La Fiscalía pide más tiempo para investigar la desobediencia de Artur Mas el 9-N

La Fiscalía ha pedido más tiempo al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para investigar la causa del 9-N. En un escrito remitido el pasado 20 de mayo al alto tribunal, reclama que este declare la complejidad de la instrucción hasta el límite de los 18 meses, previsto en el apartado 2 del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Según el Ministerio Público, "está próximo a cumplirse el plazo máximo de seis meses previsto [por la mencionada norma]" y "previsiblemente" no dará tiempo a "concluir dentro del referido plazo ordinario".

Al ser una situación a la que se ha llegado de forma "claramente sobrevenida", los fiscales Emilio Sánchez Ulled y Francisco Bañeres Santos consideran que "se cumple lo previsto" por la Ley de Enjuiciamiento Criminal para justificar "una prórroga del plazo instructor", de ahí que reclamen el alargamiento del proceso de investigación, que ahora deberá ser ratificado o denegado por el tribunal.

En el mismo escrito, los representantes del Ministerio Público describen que "las actuaciones se han visto temporalmente paralizadas" debido al "avatar procesal" en que se ha instaurado la causa, derivado de la exposición razonada elevada al Tribunal Supremo para que este último decida si un aforado (Francesc Homs) "pudiera tener responsabilidad criminal por los hechos objeto de la investigación". "Las presentes actuaciones se hallan en una situación procesal no infrecuente, pero que sí adolece de cierta indefinición en cuanto a sus efectos", añade.

"Muestra de ello es, por ejemplo, que el instructor, con buen criterio, no ha dado por el momento respuesta a la petición de archivo formulada por las representaciones de los investigados, a la espera de la resolución que se dicte por el máximo órgano jurisdiccional en relación con el aforado y la tramitación conjunta o no con el resto de investigados", aseguran los fiscales.

El escrito del Ministerio Público fue presentado solo un día después de que el Tribunal Supremo acordara abrir una investigación contra el exconsejero de Presidencia y exportavoz del Gobierno catalán Francesc Homs -aforado por ser diputado en el Congreso-, en el marco de la causa de la consulta por delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, los mismos por los que el TSJC mantiene imputados a Artur Mas y a las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau.

La Sala Penal del alto tribunal español secundó el criterio de la Fiscalía y consideró que existen indicios para investigar la conducta del aforado en los actos de preparación de la polémica consulta popular del 9-N. Los magistrados del Supremo acordaron centrarse ellos en la investigación del aforado y mantener el resto de la instrucción en el tribunal catalán.

Dos meses antes, la Fiscalía había observado "sólidos indicios delictivos" en la actuación del expresidente catalán y de las dos exconsejeras, quienes -según indicó el Ministerio Público en un escrito en que se oponía al archivo de la causa solicitado por las defensas de Mas, Ortega y Rigau- "intensificaron" la preparación y ejecución de la consulta como "desafío" a la suspensión acordada previamente por el Tribunal Constitucional. Mas "desafió abierta y públicamente la suspensión" ordenada por la máxima instancia judicial española.

"Intencionadamente, y sin otro amparo que su mera voluntad, [Artur Mas] desatendió el mandato del Tribunal Constitucional e incumplió la obligación, que como convocante le atañía, de dejar sin efecto el acto de convocatoria y, consecuentemente, cursar las órdenes correspondientes para detener los procedimientos en curso", relataron los dos fiscales, que detallaron también que el expresidente estuvo "auxiliado directamente por destacados miembros de su Gobierno", como Ortega, Rigau y Homs.

En relación a este último, los fiscales indicaron que "irrazonablemente legitimó la continuación" de las tareas de preparación de la consulta encargadas por la Generalitat a la contratista T-Systems. "El 'conseller' no solo legitimó injustificadamente la continuación de los servicios, sino que advirtió implícitamente de las consecuencias de un eventual incumplimiento por la contratista», afirmaron los fiscales.