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El Supremo acusa a Bankia de engañar a los pequeños inversores con su salida a Bolsa
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la oferta reflejaba información falsa

El Supremo acusa a Bankia de engañar a los pequeños inversores con su salida a Bolsa

Las primeras sentencias que validan causas civiles contra la entidad afirman que los accionistas "se hicieron una idea equivocada de su solvencia" y tienen derecho a que les devuelvan su dinero

Foto: Manifestación contra Bankia. (EFE)
Manifestación contra Bankia. (EFE)

La salida a Bolsa de Bankia fue un engaño. Un ardid que sirvió para llevar al error a multitud de pequeños accionistas que, guiados por el personal de la entidad en el que tenían especial confianza, accedieron engañados a comprar los valores de una sociedad que, en realidad, ocultaba pérdidas millonarias. Así lo manifiesta la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en dos sentencias por las que obliga a la entidad a devolver el dinero a cuatro pequeños inversores que se sintieron estafados. "Lo determinante es que los adquirentes de las acciones ofertadas por el banco se hacen una representación equivocada de la solvencia de la entidad", aseguran los magistrados.

Las resoluciones, cuyo fallo se hizo público la semana pasada, asestan un duro varapalo a Bankia, a la que señala como autora de la desinformación. La Sala recuerda que como se trataba de la salida a Bolsa de una entidad que hasta ese momento no cotizaba, el único modo por el que los pequeños inversores pudieron valorar la solvencia de la entidad fue el folleto de la oferta de adquisición. Pero, según los magistrados, "resulta que dicho documento contenía información económica y financiera que poco tiempo después se revela gravemente inexacta por la propia reformulación de las cuentas de la entidad emisora y por su patente situación de falta de solvencia".

Esos pequeños inversores, continúa una de las sentencias, "se hacen una representación equivocada de la solvencia de la entidad y, consecuentemente, de la posible rentabilidad de su inversión, y se encuentran con que realmente han adquirido valores de una entidad al borde de la insolvencia, con unas pérdidas multimillonarias no confesadas (al contrario, se afirmaba la existencia de beneficios) y que tiene que recurrir a la inyección de una elevadísima cantidad de dinero público para su subsistencia". En total, el rescate de Bankia ascendió a 24.000 millones de euros.

Bankia reclamó al Supremo que paralizara todas las causas civiles sobre compra de acciones entabladas contra ella hasta que se resuelva la investigación

Los magistrados recuerdan además que el objetivo de la inversión de estos pequeños inversores no era otro que obtener beneficios a través del dividendo, por lo que la comunicación pública contenida en el folleto de unos beneficios millonarios "resultó determinante en la captación y prestación del consentimiento". Por todas esas razones, el error en que cayeron los pequeños accionistas, les permitiría recuperar lo que pagaron.

Las resoluciones recuerda cómo los pequeños inversores, en sus demandas, aseguraron que compraron los valores confiados en que Bankia era una empresa solvente que iba a repartir beneficios, "por lo que resulta obvio que si hubieran sabido que el valor real de unas acciones que estaban comprando a 375 euros era apenas un 1% del precio desembolsado, no habría comprado en ningún caso".

Los magistrados hacen una distinción entre los pequeños inversores, clientes de las distintas cajas que conformaron Bankia, y cuya relación con la entidad se basaba en la confianza, y los grandes inversores o inversores institucionales, que hubieran podido tener acceso a otro tipo de información complementaria que no fuera la del folleto de la oferta.

Y mandan un recadito a la CNMV: "La información [contenida en el folleto de la oferta] está confeccionada por el emisor con un proceso de autorización del folleto y por ende de viabilidad de la oferta pública asegurado por un organismo público", dicen en referencia al supervisor. Esa supervisión del folleto generó "confianza y seguridad jurídica en el pequeño inversor".

En uno de sus recursos, Bankia reclamaba al Supremo que paralizara todas las causas civiles sobre compra de acciones entabladas contra ella hasta que se resuelva la investigación penal contra la entidad que se sigue el juez Fernando Andreu, titular del Juzgado Central 4 de la Audiencia Nacional. Pero el Supremo lo deniega argumentando que, en los procesos civiles contra ella, "no se discute si los administradores de Bankia incurrieron en una conducta delictiva de falseamiento de los datos incluidos en el folleto, sino si esos datos, por su inexactitud, provocaron el error de los demandantes" al adquirir las acciones.

"Aunque la decisión del tribunal penal fuera absolutoria, ello no determinaría la desestimación de las pretensiones formuladas en este proceso civil, pues no relevaría al tribunal civil de aplicar, conforme a los criterios y principios que rigen el enjuiciamiento de las cuestiones civiles, las normas contables y las del mercado de valores", señalan los magistrados.

Y añaden: "Los demandantes tienen derecho a una tutela judicial efectiva que excluye la existencia de dilaciones indebidas, y procesos penales como el que se sigue contra los administradores de Bankia han de tener inevitablemente una duración considerable por la complejidad de las cuestiones que en ellos se enjuician". Es decir, que los pequeños inversores deben tener una respuesta rápida a sus reclamaciones sin esperar a que se pronuncie la Audiencia Nacional.

La salida a Bolsa de Bankia fue un engaño. Un ardid que sirvió para llevar al error a multitud de pequeños accionistas que, guiados por el personal de la entidad en el que tenían especial confianza, accedieron engañados a comprar los valores de una sociedad que, en realidad, ocultaba pérdidas millonarias. Así lo manifiesta la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en dos sentencias por las que obliga a la entidad a devolver el dinero a cuatro pequeños inversores que se sintieron estafados. "Lo determinante es que los adquirentes de las acciones ofertadas por el banco se hacen una representación equivocada de la solvencia de la entidad", aseguran los magistrados.

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