El Supremo procesa al senador Goioaga por formar parte del 'frente de cárceles' de ETA

El magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo Miguel Colmenero ha dictado auto de procesamiento contra el senador de Bildu Iñaki Goioaga Llano por delito de integración o colaboración en organización terrorista. Colmenero aprecia indicios de que formaba parte del grupo de abogados que contribuía a mantener a los presos de ETA bajo la disciplina y la estructura de la banda. El miembro de la Cámara Alta se enfrenta a una pena de hasta seis años de cárcel e inhabilitación para empleo o cargo público, lo que supondría su expulsión del Senado.

El instructor del caso considera que Goioaga tenía una "participación activa" en las visitas a las cárceles, donde actuaba supuestamente como correo entre los presos y la organización, según un comunicado del alto tribunal. De un lado, transmitía las consignas de ETA al colectivo de presos. De otro, recibía las inquietudes y las posiciones y mensajes que estos querían transmitir a la cúpula de la organización. Con ello, según Colmenero, "contribuía a mantener a los presos en el marco ideológico, bajo la disciplina y en la estructura de ETA".

El auto, además, impone medidas cautelares al senador procesado. El magistrado acuerda la libertad provisional de Goioaga pero le obliga a comparecer cada 15 días en el juzgado de guarcia más cercano a su domicilio. Además, le prohíbe salir de España y ordena la retirada de su pasaporte. El representante de Bildu tendrá que abonar además 6.000 euros de fianza de responsabilidad civil para hacer frente a las indemnizaciones que se deriven de sus posibles delitos.

El magistrado de la Sala de lo Penal relata que, en el marco del llamado 'frente de cárceles' de ETA, “se ha desarrollado una estructura de carácter permanente dirigida a prestar continuadamente a los presos relacionados con ETA distintas clases de asistencia, tales como jurídica, médica o sanitaria, social y económica, etcétera". Esa asistencia se prestaría "siempre bajo las directrices de ETA, que se transmiten a través de distintos órganos".

Dentro de esa estructura se conforma un grupo de abogados que funciona a través, al menos, de dos cooperativas de Abogados, una con sede en Hernani y otra en Bilbao. Los letrados “atienden a aquellos presos y bajo la apariencia de asistencia jurídica, que también les prestan, les transmiten consignas procedentes de la dirección de ETA, con la finalidad de mantener su cohesión como integrantes de la banda y presentar hacia el exterior, especialmente frente al Gobierno democrático de España, una posición común, excluyendo iniciativas, actitudes y reivindicaciones individuales, no solo en cuestiones estrictamente jurídicas relativas a su situación penal y penitenciaria, en las que se impone a los presos prescindir de sus intereses individuales, sino también en asuntos de índole política, o político-penitenciaria, con la pretensión final consistente en que la presencia de ETA en el planteamiento y posible solución de esas cuestiones, que la organización terrorista considera pendientes, deba ser tenida en cuenta”.

El auto subraya que cuando alguno de los presos decide públicamente desvincularse de la organización terrorista la asistencia prestada por el grupo de abogados cesa en todos sus aspectos por orden de la dirección de ETA. En ese sentido, “no constan visitas de los letrados integrados en ese grupo de abogados al centro penitenciario de Nanclares de Oca (Álava), donde se encuentran los presos de ETA que han abandonado la disciplina de la organización terrorista”.