REFORMA DE LA ley de enjuiciamiento criminal

El CGPJ duda del "encaje constitucional" de los pinchazos telefónicos sin una orden

El informe elaborado por el CGPJ ve “serias dudas de encaje constitucional” en la propuesta de que se pueda intervenir las comunicaciones sin autorización judicial

Foto: El ministro de Justicia, Rafael Catalá. (EFE)
El ministro de Justicia, Rafael Catalá. (EFE)

El informe elaborado por tres vocales del Consejo General del Poder Judicial ve “serias dudas de encaje constitucional” en la propuesta del nuevo texto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de que se pueda intervenir las comunicaciones sin autorización judicial.

Esta reforma es la primera que propone Rafael Catalá desde que fue nombrado ministro de Justicia y desde que salió el primer texto ya hubo voces críticas de la carrera judicial sobre que la Policía pueda realizar pinchazos telefónicos sin la autorización de un juez.

El informe, que se debatirá en pleno el próximo día 12 y que ha sido redactado por los vocales Juan Manuel Fernández, Fernando Grande-Marlaska y Rafael Mozo, explica que la autorización judicial previa a la que se refiere en la reforma ya viene recogido en la Constitución y sólo se refiere a la suspensión del derecho al secreto de las comunicaciones en los casos de bandas armadas o terrorismo.

El texto remitido por el Gobierno prevé que, “en caso de urgencia” y para investigar delitos cometidos por organizaciones criminales, de terrorismo, contra menores u otros de especial gravedad, la intervención de las comunicaciones podrá ser ordenada por el ministro del Interior o por el secretario de Estado de Seguridad y comunicada en un plazo máximo de 24 horas al juez, que deberá validar o anular la medida en 72 horas.

Aun así, en líneas general, el informe da el visto bueno a la reforma propuesta por el Ministerio de Justicia. Señala como positivo el hecho de que se regule por primera vez la utilización de SMS y otros datos electrónicos en las investigaciones. El texto propuesto por el Gobierno “ha de ser necesariamente positivo”, ya que es el resultado “de una concepción ágil y moderna de la justicia penal”, se muestra garante de los derechos fundamentales que han de ser respetados en el proceso penal “y se presenta como el baluarte de una futura y completa, al tiempo que inaplazable, regulación de la justicia penal que responda a las exigencias de la sociedad actual”, asegura el informe.

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