El juez procesa al 'frente jurídico de ETA' por integración en organización terrorista

El juez de la Audiencia Nacional,Javier Gómez Bermúdez, procesa por integración en organización terrorista a siete responsables del llamado frente jurídico de ETA, entre ellos los abogados Arantza Zulueta -procesada también por depósito de armas y explosivos- Jon Emparantza, Iker Sarriegui así como David Pla, Julen Zelarain, José Domingo Auzpurua y Naia Zurriarain.

El magistrado procesa a otras tres personas por colaboración con banda armada. En un auto, Gómez Bermúdez explica que tras la investigación judicial se ha llegado a la conclusión de que existe base para proceder contra todas estas personas. Después de contextualizar todos los frentes de ETA, el juez sitúa a Halboka ("rompiendo las paredes pronto los luchadores a la calle") como una estructura plenamente integrada en ETA, " que se dedica principalmente a la gestión de todo lo relacionado con los presos y expresos de ETA”.

Los abogados, con Arantza Zulueta como responsable, fomentaban la sujeción y sumisión de los presos a la banda terrorista, controlándoles mediante visitas de forma que conocían el estado de ánimo y se lo hacían llegar a la dirección así como las circulares de ETA a los presos y los boletines internos de los presos a la dirección.

Los reos, tras su detención escribían informes sobre lo que habían contado en sus declaraciones policiales, así como los errores cometidos que habían facilitado su detención. Esos informes se entregaban a los abogados procesados que a su vez los hacían llegar a la cúpula de ETA.

Los responsables de Halboka también elaboraban, según explica el juez, información sobre objetivos o auxiliaban para recaudar el llamado " impuesto revolucionario". El juez se centra especialmente en el papel ejercido por Arantza Zulueta -actualmente en prisión-, a la que atribuye la mediación directa de uno de esos pagos del impuesto revolucionario. Además, según el magistrado, la dirección de ETA le encargó también un informe sobre la seguridad de la sede de la Audiencia Nacional y le encargó la creación de un " servicio de inteligencia" por todos los pueblos del País Vasco para obtener datos sobre empresarios a los que pedir el impuesto.

El delito de depósito de armas se le imputa por el pen drive incautado en su despacho. En ese dispositivo, encontrado junto a un cuadro de la pared había imágenes sobre la ubicación geográfica de tres zulos con armas y explosivos que finalmente fueron localizados en el sur de Francia. El juez les cita el 23 de julio para comunicarles el procesamiento.