El Algarrobico espera veredicto final tras una década de batalla judicial

Ahí sigue. En pie. Desafiante metros después de que un cartel dé la bienvenida al Parque Natural de Cabo de Gata. Hace nueve años que por primera vez un juzgado de Almería ordenó parar el hotel del Algarrobico tras una denuncia de Salvemos Mojácar. Desde aquella paralización cautelar de 2006 la mole de cemento sobrevive impertérrita a la batalla judicial que los ecologistas, las administraciones y la constructora Azata han librado durante una década. Las 21 plantas y 411 habitaciones se tiñeron de negro para proclamar “Hotel ilegal” y sobre ellas ahora ondea una banderola amarilla que se pregunta respecto a su demolición “¿A qué esperan?”.

El Tribunal Supremo tiene en su mano el veredicto final para un edificio que se ha convertido en símbolo de destrucción del litoral y que nació en los años del boom del ladrillo a la entrada del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (Almería). La sentencia definitiva está al caer. El Alto Tribunal avanzó que será en septiembre cuando dé a conocer cuatro fallos, producto de recursos cruzados de todas las partes implicadas, que determinará por fin si el suelo sobre el que se levantó el hotel es urbanizable, si la licencia urbanística era legal y si la Junta de Andalucía tiene opción de quedarse con un suelo en el que en 2006 ejerció el derecho de retracto. Dos de estas sentencias estaban listas en junio pero el Supremo decidió reunir y dar a conocer a la vez todos los fallos pendientes.

La batalla en los tribunales dio un giro inesperado hace un año, a punto de demolerse. Hay más de 21 resoluciones judiciales y algunas son contradictorias

Hace algo más de un año, en 2014, cuando se daba por hecho que la piqueta estaba a punto de entrar a demoler el hotel, la batalla judicial dio un giro inesperado. Hay más de 21 resoluciones judiciales y algunas son contradictorias. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictaminó por primera vez, en contra de otro fallo emitido por el mismo órgano judicial dos años antes, en 2012, que el suelo sobre el que se levantó el hotel era urbanizable. Contradecía también al Supremo y a la Audiencia Nacional. Además, contra otra sentencia anterior, el mismo TSJA validó la licencia urbanística concedida por el Ayuntamiento de Carboneras y que se declaró en un 99% exenta de pago por decisión del consistorio.

La calificación del suelo o los planes de protección diseñados por la Junta de Andalucía para el parque natural dejan a las claras los vaivenes de la administración andaluza sobre el terreno protegido. Si en 1994 el suelo se consideraba no urbanizable en el famoso PORN (Plan de Ordenación de Recursos Naturales), en 1997 se alteraron los lindes del parque sin expediente alguno, se publicaron nuevos planos y ese terreno se convirtió en urbanizable. En 2008 la Consejería de Medio Ambiente volvió a alterar la protección del terreno para declarar la zona como “área degradada”. Un caos administrativo que ha conducido a una eterna batalla judicial a la que ahora el Supremo tendrá que poner punto y final.

Nueva campaña de movilización

Pilar Marcos, responsable de Costas de Greenpeace, una de las organizaciones más activas contra el hotel, a la que la constructora Azata reclama 224.000 euros por los supuestos daños de sus protestas, prepara una nueva campaña de movilización que arrancará el 1 de septiembre a las puertas de que el Supremo decida. Ese día, la organización ecologista contraatacará con nuevos datos que, según avanzan, complicarán el deseo de la constructora de recibir una cuantiosa indemnización o incluso de llegar a abrir el hotel. Si el Supremo decide que el hotel es ilegal habrá poco que discutir, señalan los ecologistas.

Para protegerse de una resolución en contra, Marcos advierte de que digan lo que digan los jueces la construcción es ilegal porque se salta la Ley de Costas de 1988 que prohibía construir a cien metros del litoral. Las vallas del hotel y las piscinas están a apenas 14 metros de la orilla. Esa norma, defienden, se impone a cualquier planificación urbanística hecha por el ayuntamiento o la Junta. Pese a la modificación de la ley, en 2013, que desprotegió buena parte de la franja costera, el hotel seguiría siendo ilegal, sostiene Marcos.

Jaime del Val, de Salvemos Mojácar, uno de los precursores contra el hotel del Algarrobico y el primero que cosechó un éxito judicial contra el edificio, advierte de que se tardará todavía “muchos años” en ver la demolición del hotel por más que las sentencias del Supremo “estén al caer”. Contra lo que diga el Supremo solo cabe acudir al Tribunal de Estrasburgo, lo que los ecologistas no descartan. También hay decisiones pendientes en el Constitucional. Del Val no se cree ni por asomo el compromiso de demolición de la Junta de Andalucía, verbalizado ya por tres presidentes, Manuel Chaves, José Antonio Griñán y ahora Susana Díaz.

“La Junta está mintiendo sistemáticamente”, asegura, “en los tribunales intenta legalizar el hotel y luego a la opinión pública le dice otra cosa”. “Todas las partes implicadas harán lo posible por tratar de demorar el derribo”, añade, para recordar que desde los municipios de la zona todos los partidos han defendido la apertura del complejo hotelero como una medida de reactivación económica. Desde Greenpeace, Marcos coincide en que el Gobierno andaluz en realidad trata de cubrir sus decisiones administrativas. No obstante, ambos son optimistas respecto al fallo final que debe desvelar el Supremo.

Jueces bajo el punto de mira y fricciones internas

Las últimas decisiones sobre el Algarrobico han estado en manos de la sala primera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucíay han enmendado los fallos de la sección tercera del mismo órgano. Ese cambio de sala resultó muy sospechoso para los ecologistas. El último magistrado que avaló la legalidad del hotel, Rafael Toledano, ha estado en el punto de mira de los activistas. Ecologistas en Acción llevó al juez ante la Fiscalía por un presunto delito de prevaricación que fue archivado y donde advertían de que el juez era “familia de constructores” con intereses en la zona. Sí que han surtido efecto varios escritos remitidos al Consejo General del Poder Judicial y al propio presidente del Supremo, Carlos Lesmes, en contra de la petición de Toledano de incorporarse al Alto Tribunal antes de que éste fallara sobre el Algarrobico. “El intento de Toledano de incorporarse al Supremo fue abortado gracias a los numerosos escritos y cartas enviadas a Lesmes”, subraya Del Val.

La Junta de Andalucía recibió el último varapalo del TSJA hace pocos meses, en junio. El alto tribunal andaluz denegó el derecho al auxilio judicial reclamado por el Gobierno andaluz para ejercer el derecho de retracto sobre el suelo del hotely poder entrar en los terrenos. La sentencia señaló la “temeridad” del Gobierno autonómico por esta reivindicación sobre un suelo que en 2006 decretó de titularidad pública.

También denegó la petición de que se señalara una cuenta bancaria para abonar a la constructora el precio tasado, 2,3 millones de euros. En 2011, Junta y Gobierno llegaron a firmar un protocolo que repartía las tareas y los costes de la demolición, tasado en siete millones de euros. Quedaban pocos meses para las elecciones y ambas administraciones sabían que era papel mojado. Ahora le toca al Supremo poner el punto y final a lo que se ha convertido en la cronología de un disparate, la peor cara de la voracidad del ladrillo en la costa en connivencia con los políticos, con el plus de la lentitud de la justicia y un auténtico galimatías legal.