Sáenz de Santamaría asegura que convocar la consulta independentista es "un error"

La reacción del Gobierno de España al desafío secesionista de Artur Mas no se ha hecho esperar. Dos horas después de que el Diario Oficial de la Generalitat publicase la Ley de Consultas aprobada por el Parlament y de que Mas rubricase en público y ante las cámaras de televisión el decreto de convocatoria de la consulta del 9-N, comparecía la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, para precisar cuáles serán los movimientos del Ejecutivo y valorar el reto independentista.

"El Gobierno ya dijo (en referencia a diciembre de 2013) que ese referéndum no se iba a celebrar porque es inconstitucional. El Gobierno ya le ha recordado a Artur Mas que ningún gobierno puede ceder o transigir ante lo que es voluntad de todos los ciudadanos. Sin Ley no hay democracia y nadie está por encima de la voluntad soberana de los españoles".

Sáenz de Santamartía mencionó que los recursos que va a presentar el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional es para proteger a todos los españoles. "Hemos pedido informe al Consejo de Estado. Después (cuando este órgano se pronuncie)se reunirá el Consejo de Ministros para que se puedan presentar los recursos correspondientes" ante el Tribunal Constitucional contra la ley de consultas catalana y contra el decreto de convocatoria. Para Sáenz, la obligación del Gobierno es "velar para que la ley se cumpla, que es tanto como velar por la pervivencia de la democracia".

Además, Sáenz de Santamaría aseguró que la decisión de Artur Mas de oficializar la Ley de Consultas y firmar el decreto para la celebración del referéndum es "un error" y ha lamentado "profundamente" la maniobra del presidentque, ha dicho, "fractura a la sociedad catalana y les aleja de Europa. Ddivide a los catalanes, les aleja de Europa y del sentir de los tiempos".

A preguntas de los periodistas, la vicepresidenta indicó que Cataluña siempre ha encontrado y tenido diálogo con el Gobierno de España, pero que no es posible acordar asuntos que están al margen de las normas vigentes.

Sáenz de Santamaría dijo que la suspensión que decrete el Constitucional es "automática" y que lo acordado por la Generalitat y Artur Mas "deja de tener efecto y no se puede seguir ejecutando. Eso es lo que ha sucedido siempre con las decisiones del Tribunal Constitucional".

El Consejo de Estado dictaminará mañana los recursos

El Consejo de Estado reunirá mañana, domingo, su Comisión Permanente para aprobar el dictamen de los dos recursos que el Gobierno piensa interponer ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la ley de consultas catalana y el decreto de convocatoria de la consulta soberanista del 9 de noviembre. Fuentes de esta institución han informado de que la reunión de la Comisión Permanente tendrá lugar a lo largo de la tarde de mañana domingo.

Las mismas fuentes han indicado que la sección primera del Consejo de Estado -dirigida por Landelino Lavilla y a la que corresponde el estudio y la redacción de los dictámenes- ha comenzado a trabajar ya sobre ellos. El criterio del Consejo de Estado sobre la ley de consultas está "muy avanzado", explicaron las fuentes de esta institución, que añadieron que ahora hay que analizar el decreto de convocatoria de la consulta soberanista.

El Gobierno ha iniciado esta mañana los trámites. Así, ha remitido al Consejo, a través del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, la petición de los dictámenes y ha fijado una urgencia de 48 horas, lo que permitirá al Consejo de Ministros disponer de ellos en la reunión extraordinaria que celebrará el próximo lunes, día 29, para acordar la presentación de los recursos. Será la Abogacía del Estado quien los presente ante el Tribunal Constitucional.

Una vez que el Gobierno haya presentado el recurso en el TC, esta institución deberá decidir cuándo convoca un pleno extraordinario para debatirlo, ya que no hay ninguno ordinario previsto para la próxima semana. El presidente del TC tiene entre sus atribuciones la convocatoria del pleno, según establece el artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

También el Reglamento de la institución recoge, en su artículo 4, que el presidente convocará el pleno por propia iniciativa y cuando lo pidan, al menos, tres magistrados. La convocatoria del pleno se hará con tres días de antelación, salvo que, a juicio del presidente, "la urgencia del caso no permita cumplir ese plazo", según la normativa.