Forestales, sindicatos, oposición y ecologistas, unidos contra la Ley de Montes

Propietarios de terrenos, ingenieros de montesy alcaldes, a favor. Agentes medioambientales,técnicos forestales,sindicatos, oposición (PSOE, IU, Podemos, UPyD, Equo, Pacma)y organizaciones ecologistas, en contra. La modificación de la Ley de Montesimpulsada por el ya exministro Miguel Arias Cañete ha conseguido dividir en dos bandos a todas las partes interesadas delsector forestal español. El consensoparece difícil a corto plazo.

Los cambiosque se pretenden aprobar afectan a lasactividades económicas que se desarrollan enmás de la mitad de la superficie de España. Un terreno, el de los montes y bosques españoles, al que le quedan aspectos por mejorar, especialmente en materia de conservación y mantenimiento.El texto presentado este mes en el Congreso de los Diputados poco tiene que ver con el que se sometióa debate público el año pasado, y supone un antes y un después enla independencia de los agentes medioambientales, el futuro de los terrenos afectados por incendios, la tramitación de laslicencias de caza y la falta de impulso a los planes de gestión sostenible de los bosques. Precisamente los cuatro caballos de batalla que enfrentan a vigilantes y vigilados. El Confidencialha recopilado los distintos puntos de vista.

Luis Díaz, presidente de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (Aeafma): en contra

La modificación de la ley, "otra ocurrencia más del Partido Popular", es, por encima de todo, "el mayor atentado que hatenido el cuerpo deagentes medioambientales en los últimos 140 años", afirmaDíaz. El texto planea subordinar a este colectivo de 6.500 funcionariosa las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado–presumiblemente al Seprona de la Guardia Civil– y rebajarlos a la categoría de 'auxiliares'. Este hechoimpedirá que los agentes investiguen delitos medioambientales, lo que a juicio del presidente de Aeafma, es "atarnos de pies y manos".

"Lucharemos sin cuartel en unidad de acción para que no salga adelante esta ley, que va contra los ciudadanos, contra elpatrimonio medioambiental y contra un colectivo de funcionarios de 140 años de historia", adelanta Díaz. El presidente de Aeafma recuerda que la sala coordinadora de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estadofelicita año tras año lalabor como policía judicial del colectivo[vea el documento aquí]. Sin embargo, "parece que somos molestos para el Gobierno".

Santiago Arévalo, presidente de la Red Española de Municipios Forestales: a favor

El también alcalde de Enguera (Valencia) considera "positivaen general" la propuesta de cambio legislativo, "aunque podría haber sido mucho mejor la ley en lo relativo a la titularidad de los terrenos"–dice– y destacalos cambios burocráticos en la gestión forestal, ya que, a su juicio, simplifican mucho "el papeleo". La creación de empresas mixtas entre el empresariado forestal y los propietarios de montes –las llamadas sociedades forestales– supone además desbloquear el abandono del bosque.

Por otro lado, que con la ley vigente existala prohibición de un cambio de uso del terreno en los 30 años posteriores a un incendio es "un agravio",asegura,para los municipios."Somos personas adultas, y los que vivimos en el mundo rural estamos cansados de este tipo de tutelas; no puede ser que una ley cercene el derecho al desarrollo de un municipio", dice. En ese sentido, cree provechosa para los intereses municipales la polémica medida de levantar el veto a construir en terrenos que han sido afectados por el fuego, una iniciativa que aprobó el Ministerio de Agricultura de la socialista Cristina Narbona con el objetivo de desincentivar los incendios "especulativos".

Rubén Paz,secretario del sindicato profesional de Agentes Medioambientales de UGT

Este agente forestal afirma que "siempre hemos tenido problemas con la clase política en general porque hacemos nuestro trabajo y denunciamos a quien debemos, normalmente a grandes fortunas, y respecto a la variación de la categoría laboral de su colectivono entiende"cómoun cuerpo de funcionarios civil, capacitado y en mayor número, debe subordinarse a un cuerpo decarácter militar" [en referencia al Seprona]. "Se puede dar la paradoja de que yo llegue, vea un delito y me tenga que estar de brazos cruzados hasta que vengaun policía o guardia civil, y entretanto el infractor ha escapado".

Retamos a Ministra Tejerina a debatir públicamente su "reforma"con Agentes Forestales/Medioambientales.#StopLeyMontesPP@magramagob

Paz considera que "el PP tiene bien claro que los forestales estorbamos", y pone de ejemplo que el ministro Gallardón "se dejó en el tintero el cambio de la Ley de Enjuiciamiento Criminalpara quitarnos la función de policía judicial. Afortunadamente, el tiempo no les ha dejado". Y al margen de los problemas de los agentes medioambientales, que ven peligrar su independencia de acción, Paz se pregunta: "¿Acasoha habido algún clamor social por cambiar la ley de montes vigente? ¿No chirría un poco que se quiera cambiar sin que haya habido una demanda por partede la sociedad?"

Luis Fernández Villanueva, presidente de la Asociación de Propietarios Rurales para la Gestión Cinegética y Conservación del Medio Ambiente (Aproca): a favor

Tampoco entre las asociaciones que representan los intereses de los cazadores se ponen de acuerdo a la hora de evaluar este cambio de ley. A diferencia de la postura de la Real Federación de Caza, que felicitó al Gobierno por la aprobación del anteproyecto, la Unión Nacional de Asociaciones de Caza (UNAC) y la Oficina Nacional de la Caza se han mostrado más críticas. YAproca, que reconoce que este Gobierno es el primero en escucharlas demandas del sector cinegético,ve positiva la creación de una Estrategia Nacional de Gestión Cinegéticayel establecimiento de una licencia única de caza,ya que con la normativa actual, en la cual un cazador debe solicitar una licencia distinta por cada comunidad autónoma, es "un caos legislativo".

Respecto a los planes de gestión, la asociación de propietarios de fincas ruralesdefiende que"no siempre es posible desarrollarlos" ya que, "si la Administración quiere trabajar en gestión forestal, antes tiene que poner dinero".

Raúl de la Calle,secretario general delColegio de Ingenieros Técnicos Forestales: en contra

De la Calle subraya cuatro elementos negativos que "olvida" el anteproyecto de ley: ni se reconoce el papel que juegan los montes a la hora de fijar y retener el CO2 emitido por los humanos, ni se promueve el uso de la biomasa como fuente de energía 'verde' –"una oportunidad perdida para explotar un recurso nuestro,generar empleo local y evitar la despoblación", critica–, ni se insiste en la obligación de crear planesde gestión forestal, punto clavepara evitar el abandono del bosque –"esta nueva ley daráa los propietarios nada menos que 25 años más de plazo para lanzar su plan de gestión", recuerda–.

El secretario general insiste en el hecho de que su Colegiolleva demandando desde hace años al Ejecutivo quedeterminados documentos técnicos sean redactados por expertos titulados (por ingenieros de montes). "Es una demanda que el Partido Popular hizo suya en 2006, cuando estaba en la oposición, y nos sorprende mucho que ahoraque el partidoestáen el gobiernono se haya recuperado esademanda nuestra".

Francisco Cabezos,secretario de Medio Ambiente y Salud Laboral de CCOO: en contra

"Esta ley debería estar enfocada a la producción y mantenimiento de los montes, ypunto. Pero desgraciadamente se ha hecho famosa por asuntos que nada tienen que ver", como la caza, la especulación y el "poner una mordaza a un colectivo histórico de funcionarios". A juicio del representante sindical, "los cambios introducidos por este Gobierno se están convirtiendo en el Día de la Marmota de los agentes".

En 2006, recuerda, el PP ya intentó "que se nos quitara la facultad de policía judicial" para investigar delitos. Al año siguiente, la Comunidad de Madrid intentó impedir "que pudiéramos entrar en fincas y montes privados, pero no lo consiguió. Y es que no se dan cuenta de que los montes, sean de la titularidad que sean, están sujetos a la vigilancia de la Administración Pública: el bien público está siempre por encimadel bien privado", distingue.

Pilar Lucio, secretaria de Sostenibilidad del PSOE: en contra

El partidoque aprobó la norma vigente tampoco coincide con los planteamientos de Tejerina."Toda la legislación aprobada en esta legislatura va en detrimento de la protección medioambiental: Ley de Costas, Ley de Parques Nacionales y ahora esto. Parece que estas leyes están hechas para satisfacer las necesidades de una minoría muy minoritaria de la sociedad. Tenemos pensado solicitar una enmienda de devolución ya que no estamos de acuerdo en absoluto con este cambio de ley".

Juan López de Uralde, portavoz deEquo: en contra

"Con esta ley, se vuelve a abrir la puertaa los incendios especulativos. Además, la no obligatoriedad de contar con planes de gestión de montesva a provocar todavía más abandono y, en consecuencia, un aumento de los incendios.La filosofía general de estoscambioses entender el monte como negocio, y nosotros no nos oponemos a esta ideasiempre que el monte sea sostenible en el largo plazo. De forma prácticamente desapercibida, el Partido Popular ha desmontado las políticas medioambientales desarrolladas desde la Transición".