La udef investiga el caso

Cómo hundir una empresa: un juez destapa la corrupción de los concursos de acreedores

Una sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante ha destapado las prácticas corruptas de una supuesta red delictiva que opera en concursos de acreedores de empresas

Foto: Sede del Grupo Inmobiliario Luxender, en el Paseo de la Castellana (G. Street View)
Sede del Grupo Inmobiliario Luxender, en el Paseo de la Castellana (G. Street View)

Una sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante ha destapado las prácticas corruptas de una supuesta red delictiva que opera en concursos de acreedores de empresas en quiebra. El auto, fechado el pasado día 3, aparta a los administradores concursales José Luis Ramos Fortea y Abraham García Gascón por "deslealtad" y "falta de imparcialidad" en el concurso del Grupo Inmobiliario Luxender, al que han arrastrado al límite de la liquidación por autorizar el pago de facturas falsas, consentir el cobro de cheques manipulados y fijar honorarios desorbitados para sus propios peritos.

La sentencia, a la que ha tenido acceso El Confidencial, ya está en poder de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, que desde hace varios meses investiga una presunta trama corrupta formada por abogados, economistas, peritos y administradores concursales, que actúa supuestamente en connivencia con jueces de lo mercantil. Las pesquisas se iniciaron a raíz de la denuncia presentada en octubre de 2013 por Antonio García, presidente de la promotora Luxender, que a finales de 2008, ahogada por la crisis del ladrillo, solicitó la declaración de concurso voluntario de acreedores.

La investigación de la UDEF se centró, inicialmente, en la supuesta red corrupta urdida en torno al concurso de Luxender, de la que presuntamente forman parte, además de Ramos Fortea y García Gascón, los administradores concursales Iván Cristóbal, José Antonio Doménech, Fernando Polanco, Jorge Pastor y José Luis Silvestre, junto al perito Pablo García Llorens y los abogados Javier Oñate y Enrique Naveros. Todos ellos mantienen entre sí estrechos vínculos profesionales dentro del corporativo circuito de los concursos de acreedores, y cuentan con despachos en Madrid, Valencia, Alicante y Murcia.

La UDEF, sin embargo, ha ampliado el radio de sus pesquisas a decenas de concursos de acreedores en los que han intervenido los mismos administradores concursales de Luxender, al sospechar que la presunta red corrupta podría haber seguido idéntico modus operandi en empresas quebradas de toda España, según fuentes cercanas a la investigación consultadas por este diario.

De los cerca de 10.000 procedimientos concursales que hubo en España en 2013, 395 correspondieron a sociedades con un activo superior a 10 millones de euros. Éstas son las piezas más codiciadas del circuito, ya que la retribución de los administradores concursales está en función de los activos de la empresa en quiebra: a mayores activos, mayores honorarios. De ahí que aquéllos cortejen habitualmente a jueces de lo mercantil con conferencias muy bien remuneradas en congresos sobre derecho concursal, que generalmente se celebran en hoteles de lujo y en régimen de gratis total, a cambio de la adjudicación de los concursos más jugosos.

De los cerca de 10.000 procedimientos concursales que hubo en España en 2013, 395 correspondieron a sociedades con un activo superior a 10 millones de euros. Éstas son las piezas más codiciadas del circuitoLa sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante repasa de forma detallada las corruptelas e irregularidades presuntamente cometidas por Ramos Fortea y García Gascón, dos de los administradores concursales más activos del circuito. Ambos autorizaron pagos de 222.919 euros a su socio Iván Cristóbal por unos supuestos trabajos de auditoría nunca realizados; falsearon el informe concursal al afirmar que Cristóbal realizó la auditoría contable de Luxender correspondiente a los ejercicios de 2008 y 2009, y maniobraron para incrementar de forma irregular los honorarios de su socio a 381.401 euros.

Ramos Fortea y García Gascón avalaron, además, el pago de 220.820 euros al perito García Llorens, también presuntamente vinculado a la trama, que éste trató de justificar mediante facturas falsas emitidas por sociedades fantasma. Los dos administradores concursales también se apropiaron, presuntamente, de un cheque de 294.212 euros contra una cuenta de Luxender en Caixa Galicia, cantidad que fue sustraída de la masa activa del concurso. El talón, cuyas firmas fueron falsificadas, se ingresó en una cuenta del despacho de abogados Orfila Cinco, cuya conexión con la red corrupta investiga la UDEF.

Los tres magistrados que firman la sentencia -Enrique García Chamón, Luis Antonio Soler y María Teresa Serra- resaltan que Ramos Fortea y García Gascón actuaron de forma "absolutamente reprochable", vulneraron repetidamente "el deber de lealtad del administradior concursal para con el interés del concurso" y quebrantaron el artículo 37 de la Ley Concursal, que "se constituye en la cláusula general anticorrupción de nuestra legislación concursal". 

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