Anticorrupción pide abrir juicio contra 34 imputados en el caso Brugal por diez delitos

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la apertura de juicio oral contra 34 acusados en el caso Brugal. El Ministerio Público les imputa los delitos continuados de fraude, prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, extorsión, coacciones, asociación ilícita, delito electoral y revelación de secretos. Entre los 34 acusados destaca el empresario Ángel Fenoll, de quien la Fiscalía asegura que se "granjeó una red de colaboradores y amistades integrada por cuantas autoridades y funcionarios del Ayuntamiento de Orihuela pudieran favorecer sus intereses empresariales", y el alcalde de la localidad, José Manuel Medina (PP), que recibió "siete millones de pesetas en los meses finales del año 2000" a través de otro concejal.

"Merced a esta maniobra, el expediente de contratación (referido a la licitación del servicio de recogida de basura que se había adjudicado la empresa de Fenoll) permaneció paralizado para posibilitar que pudiera ser declarado desierto, en beneficio de las aspiraciones empresariales de Ángel Fenoll, contando con la pasividad del alcalde", explica Anticorrupción. "Mediante Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 8 de julio de 2005 -continúa la Fiscalía- se declaró desierto el concurso del año 2000 y se aprobaron los pliegos de condiciones del nuevo concurso de contratación".

El Ministerio Público añade que Fenoll se distanció del alcalde y comenzó a "favorecer los intereses y expectativas políticas de Mónica Lorente Ranón", concejal del mismo partido de Medina que aspiraba a quitarle el puesto y también acusada en Brugal. Entre septiembre de 2005 y marzo de 2006, Fenoll grabó las conversaciones que mantuvo con otro edil, esta vez del partido Unión de Centro Liberal, Jesús Ferrández Peñalver (otro de los acusados), con quien pactó que se le adjudicara el concurso o que quedara desierto. El empresario, explica la Fiscalía, "entregó a Ferrández Peñalver una cantidad indeterminada de dinero como pago por los servicios que el concejal se comprometía a hacer en defensa de los intereses del empresario oriolano".

Según Anticorrupción, Fenoll intervino en la precampaña y en la campaña electoral de los comicios autonómicos y municipales de mayo de 2007 a favor del PP de Orihuela y del Partido Social Demócrata de la ciudad "realizando aportaciones dinerarias y adquiriendo importantes partidas de material de propaganda (...) fuera de los cauces legalmente previstos". El mismo día de las elecciones, además, Fenoll dirigió actuaciones concretas encaminadas a la captación de votos a favor del PP utilizando a los también acusados Pedro Joaquín Meseguer, Ginés Sánchez Larrosa y José Manuel Cutillas Conesa.

El PP ganó por mayoría absoluta y cuatro meses después, ya con el nuevo Ejecutivo municipal -presidido esta vez por Lorente-, la Junta de Gobierno Local aprobó el pago de "varias facturas a favor de las empresas Colsur y Proambbiente, controladas por Fenoll", por importe de 1,9 millones de euros, "compensadas por el apoyo económico que había realizado en las elecciones de mayo" a favor de la candidatura de la actual alcaldesa.

"Entre septiembre de 2007 y marzo de 2008, Fenoll desplegó una actividad dirigida a asegurarse la ilícita adjudicación del nuevo contrato del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria de Orihuela, siguiendo la táctica de utilizar la influencia que ejercía sobre distintas autoridades municipales para que le facilitaran información sensible sobre el nuevo pliego antes de su publiación", explica Anticorrupción, que añade que el pliego se redactó "a conveniencia" del empresario, quien "adquirió y usó empresas interpuestas dirigidas por testaferros a fin de presentarlas al concurso en unión temporal de empresas (UTE)".

Según el Ministerio Público, Fenoll incluso utilizó a su hijo, Antonio Ángel Fenoll Campillo, para adquirir las mencionadas mercantiles con las que luego se presentó al concurso e influir en la elaboración del pliego de condiciones "para recibir orientación sobre la forma de redactar la oferta (...), para que se adecuara a los criterios de valoración que los correspondientes técnicos designados seguirían".

La Fiscalía acusa a los entonces concejales del Ayuntamiento de Orihuela Manuel Abadía Martínez, Ginés Sánchez Larrosa y Antonio Rodríguez Murcia como "principales autoridades municipales que en este periodo" actuaron como "auténticos colaboradores al servicio de los intereses de Fenoll". El entramado de empresas del principal acusado ganó el concurso en septiembre de 2008 tras obtener la máxima puntuación como consecuencia de la "información privilegiada" de la que disponía gracias a su "red de influencias".

"La definitiva perpetración del fraude contra el Ayuntamiento no hubiera sido posible sin la esencial participación que tuvo en los hechos Lorente, dado que cuando se plantearon problemas que determinaban la imposibilidad de realizar el servicio, no dudó, a petición del empresario, en autorizar el retraso para que la ute que éste controlaba dispusiera de las condiciones mínimas para, al menos en apariencia, realizar la presentación pública", explica el Ministerio Público.