Greenpeace insiste en la ilegalidad del Algarrobico ante el inminente fallo del TS

Greenpeace ha comenzado su campaña para blindar una eventual declaración de ilegalidad del hotel almeriense del Algarrobico. Y lo hace de cara a un próximo pronunciamiento del Tribunal Supremo para resolver el galimatías judicial en el que se ha visto envuelto este caso, que el propio magistrado Rafael Fernández Valverde anunció que sería resulto en septiembre.

Para ello, han elaborado un informe sobre el historial del grupo Azata, la promotora inmobiliaria que desde 1975 ha abarcado numerosos proyectos inmobiliarios en zonas exclusivas de Andalucía y Madrid. Uno de ellos es el del hotel del paraje de El Algarrobico (Carboneras, Almería), a pie de mar y en pleno Parque Natural de Gabo de Gata. Un emblemático caso de la burbuja inmobiliaria aún por resolver.

Atascado en los tribunales

La próxima decisión del alto tribunal se plasmará en al menos tres sentencias, después de un vaivén judicial entre el propio Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que en un fallo del pasado año llegó a declarar que el suelo sobre el que se levanta la construcción era urbanizable, lo que ha sido recurrido por Greenpeace.

“Para que (la constructora) Azata consiga que el hotel sea legal tiene que ganar todos los pleitos pendientes: los (dos derechos) de retracto (de la Junta de Andalucía) y el de que los terrenos son urbanizables (derivado de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 2014)”, ha explicado en un encuentro informativo el abogado de organizaciones ecologistas José Ignacio Domínguez.

Y es que tanto si el Supremo declara urbanizables los terrenos pero atribuye a la Junta de Andalucía la titularidad del espacio como si considera que no se puede urbanizar en ellos, el proyecto quedaría paralizado del todo. Además, recuerda Domínguez, hay un total de 24 pronunciamientos enunciados en nueve años que acreditan su ilegalidad.

En caso de que la Justicia resuelva reactivar la construcción del hotel, paralizada en 2006, sólo afectará a la parte trasera de la emblemática mole, argumenta Domínguez. Y es que, los ecologistas dan por ilegal el levantamiento de las primeras 14 plantas frontales, de las 21 construidas, porque se ubican a tan sólo 14 metros de la orilla del mar y dentro del espacio de 100 metros en el que prohíbe construir la Ley de Costas.

“Si no existiera la Ley de Costas, tanto la antigua como la nueva, no tendríamos ninguna esperanza”, agrega la responsable de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos. Además, si se autorizara la continuación de la obra se ampliaría el impacto medioambiental del hotel en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, en el que está ubicado el edificio, pues todavía habría que levantar una explanada como aparcamiento y snedas instalaciones de agua y electricidad. Por eso, la mejor salida según Marcos es la demolición. De acuerdo con los cálculos de Greenpeace, la deconstrucción emplearía a 400 personas y permitiría reciclar el 98% de los materiales.

Ocho proyectos de Azata

Según Greenpeace, el grupo Azata con el empresario José Domingo Rodríguez Losada al frente tiene otros ocho proyectos que vulneran leyes medioambientales y urbanísticas y que han nacido de negocios con personajes involucrados en tramas de corrupción como Astapa, Malaya y Gürtel.

Entre estos casos cita un plan para construir el centro comercial más grande de España en La Lobilla (Estepona, Málaga) que tuvo que ser modificado para evitar que se levantara sobre una zona protegida. El alcalde firmante en 2005, el socialista Antonio Barrientos, llegó a ser encarcelado por el caso Astapa. También menciona el plan frustrado que pretendía construir en Boadilla del Monte (Madrid) un total de 219 chalés de lujo que exigían la previ tala de 1.500 encinas centenarias.

Con esta información, disponible en su informe “Desmontando El Algarrobico”, la organización ecologista busca crear una movilización alrededor de la empresa que está detrás de la mole en Cabo de Gata, justo cuando en la Audiencia Nacional se tramita un recurso de responsabilidad patrimonial por el que Azata pide 70 millones de euros a la Junta de Andalucía, a la Administración del Estado y al Ayuntamiento de Carboneras en concepto de indemnización por daños y perjucios.