas para generar sobrecostes millonarios

Foto: Fotografía de las obras en uno de los tramos cercanos a la estación del AVE de La Sagrera, en Barcelona (Efe)
Fotografía de las obras en uno de los tramos cercanos a la estación del AVE de La Sagrera, en Barcelona (Efe)

La Guardia Civil ha lanzado a primera hora de este martes una operación coordinada por la Fiscalía Anticorrupción contra una trama que habría defraudado al menos 82 millones de euros de fondos públicos en la construcción de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona. Los agentes han detenido a 14 personas entre las que se encuentran funcionarios de Adif, la empresa pública encargada de la gestión de la vía férrea, además de empleados de empresas privadas que colaboraron en el fraude y directivos de las compañías adjudicatarias de las obras, que se habrían beneficiado de certificaciones por obras inexistentes o realizadas con materiales de peor calidad que los que figuraban en los pliegos de condiciones de las licitaciones. Los investigadores también han realizado registrados en las oficinas de Adif en la capital y en la Ciudad Condal, así como varios domicilios particulares.

La empresa pública comprobó a mediados de 2014 la existencia de posibles actuaciones delictivas en las obras del AVE en Cataluña. En concreto, las irregularidades se habrían producido en la construcción de la plataforma de la línea de alta velocidad en el sector Sant Andreu del tramo La Sagrera-Nudo de la Trinidad (concedido en 2008 por 245 millones de euros a Corsán, Acciona y Copcisa), en la construcción de la estructura de la estación de La Sagrera (adjudicado en 2010 por 366 millones a una UTE integrada por Dragados, Acciona, Comsa y Acsa) y en la construcción de los accesos a la propia estación (otorgado en 2010 por 223 millones a Rubau, Copisa, FCC Construcción y Ferrovial Agromán).

La delimitación de las eventuales responsabilidades penales en el desarrollo de estas operaciones fue anunciada hace quince días por el secretario de Estado de Infraestructuras y antiguo presidente de Renfe, Julio Gómez-Pomar, en una visita a Barcelona. El número dos del Ministerio de Fomento denunció un presunto caso de corrupción relacionado con la certificación y cobro de obras por encima de lo realizado. Gómez-Pomar indicó que la Fiscalía llevaba trabajando más de un año en la investigación de los hechos como ahora se ha puesto de manifiesto con los registros de la Guardia Civil.

Registran las sedes de Adif de Madrid y Barcelona por los sobrecostes del AVE

Viajes a la nieve a cambio de favores

Como informó este periódico el pasado 8 de junio, lo que ha destapado todo el escándalo ha sido la investigación de la Guardia Civil sobre dos altos cargos de AdifJaime García Germán, que era gerente de infraestructuras, y Rafael Rodríguez Gutiérrez, exdirector de alta velocidad de la zona noreste, ambos imputados en dos causas: una que se tramita en un juzgado de Barcelona y otra en Alcalá de Henares (Madrid). Entre otras prebendas, estos altos cargos, quienes han sido relevados de sus funciones, presuntamente aceptaron viajes para esquiar que fueron pagados por un subcontratista que posteriormente denunció los hechos.

En los últimos meses, tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Barcelona han criticado que Adif haya adjudicado el proyecto de arquitectura interior y de instalaciones de la estación de La Sagrera a una empresa que había presentado la oferta económicamente más barata y la que recibió peor puntuación en sus parámetros técnicos.

La estación de La Sagrera, que debería estar acabada en el año 2020, se debe convertir en un intercambiador de las redes de metro, Cercanías, trenes regionales, AVE y líneas de autobús urbano e interurbano en Barcelona.

Obras en el interior de La Sagrera. (EFE)
Obras en el interior de La Sagrera. (EFE)

 

Operación Yogui

Sin embargo esta no es la primera vez que Adif es objeto de una investigación. En mayo de 2014 la Guardia Civil registró la sede de Adif en Barcelona después de una querella de la Fiscalía Anticorrupción que investigaba si los directivos de la contrastista Corsán llegaron a un acuerdo con altos funcionarios públicos de Adif que se encargaban de las obras para beneficiar económicamente a la sociedad en perjuicio de los fondos públicos. 

En esta operación fueron detendidas nueve personas, entre ellas dos directivos, es una investigación por sobrecostes y presunto desvío de fondos. Todas ellas fueron acusadas de alterar repetidamente las mediciones técnicas de los trabajos de las obras, falsear después las certificaciones oficiales de la obra ejecutada y camuflar el desvío en la certificación final para dar justificación aparente a más trabajos de los que realmente habían efectuado.

Cambios en Adif

Las pesquisas originales de Adif están vinculadas con hechos que datan del periodo 2008 a 2011, el llamado momento dulce de las infraestructuras ferroviarias, cuando se emprendieron multimillonarias obras de alta velocidad que a día de hoy están en gran parte paradas por falta de presupuesto. Esta situación ha provocado serias tensiones entra las grandes empresas constructoras y el Ministerio de Fomento, que se han traducido también con una serie de cambios en la cúpula ejecutiva de la propia empresa estatal, que en menos de un año y medio ha relevado dos veces al director general de Construcción y Explotación. 

El actual presidente de Adif, Gonzalo Ferre, ha intensificado también desde su nombramiento en 2013 un estricto control financiero en la compañía. Entre las medidas más llamativas adoptadas por el actual titular de la empresa figura la creación de un departamento interno de auditoría interna que hasta entonces era inexistente en una empresa que acumula deuda de casi 15.000 millones de euros. Ferre ha cambiado también de manera radical el sistema de licitación de obras para triplicar el peso de la oferta económica sobre la técnica en los concursos del AVE. Todo ello dentro de una estrategia orientada a evitar la discrecionalidad de las adjudicaciones que pueden inducir a situaciones como las que ahora han motivado la intervención de la Fiscalía Anticorrupción.

 

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